La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha elaborado unas purísimas conclusiones tras su XXXI Congreso donde acusa a la Fiscal General y la Fiscalía General del Estado de ser «incapaces de responder adecuadamente a estos monumentales desafíos» como son la reforma del artículo 324 de la LECrim y implantación del sistema Lexnet.
Sostienen desde la UPF que «ha faltado liderazgo, firmeza y acierto en algunas decisiones».
Respecto a la reforma del artículo 324 de la LECrim, que obliga los fiscales a clasificar todas las causas penales pendientes antes de este lunes, la UPF asegura que se trata de una reforma «mal concebida, mal redactada y mal interpretada, la entrada en vigor de sus consecuencias está ocasionando importantes desajustes en los profesionales de la justicia y provocando indeseados enfrentamientos entre los letrados de la Administración de Justicia, los jueces de instrucción y los fiscales».
La califican como «el mejor ejemplo de algunos de los despropósitos legislativos del actual Gobierno en relación con la justicia».
Y aseguran que no es más «una carrera sin sentido para dar una estadística positiva a los medios de comunicación», donde «el Ministro de Justicia ha sido capaz de movilizar a todos los juzgados de España en su propio beneficio para lavar electoralmente su deteriorada imagen».
En este sentido, también critican la actuación del Consejo General del Poder Judicial de que sostienen que «parece aspirar a quedarse al margen de esta manipulación de la justicia y de esta clara intromisión en la independencia judicial».
LEXNET
Respecto a la implantación del sistema Lexnet, los fiscales progresistas mantienen que «revela el absoluto desprecio del Ministerio de Justicia a la función del Ministerio Fiscal y al funcionamiento de las fiscalías y pone de manifiesto las carencias internas de la propia Fiscalía, la absoluta precariedad de medios y nuestra total dependencia de las decisiones del Ministerio de Justicia».
Y en este sentido muestran su «preocupación por la falta de seguridad y confidencialidad del sistema Lexnet que hace accesible la información a personas e instituciones ajenas al procedimiento.
PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA
En este sentido, desde la UPF insisten en recordar que «la justicia en nuestro país continúa siendo hoy en día uno de los pilares más olvidados de nuestro Estado de Derecho, una de las asignaturas pendientes del legislador». Y han criticado duramente la labor del Gobierno del Partido Popular en estos últimos cuatro años, calificando de «nefasta la labor desarrollada por los dos Ministros que han dirigido el Departamento de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón y Rafael Catalá«.
La Unión Progresista de Fiscales persiste en su reclamación de atribuir al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal.
Y para ello exigen una «autonomía funcional, organizativa y presupuestaria frente al Ejecutivo de turno para un mejor desarrollo de sus funciones constitucionales, evitando así de una vez las tan indeseables sospechas de injerencia política».
OTRAS RECLAMACIONES
Por otra parte, los fiscales progresistas también realizar una «propuesta alternativa al texto oficial» del Código Ético, «que huya de las declaraciones grandilocuentes; que refleje lo que somos y lo que nos gustaría ser».
Reclaman también una «interpretación constitucional» de la denominada «Ley Mordaza«; modificar el el lenguaje para que «el lenguaje utilizado en los escritos que presente ha de reflejar su compromiso con los valores constitucionales, especialmente con el derecho a la dignidad de la persona y con el principio de no discriminación».
Y muestran su «preocupación ante los avances en la negociación del TTIP y CETA entre la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá, dado el riesgo de merma de derechos sociales que dichos Tratados representan».
Condenan la política adoptada hasta el momento por la Unión Europea en la materia con los refugiados y manifiestan su «rechazo al acuerdo alcanzado con Turquía, que vulnera la normativa tanto internacional como europea en materia de derechos humanos y de derecho de asilo». En este sentido piden «una implicación del Gobierno de España tanto a nivel legislativo como humanitario».
