Las soluciones a los problemas de la Justicia en diez puntos
|
25/6/2016 07:58
|
Actualizado: 25/6/2016 01:31
|
La justicia, sus problemas y sus remedios, han ocupado poco espacio en el debate político de los líderes de las diferentes formaciones. A veces se han producido pinceladas rápidas. Sólo en debates muy específicos, como los organizados por la Brigada Tuitera, el Consejo General de la Abogacía o el diario ABC, se ha hablado largo y tendido sobre Justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en su último número de Deliberación, que ha titulado «26J Especial Elecciones», ha querido también contribuir a la claridad de las propuestas en esta materia, clasificándolas en 10 puntos diferentes.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, la magistrada candidata del PSOE, Margarita Robles, el procurador de Ciudadanos, Marcial Gómez, y el también magistrado y candidato por Podemos, Juan Pedro Yllanes, han respondido a todas las cuestiones, que aquí recogemos, con autorización de la APM.
PACTO POR LA JUSTICIA
Tal y como consta en nuestro Programa Electoral, planteamos una Estrategia Nacional de Justicia que, además de un pacto político, sea también un pacto institucional, profesional y social. Un gran acuerdo que convoque a las fuerzas políticas, pero también a todas las administraciones implicadas, a los profesionales de la Justicia y sus operadores jurídicos, a los sindicatos y a los usuarios del servicio público de la Justicia. Sólo así, todos juntos, desde el diálogo y el acuerdo, podremos articular el proyecto de transformación integral que necesita la Justicia española. Ninguna fuerza política, salvo el Partido Popular, plantea una propuesta tan ambiciosa, razonable y metodológicamente sensata como esta.
A partir de este planteamiento pueden ponerse sobre la mesa y debatirse todas las cuestiones que nos preocupan a todos en relación a la Justicia, y proponer soluciones y alcanzar consensos en torno a ellas, desde la reforma del actual modelo de CGPJ, al incremento de medios, la reforma en profundidad de nuestro sistema procesal, la mejora en términos de agilidad, calidad, accesibilidad, transparencia y eficacia del servicio público que se presta, la lucha contra la corrupción, o perfeccionar nuestra legislación para garantizar la protección de quienes más necesitan del amparo de la Justicia.
No sólo hemos mantenido la necesidad de ese acuerdo político sino que la realidad nos permite recordar que ya en el año 2001 el Partido Socialista Obrero Español fue el único que suscribió un Pacto de Estado con el partido que entonces estaba en el Gobierno. Y se ajustaba a cuestiones concretas, de las cuales consideramos que ahora serían esenciales: Gobierno del Poder Judicial, financiación, infraestructuras, carrera judicial y Ministerio Fiscal. Si hay voluntad política de llevar adelante tan necesaria propuesta, el PSOE será impulsor decisivo.
El compromiso de Ciudadanos por un Pacto de Estado por la Justicia es firme. Creemos que es necesario afrontar una reforma de la Justicia para garantizar su independencia, sin partidismos; y lograr que ésta responda de forma rápida, eficaz y con garantías a las demandas de los ciudadanos. A tales efectos, entre otras medidas, Ciudadanos ha asumido las propuestas de las Jornadas Nacionales de Jueces Decanos celebradas en Valencia del 1 al 3 de diciembre de 2014. En especial entendemos necesario afrontar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, cuestiones relacionadas con el nombramiento de jueces y magistrados o la racionalización y la reorganización de la Justicia.
La propuesta de Unidos Podemos pasa por un Pacto de Estado para la Justicia, única forma de resolver por consenso los problemas que arrastra la Administración de Justicia. La reforma ha de ser en profundidad y con el objetivo primordial de modernizar el servicio público haciéndolo más eficaz y apto para atender las demandas de la ciudadanía.
MEDIOS PARA LA JUSTICIA
Estoy de acuerdo en que la Justicia necesita medios y que es preciso incrementar el gasto dedicado a la Justicia. Estamos decididos a hacerlo, entre otras cosas porque, en un escenario de extraordinarias dificultades económicas, hemos demostrado con hechos que dotar a la Justicia de recursos ha sido y es una prioridad absoluta, y así seguirá siendo. ¿Es suficiente que el presupuesto de Justicia lleve dos años seguidos creciendo o que en ese período se hayan asignado a la política de Justicia 3.060 millones de euros? No, ni mucho menos. Hace falta más y habrá más, y el cuánto, cuándo, cómo y dónde lo decidiremos entre todos los actores de la Justicia, en un proceso de reflexión y debate conjunto que convocaremos desde el minuto 1 de la próxima Legislatura.
Hace años que necesitamos mejorar la inversión en Justicia, que al fin y al cabo no podemos olvidar que es inversión en Estado y en el dinamismo socioeconómico. Y hemos dicho muchas veces que esa inversión necesita continuidad, de ahí que mostremos nuestra total disposición a consolidar un plan presupuestario a varios años vista. El foco principal debe ser el de los medios, tanto personales como materiales, con una adecuada coordinación con las Comunidades Autónomas que cuentan con competencias.
