La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), que los pasados 2 y 3 de junio celebró su 31 Congreso en Valladolid bajo el lema “Nuevos tiempos, nuevas propuestas. Derechos, libertades y garantías”, elegió un nuevo Secretariado y un nuevo portavoz: Ignacio González Vega, magistrado del Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
La directiva de JpD está formada por Mar Serna Calvo, titular del Juzgado de lo Social 23 de Barcelona, Javier Martínez Derqui, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 7 de Madrid, Begoña López Anguita, magistrada del Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Henares, Madrid, Francisco Javier Menéndez Estébanez, presidente Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Amaya Olivas Díaz, del Juzgado de lo Social 12 de Barcelona, Juan Antonio Lozano López, magistrado de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería, Helena Gil Esteve, Juzgado de Instrucción 3 de Granollers, Barcelona, y Julio Martínez Zahonero, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Avilés, Asturias.
PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA
Uno de los principales objetivos del Secretariado de JpD para este mandato que acaba de comenzar es la consecución de un Pacto de Estado por la Justicia. En línea con lo acordado el pasado mes de diciembre con la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente.
Al margen de los vaivenes e intereses políticos, JpD considera imprescindible un gran acuerdo en el que participen todos los grupos políticos con representación parlamentaria, los distintos colectivos profesionales de la Justicia, los sindicatos y la sociedad civil.
El nuevo Secretariado, asimismo, apuesta de forma decidida por la Justicia como servicio público, reclamando una mayor inversión en medios personales y materiales, y por la defensa de la independencia judicial, con una posición crítica a la labor del Consejo General del Poder Judicial.
Figura también la reivindicación de unas adecuadas condiciones profesionales para los jueces y juezas, empezando por recuperar las recortadas en los últimos años.
PROPUESTAS APROBADAS
Por otra parte, entre las propuestas aprobadas en el Congreso recién celebrado se encuentran, en el ámbito civil, la intensificación legislativa, institucional y social para la protección de consumidores, autónomos, PyMES, respecto de acreedores bancarios y otros con las que no existe una igualdad de negociación real.
En el ámbito penal, la revisión y/o derogación de la llamada “Ley Mordaza” y de la última reforma del Código Penal, así como la aprobación urgente de una ley de procedimiento penal que simplifique los procedimientos e incida sobre las garantías procesales de los intervinientes en el proceso penal.
En el ámbito laboral, regular el despido como potestad excepcional del rompimiento unilateral del contrato, la intervención administrativa en los despidos colectivos y recuperar el convenio colectivo de ámbito sectorial o superior como eje de la regulación de la concreción del contrato de trabajo, en especial del contrato a tiempo parcial.
En materia de igualdad, la reforma de la legislación administrativa que posibilite la formación básica en género dentro del curriculum escolar.
Finalmente, a propósito de la nueva condena a España el pasado mes de mayo por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se aprobó un comunicado en el que la Asociación muestra su preocupación por la falta de investigación de las denuncias por torturas y el apoyo al magistrado José Ricardo De Prada.
