Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han pedido tanto al Gobierno y como al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la puesta en marcha de una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial y fiscal para poder aplicar en buenas condiciones las últimas reformas aprobadas en el ámbito de la Justicia y las que están por venir.
Así lo han hecho las dos asociaciones progresistas en un comunicado conjunto en el que argumentan su petición en que es necesario contar con más medios personales para que los juzgados afronten estas novedades sin aumentar la «sobrecarga» que ya padecen muchos de ellos.
Se refieren, en concreto, a la aplicación de las reformas que afectan a los tribunales de instancia, y a las que se anuncian, como las relativas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuirán la dirección del procedimiento de investigación al ministerio fiscal.
APOYAN LOS CAMBIOS EN EL ACCESO A LA CARRERA
Las dos asociaciones sostienen que los cambios promovidos por el Gobierno de coalición van en la dirección adecuada porque el sistema de becas públicas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, «lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno».
Asimismo, consideran «un acierto» haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial y que se retirase del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría, puesto que «contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados».
También ven como un avance que se recupere una prueba práctica escrita, que se modifique el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria –como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos–, que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen.
Muestran su apoyo también a las medidas de igualdad para garantizar la paridad en la conformación de tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial, así como que se incorporen catedráticas y catedráticos de filosofía y ética.
«Los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales», añaden, a la vez que saludan que se exija que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, aunque para ello, avisan, será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad, homologando a este respecto la normativa para los jueces y fiscales.
ABUSO DE TEMPORALIDAD
Según estas asociaciones, la situación de «abuso de temporalidad» que padece la Justicia interina tiene remedio por los actuales cauces de incorporación por el cuarto turno, sin que ello repercuta negativamente en el escalafón.
Pero, a su juicio, antes de que estas reformas finalicen su trámite parlamentario, debería abrirse «una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto», y que ese esfuerzo se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una «dotación suficiente» de la judicatura y fiscalía españolas, «que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio».