Ciudadanos ha previsto un plan de choque para la Administración de Justicia con el que pretendemos aumentar un 10 por ciento el número de Jueces, fiscales y del resto de personal de apoyo (letrados de la Administración de Justicia, técnicos, etc.). Y, además, invertiremos 500 millones de euros en un plan de modernización para que la Administración de Justicia pueda alcanzar el objetivo de “papel cero”. Ello incluye inversiones para la introducción y formación en el sistema LexNet. Todo lo cual está previsto y contemplado en la Memoria Económica que acompaña al Programa electoral.
Creemos que es primordial realizar una completa auditoria para conocer cuales son los principales problemas a resolver y a partir de dicho conocimiento reforzar la inversión. Existe un compromiso de mejorar la Justicia tanto en medios materiales como en medios personales y esa mejora requiere de la correlativa inversión económica.
DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA
Es fundamental optimizar el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales. Por eso planteamos, tal y como recoge expresamente nuestro Programa, dotar de mayor eficiencia a nuestra planta judicial para adaptarla a las necesidades reales, a través de un Plan que, por un lado, mejore la distribución de la cargas de trabajo y por otro, prevea la creación de unidades judiciales allí donde resulte necesario. La especialización y formación de los jueces y magistrados son otros de los desafíos que debemos abordar en los próximos años. Promover la generación de una cultura favorable a las fórmulas de solución extrajudicial de conflictos y la desjudicialización de asuntos de muy escaso interés económico, son también proyectos destacados en nuestro programa. La presencia del Poder Judicial en el territorio, la cercanía de la Justi-cia al ciudadano son principios que el Partido Popular propugna en el contexto de una organización funcional y eficiente de la Justicia.
Debe abordarse el modelo de Tribunales de instancia sin demora, porque creemos que es un modelo que se ajusta a nuestra realidad social y económica actual, respetando en cualquier caso aquellos supuestos que puedan necesitar alguna puntualización para asegurar la proximidad de la Justicia al ciudadano. En cuanto a la organización creemos desde el Partido Socialista que debe reestructurase la planta judicial no solo en los órganos unipersonales, sino también en los órganos colegia- dos que presenten una descompensación de carga de trabajo superior a lo razonable.
Por supuesto, Ciudadanos se muestra sensible ante la necesidad de modernizar la demarcación y organización de la Justicia española. En este sentido, en el Programa Electoral hemos detallado una reorganización de los órganos judiciales (Juzgados de Primera instancia, Juzgados de Familia, Juzgados de instrucción Generales…). En particular en cuanto a las Audiencias Provinciales hemos propuesto que pasen a estar integradas por las siguientes secciones: Sección Civil; Sección Mercantil especializada en materia de Patentes y Marcas, de Propiedad intelectual y de Competencia Desleal, Defensa de la Competencia y Publicidad; Sección Mercantil especializada en materia concursal; Sección Mercantil especializada en materia de Condiciones Generales de la Contratación, Derecho Marítimo y Transporte Nacional e internacional; Sección Penal; y Sección Penal especializada en Delitos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública. Con el objeto de promover la especialización de Jueces y Magistrados y de mejorar la formación de los mismos, proponemos la convocatoria de pruebas anuales de especialización en los diferentes órdenes jurisdiccionales.
Cuantas propuestas se han realizado sobre la modificación de la planta y demarcación judiciales se han encontrado, tradicionalmente, con la resistencia de los municipios que son cabeza de partido judicial. La mejora de las comunicaciones reclama que se replantee una distribución geográfica que se arrastra desde el siglo XIX e igualmente una racionalización de la planta judicial mediante un cambio profundo en la organización judicial.
CÓMO REDUCIR SOBRECARGA DE TRABAJO
Es necesario que, con la participación de todo el sector, desarrollemos un Plan amplío que mejore la distribución de las cargas de trabajo. Tenemos información sobre los juzgados y la situación de cada uno y es posible hacerlo. Por otro lado, debemos seguir apoyando la mediación y el arbitraje como fórmulas extrajudiciales de resolución de conflictos y continuar con el desarrollo de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Por último, resulta esencial seguir priorizando otros ejes de trabajo que deben marcar la política de Justicia como la incorporación definitiva de la Justicia a las nuevas tecnologías, la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal o la modernización de nuestras normas procesales que tienen un impacto muy positivo en el fortalecimiento de la Justicia como Servicio Público.
Tal vez no podamos hablar solamente en términos de ratio de jueces por habitante, porque este cálculo obedece a un modelo concreto que puede ser objeto de mejora. Lo importante es definir previamente un modelo de organización que va a conducir a un volumen necesario de planta. Pero somos conscientes de que este planteamiento no puede servir para seguir dejando que transcurra el tiempo sin acometer los trabajos necesarios.
