El juicio del caso Nóos encara su recta final. El tribunal encargado de juzgar a sus 17 acusados practicará esta semana las últimas pruebas periciales previstas mientras que el viernes dará inicio a la fase de conclusiones, en la que deberán estar obligatoriamente presentes tanto la Infanta Cristina como el resto de inculpados que se sientan en el banquillo.
La vista oral se reanudará así el martes, jornada en la que continuarán las periciales, que se prevé que finalicen el día siguiente con la comparecencia de varios agentes de la Policía Nacional. El día 9 -jueves- se dará inicio previsiblemente a la prueba documental -si finalmente la fase de periciales hubiera terminado-.
Ya el viernes, está previsto que arranque la fase de conclusiones, en la que las acusaciones deberán anunciar si mantienen o modifican sus peticiones para cada uno de los inculpados.
Por su parte, el día 14 será cuando las defensas den a conocer sus conclusiones -también deberán acudir los acusados-.
El tribunal ha fijado el 15 para el trámite de informes, en el que no será necesario que estén presentes los procesados. Dependiendo de la duración de estos últimos, se dará paso al turno de la última palabra y, tras ello, el juicio quedará visto para sentencia -previsiblemente antes del 30 de junio-.
Junto a la Infanta y su marido, Iñaki Urdangarin, también se encuentran acusados el exsocio de éste, Diego Torres, el expresidente del Govern Jaume Matas, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, la mujer de Torres y otros numerosos exaltos cargos de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para catorce de los acusados, 19 y medio de ellos para el marido de la Infanta y 16 y medio para Torres, a raíz del presunto desvío de 6,2 millones de euros públicos de los que se habrían apoderado ambos exsocios a través de una compleja maraña de empresas ficticias con el Instituto Nóos como epicentro de la trama.
Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI se enfrenta a una petición de ocho años de prisión como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, una solicitud que formula el sindicato Manos Limpias, única acusación del proceso que ejerce acciones penales contra Cristina de Borbón.
La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles ‘pantalla’ que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio. (EP)
