El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, imputado en el caso ‘Púnica’, ha solicitado autorización al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para desplazarse durante tres días a Guinea Ecuatorial para asesorar al Gobierno en un «proyecto cinematográfico» de promoción turística del país africano.
Fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que el magistrado ha solicitado a Victoria que detalle el objeto de este desplazamiento que reclama antes de decidir si lo autoriza o no.
Según indica en un escrito, Victoria, contra el que pesa la prohibición de abandonar España, pide desplazarse a Guinea el próximo jueves y regresar el sábado «para el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos profesionales».
Recuerda que desempeña ahora su labor en la empresa Activate 2 y reclama autorización judicial con «carácter urgente». Agrega que ha sido «expresamente» llamado por el Gobierno que dirige Teodoro Obiang y sólo él puede «única y exclusivamente» asistir al acto.
Victoria ha aportado una carta fechada en Malabo el pasado 5 de mayo y firmada por el director general de Centros Culturales y Cines en el que se explica que el Ejecutivo guineano está desarrollando acciones «con el fin de fomentar el sector turístico y expandir la cultura» con el objetivo de mejorar su proyección internacional.
ASISTENCIA PROFESIONAL
La misiva detalla que durante la próxima semana tendrá lugar el primer rodaje cinematográfico por parte de una productora internacional con la que se ha suscrito un acuerdo. «Estaremos muy interesados en su presencia durante los próximos 12 y 13 de mayo para asistirnos profesionalmente», añade.
Victoria dimitió de todos sus cargos en la Comunidad de Madrid el pasado 4 de junio. El juez considera que dispensó un «trato de favor» al empresario Alejandro de Pedro, uno de los ‘conseguidores’ de contratos de la trama presuntamente liderada por el exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, y ordenó al menos cinco pagos en negro para remunerar sus trabajos de reputación ‘on line’ para altos cargos.
El juez cree que Victoria habría adjudicado a las empresas de De Pedro contratos de influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos, así como contratos de publicidad que se otorgaron de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos. (EP)
