El 39º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia, celebrado los días 23 y 24 de octubre de 2025 en Ávila, se cerró con un amplio paquete de conclusiones que dibuja las principales preocupaciones de la judicatura progresista y marca una hoja de ruta para la modernización del servicio público de justicia.
Las propuestas abarcan desde la organización de la carrera judicial y la formación en la Escuela Judicial, hasta la defensa de los derechos humanos, la igualdad y reformas procesales clave.
1. Carrera Judicial: estructura, condiciones laborales y dignificación del servicio público
JJpD reclama un compromiso firme del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio de Justicia para ampliar la planta judicial, una medida que consideran imprescindible para reducir la sobrecarga estructural de los juzgados.
La asociación insiste, además, en reformar el sistema de categorías para unificar las de jueces y magistrados, un anhelo recurrente que busca eliminar desigualdades artificiales dentro de la carrera.
El Congreso también exige mejorar las retribuciones vinculadas a insularidad —equiparando Baleares con Canarias— y actualizar las remuneraciones por guardias, muy especialmente en los juzgados únicos, donde la carga de trabajo recae sobre una sola persona.
Asimismo, se denuncia el incumplimiento por parte del CGPJ de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a fijar cargas máximas de trabajo para proteger la salud laboral.
En materia organizativa, se propone aumentar el número de plazas en los distintos turnos de acceso, suprimir periodos de congelación injustificados y garantizar mayor objetividad en los nombramientos mediante informes de quienes forman los tribunales, además de las Salas de Gobierno.
2. Escuela Judicial: una formación realista, justa y adaptada a la nueva judicatura
Un bloque central del Congreso se ha dedicado a la formación inicial. Se insta al CGPJ a incrementar de forma suficiente la retribución del alumnado residente en Barcelona, donde los costes de vida dificultan la etapa formativa.
También se pide que la obtención de méritos en idiomas y derechos civiles forales pueda realizarse a través de cursos internos, evitando costes privados que generan desigualdad.
El Máster impartido por la Escuela Judicial —a menudo percibido como obligatorio de facto— debe ser estrictamente voluntario, según las conclusiones, y la carga de trabajo debe moderarse para permitir una adecuada transición tras la oposición.
En la fase de prácticas tuteladas se reclaman criterios transparentes en la designación de tutores, una remuneración acorde con las responsabilidades reales y una formación que abarque todos los órdenes jurisdiccionales.
El Congreso propone además suprimir la fase de sustitución y refuerzo, por considerarla redundante; y, mientras la supresión no se materialice, garantizar que no se prolongue injustificadamente y que las fechas de elección de destino sean certeras.
3. Derechos Humanos: una justicia comprometida con la dignidad y la paz
El Congreso ha manifestado un pronunciamiento explícito sobre la crisis humanitaria en Gaza, reclamando al CGPJ la emisión de un comunicado que denuncie el genocidio y las vulneraciones de derechos humanos sufridas por la población palestina.
JJpD también expresa su apoyo a iniciativas humanitarias concretas, como el proyecto de Najla Mohamed-Lamin en los campamentos saharauis de Tinduf, y pide impulsar una Conferencia de Paz en España con participación activa de Naciones Unidas, Europa y la sociedad civil palestina.
4. Igualdad: compromiso con un lenguaje inclusivo
En materia de igualdad, se demanda a todas las instituciones implicadas —CGPJ, Ministerio y comunidades autónomas— la implantación de lenguaje inclusivo en oficinas judiciales, sistemas informáticos y modelos oficiales. La asociación considera que la justicia debe ser ejemplo de comunicación respetuosa y representativa de toda la ciudadanía.
5. Reformas Procesales: hacia una justicia más accesible y eficaz
Finalmente, en el ámbito procesal, JJpD propone varias reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entre ellas destacan la recuperación de la oralidad en el juicio verbal y la inclusión como diligencia preliminar de la obligación de que las empresas exhiban a los consumidores los contratos objeto del litigio.
También se propone que las demandas de nulidad contractual por usura se tramiten siempre por juicio verbal, con independencia de su cuantía, agilizando así procedimientos que afectan de manera habitual a consumidores vulnerables.
Las conclusiones del 39º Congreso de JJpD reflejan una visión integral de la justicia com
o servicio público: más medios, más transparencia, mejores condiciones de trabajo y una judicatura formada, independiente y atenta a los derechos fundamentales. Con este paquete de propuestas, la asociación busca impulsar reformas estructurales que no solo mejoren el funcionamiento del Poder Judicial, sino que además refuercen su legitimidad democrática ante la sociedad.
