Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha respaldado la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal impulsada por el Gobierno, frente al rechazo generalizado de las demás asociaciones judiciales y fiscales —salvo la Unión Progresista de Fiscales (UPF)—.
En un comunicado, la asociación progresista destaca que el proyecto “contiene avances de calado” y lamenta haber sido excluida del pronunciamiento conjunto emitido por el resto de organizaciones: “Lamentamos profundamente que el comunicado de otras asociaciones judiciales y fiscales se haya redactado y difundido sin conocimiento ni participación de JJpD”.
Critica que la oposición haya sido “total y frontal” en lugar de presentar una “crítica razonada y selectiva”, lo que, a su juicio, “bloquea cualquier posibilidad de diálogo constructivo” e implica rechazar medidas “tan necesarias como el referido sistema público de becas”.
La semana pasada, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial e Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), emitieron un comunicado conjunto, convocando un paro de diez minutos para las 12 horas del 11 de junio a las puertas de las sedes judiciales para expresar su rechazo a las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y solicitaban «la retirada» del proyecto de ley que modifica el acceso a las mismas.
En su comunicado, JJpD defiende que la pluralidad en la carrera judicial “es una realidad” y que, frente al rechazo unánime de otras asociaciones, es preciso ofrecer “un análisis razonado, riguroso y desapasionado”.
Aplaude, entre otros puntos, la consolidación legal de las becas públicas para opositores sin recursos, con cuantías ligadas al salario mínimo: “Aporta equidad y justicia al acceso por turno libre” y evita que dependan “del arbitrio del Gobierno de turno”.
La asociación judicial también respalda la recuperación de pruebas prácticas y escritas para el acceso, como “una necesidad largamente reclamada” para adaptar el proceso “a las competencias requeridas en el siglo XXI, sin merma alguna de la exigencia técnica”.
Frente a las críticas que apuntan a una posible pérdida de independencia judicial, JJpD responde que la propuesta de convertir el Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación “no busca ideologizar el acceso, sino garantizar la igualdad de oportunidades” y subraya: “Democratizar el acceso fortalece y no debilita la independencia judicial”.
Rechaza que cualquier cambio implique una amenaza: “Una reforma no es, por el mero hecho de modificar el estado de cosas, atentatoria de esta independencia judicial”, y recuerda que esta “es una garantía para el ciudadano, no un comodín para expresar el rechazo a las preferencias de unos u otros”.
JJpD también entienden que hay aspectos mejorables
No obstante, JJpD reconoce que el texto “contiene aspectos que merecen un juicio negativo”, como la omisión del “principal problema” del sistema: la escasez de jueces y fiscales. Reclama que la ley incluya un plan para ampliar plazas, especialmente ante los retos derivados de las reformas procesales y la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También se opone a reducir a cinco años el ejercicio profesional exigido para acceder por vía extraordinaria, reclamando su ampliación y equiparación “al ordinariamente exigido para el cuarto turno”. Asimismo, advierte que las medidas de estabilización no deben restar plazas a los turnos ordinarios y deben garantizar “el incremento de la oferta pública” para evitar “perjuicios a quienes se están preparando”.
En definitiva, JJpD considera legítimo atender las exigencias europeas sobre temporalidad, pero pide que se respete el marco constitucional y no se lesionen “los derechos ni las expectativas del conjunto de la carrera”.
