Jesús Arturo Martínez Iglesias, exsubdirector de la oficina principal de la entonces Novacaixagalicia en Santiago (ahora Abanca), ha aceptado seis años de prisión por apropiarse indebidamente de 5,6 millones de euros de cuentas de sus clientes, tras llegar la acusación y la defensa a un acuerdo de conformidad.
Según la sentencia dictada, el exdirectivo bancario llegó a apropiarse de un total de 5,6 millones de euros, obtenidos de cuentas de doce particulares, una cuenta de la Xunta de Galicia y otra de la Universidad de Santiago, para saldar, con el dinero sustraído, deudas y gastos de una empresa de fabricación de muebles de cocina con la que tenía una vinculación.
Los hechos se produjeron desde el año 2005 hasta finales del 2011, momento en el que el acusado se jubiló. En ese tiempo, se apoderó de un total de 4.300.000 euros de una cuenta del Gobierno autonómico, casi 260.000 euros de otra cuenta de la USC y cerca de 455.000 de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), así como de cantidades que oscilan entre los 20.000 y los 70.000 euros de cuentas privadas.
El reconocimiento de los hechos por parte del acusado -de falsedad en documento público y apropiación indebida continuada- ha supuesto la apreciación de facto de una circunstancia atenuante a la lógica -lo que hace que la pena se imponga en su grado mínimo-, por lo que la fiscalía ha rebajado la condena a seis años de cárcel, pese a pedir en un principio que fuera de nueve.
El abogado de la defensa, José Mariano Sierra, ha declarado a la salida del Juzgado de Instrucción, que se trata de una sentencia «satisfactoria en términos técnicos procesales» teniendo en cuenta que las acusaciones reclamaban entre nueve y doce años. Es «la condena más baja» que procede para los delitos cometidos, ha remarcado.
Sierra ha añadido que su cliente «está arrepentido porque comprende la ilicitud de los actos que ha llevado a cabo» y ha dicho que no era consciente, en el momento de cometerlos, de la «magnitud» que podrían llegar a alcanzar.
NO HAY RASTRO DEL DINERO
En cuanto a los fondos detraídos, su abogado ha explicado a los medios de comunicación que entregó a Abanca unos 250.000 euros procedentes de su vivienda y sus ahorros a modo de «dación en pago«, pues lo detraído fue para intentar salvar su empresa de fabricación de muebles de cocina, y que acabó cerrando a causa de la crisis inmobiliaria.
«Parece ser que las cuentas de dicha empresa recibían la mayor parte de ese dinero, destinado a pagar los gastos corrientes», ha agregado, tras señalar que la prueba de que no tiene esas cantidades es que él está destinado por el turno de oficio. «Quiere decir que no se le encontraron bienes a su nombre ni patrimonio alguno», ha incidido, antes de subrayar: «Rastro del dinero no hay ninguno; en las investigaciones no se encontró«. (CONFILEGAL/EP)
