El anteproyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que el PSOE terminó de elaborar en 2011, siendo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y que no llegó a debatirse en Las Cortes por la convocatoria de nuevas elecciones, contemplaba un periodo tasado para la instrucción de 12 meses.
«El procedimiento de investigación no podrá durar más de doce meses contados desde la fecha de la primera comparecencia de la persona investigada», dice el artículo 481, que lleva por título «Duración y cómputo».
En el caso de las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional o de las Fiscalías Especiales -en esta LECRIM non nata la instrucción ya estaba atribuida a los fiscales- «el plazo será de dieciocho meses».
La redacción de este anteproyecto estuvo a cargo del magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan José López Ortega. Y en el mismo se contemplaba también la posibilidad de prorrogar las investigaciones más allá de ese límite temporal, con autorización del llamado «Juez de Garantías», hasta un máximo de doce meses.
El cómputo final máximo habría sido de 24 meses, o de 30 meses en el caso de la Audiencia Nacional.
«El Juez de Garantías no autorizará la continuación de la investigación cuando no la estime justificada o cuando considere que el procedimiento de investigación se ha dilatado indebidamente», dice el artículo 484 del anteproyecto, que decayó con el fin de esa legislatura.
LA REFORMA DEL PP
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, aprobada por la mayoría del PP en el Parlamento, estableció la limitación de las instrucción a 6 meses para las causas sencillas y 18 para las complejas. Así lo dice en su artículo 324
Esos 18 meses pueden prorrogarse por otros 18 meses, si el juez de instrucción lo considera conveniente, tras escuchar a las partes. Hasta los 36 meses.
El apartado cuarto del artículo 324 LECrim dispone que «excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción«.
CAAMAÑO EN PINTURA
Precisamente, el impulsor del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del último gobierno socialista, Caamaño, fue el protagonista de un acto que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Justicia: la colocación de su cuadro oficial en la galería de exministros.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá alabó la «carrera extraordinaria» de su antecesor en el cargo, entre 2009 y 2011. Y reconoció que durante la época de Caamaño en el Ministerio «se hicieron bien muchas cosas», al igual que otras pudieron hacerse mal «como se están haciendo ahora, seguro».
A la ceremonia asistió el autor del cuadro, el artista Alejandro ‘Jano’ Muñoz, durante la cual Caamaño recordó los «momentos de soledad» durante su etapa de ministro. Momentos en los que «miraba los retratos de los ministros con la sensación de que ellos eran los únicos que entendían lo que estaba viviendo».
