También han pedido a la Fiscalía General del Estado que con «urgencia» entre en LexNET para recibir las notificaciones telemáticas, facilitando la interconexión con el sistema Fortuny utilizado por el Ministerio Público, un paso que interpreta como «la verdadera solución» para cumplir con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).
El CNLAJ ha incluido esta petición entre las conclusiones de su XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial que se ha celebrado en Málaga y al que han asistido más de 300 letrados de la Administración de Justicia de los cuatro puntos cardinales de España.
Según el CNLAJ, es «esencial» garantizar la independencia de cada una de las partes implicadas -jueces, fiscales y letrados judiciales– en la clasificación de las causas penales en sencillas o complejas, lo que implica que el plazo de instrucción sea de seis o de 18 meses.
Para conseguir que esta modernización avance, reclaman por otro lado a las administraciones públicas «planificación, información, formación, acompañamiento y convicción» a la hora de gestionar este cambio para que «la transición sea lo más sencilla y asequible para sus destinatarios».
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que inauguró estas Jornadas, destacó el papel imprescindible que juega el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia en la prestación de un servicio público esencial como es la Justicia y en el proceso de transformación tecnológica que experimenta en la actualidad.
Los letrados de la Admistración de Justicia son un cuerpo nacional de funcionarios que dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia.
SENTENCIA DEL TC
El CNLAJ critica duramente la sentencia que el TC dictó el pasado 17 de marzo por su «sorpresa» por sus «importantes imprecisiones».
En dicha sentencia, establecía por unanimidad que todas las decisiones judiciales procesales de los secretarios judiciales fueran revisadas por un juez para no vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial y el principio de exclusividad de la potestad judicial, modificando así la reforma legal que se hizo en 2009 para agilizar los procedimientos.
«No entendemos cómo desde una diligencia de ordenación que aplica un criterio expresamente impuesto por los jueces y magistrados, se puede llegar a enjuiciar todo el proceso de reformas legales de los últimos años, plasmado en la LOPJ y en las leyes procesales«, lamentan, recordando que el tribunal de garantías sólo se pronunciaba sobre un caso concreto que afectaba a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Recuerdan que las decisiones que ellos toman son de «trámite» (en el caso de la sentencia del TC, se trataba de fijar la fecha de un juicio) y por ello consideran que con su sentencia el Constitucional, no solo no garantiza, sino que perjudica, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
VIOLENCIA DE GÉNERO
El CNLAJ insiste en que es «imprescindible» en la lucha contra la violencia de género que los datos de los procedimientos que deban ser anotados en el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ) se puedan volcar automáticamente en el mismo desde los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, para así agilizar y facilitar el trabajo de las Oficinas Judiciales.
En este sentido, reclama que se articulen debidamente los sistemas de guardias, especialmente de los partidos judiciales en los que existan varios juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.
Para combatir este problema, apoya el acortamiento de los plazos de los procedimientos como medida crucial para la seguridad de las víctimas, y el uso de las nuevas tecnologías que permitirá, como LexNET y el expediente digital, plazos más cortos en la toma de decisiones y seguridad personal de las denunciantes, como personas más vulnerables, junto a sus hijos e hijas. (CONFILEGAL/EP)