Como se ha señalado, Ciudadanos propone el aumento de un 10 por ciento de la plantilla en la Administración de Justicia y así lo ha presupuestado en su Memoria Económica. En el Congreso de los Diputados presentamos una Proposición no de Ley en la que instábamos al Gobierno a crear 100 nuevas unidades judiciales, concretadas en las plazas de magistrados en órganos colegiados y unipersonales o de juez en órganos unipersonales que resulten prioritarias, a fin de que, a la mayor brevedad, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias pudieran dotar a las correspondientes plazas y órganos.
Una de las cuestiones a resolver es el aumento de medios personales que mejoren el servicio público a la ciudadanía. Una justicia tardía es una justicia de mala calidad por lo que disminuir la carga de trabajo en aquellos órganos que superan ampliamente los módulos previstos reclama urgente solución. El último cuatrienio ha traído una drástica reducción de la convocatoria de plazas en la carrera judicial, cuestión que deberá afrontarse para solventarla en la próxima legislatura.
MEJORA DE LA CARRERA JUDICIAL
Desde luego, la reformulación del modelo de CGPJ que surja del dEbate que vamos a abrir, así como el análisis que se haga -que hagamos todos- en el seno de la Estrategia Nacional de Justicia sobre el modelo de Carrera Judicial, deberá ofrecer más estímulos para la progresión y la promoción profesional, de manera que se fortalezcan los criterios de objetividad, mérito, capacidad y transparencia, especialmente en materia de nombra- mientos.
Es preciso delimitar un marco jurídico estable que, superando criterios obsoletos como es la mera antigüedad, permita la designación de deter-minados cargos a través de un proceso que permita valorar, de manera objetiva, los méritos, la experiencia, la capacidad, los conocimientos o estu- dios que previamente se hayan definido, de tal modo que se reduzca la discrecionalidad en la designación en los cargos judiciales.
Además, los miembros de la carrera judicial deben tener posibilidades reales de progresión evitando que la falta de perspectivas profesionales genere desánimo o desaliento ante la falta de expectativas profesionales reales. La existencia de especialidades en determinadas áreas, por la que se sigue apostando en la última modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que cada día es más necesaria, puede ser un ejemplo de cómo puede articularse esta medida.
No podemos sostener una estructura de carrera donde los Jueces, en sus primeros destinos, se ven abocados a una más que larga espera para el ascenso y luego, una vez que lo obtienen, ven limitadas sus posibilidades de progresión.
Debería diseñarse una estructura de carrera acorde a la estructura de destinos, tomando en consideración la complejidad de cada uno de estos, para que pudiera establecerse un plan de ascensos ordenado.
Ciudadanos muestra su absoluto compromiso con el principio de asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos de jueces y magistrados. Por ello proponemos que todas las plazas del Poder Judicial y, en especial, las de los altos cargos, sean cubiertas por concursos con baremos basados en el mérito, la capacidad, la especialización y la idoneidad.
Los nombramientos judiciales no pueden quedar abiertos a la discrecionalidad. Asimismo, consideramos necesario suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Y promoveremos la especialización de Jueces y Magistrados y su formación, con pruebas que los acrediten como especialistas en un orden jurisdiccional, lo cual les daría preferencia para acceder a las plazas en dicho orden.
Cualquier mejora de la estructura pasa por la racionalización de la planta, para estimular a los profesionales a promocionar en los destinos eliminando sobrecargas de trabajo que lastran la voluntad para solicitar plazas en tribunales colegiados. Racionalizar las percepciones económicas según la complejidad del destino desempeñado también facilitará el estímulo a la promoción profesional.
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO JUDICIAL
Tenemos un compromiso firme y expreso: fortalecer la carrera de los profesionales de la Administración de Justicia mejorando los procesos de selección, reforzando los programas de formación y el sistema de retribución.
A partir de ahí, estamos abiertos a estudiar y analizar cuantas propuestas se planteen para mejorar y cualificar el estatuto judicial. En todo caso, como ya hemos manifestado y dado que es una demanda socialmente acreditada, creemos oportuna una regulación expresa que limite eso que popularmente se conoce como las “puertas giratorias” entre la justicia y la política.
La incorporación de miembros del Poder Judicial a la actividad política, como de aquellos otros colectivos que puedan aportar a la vida pública una experiencia positiva no sólo difícilmente puede cuestionarse, sino que consideramos que es beneficiosa. Lo que debe regularse con precisión, y sin que deje lugar a indebidas interpretaciones, son las condiciones de reincorporación al ejercicio de la judicatura.
Reiteramos que para Ciudadanos la garantía de la independencia judicial es una prioridad. Por ello hemos propuesto restringir las “puertas giratorias” entre justicia y política a través de la exigencia de una excedencia mínima de dos años antes de ocupar cargos políticos y, producido el cese, que la excedencia se extienda por el mismo período. También proponemos suprimir la posibilidad de que los parlamentos autonómicos propongan magistrados de los Tribunales Supe-riores de Justicia.
Que la justicia está politizada es una percepción general y tiene su origen uso que de los nombramientos han hecho los partidos políticos que hasta la fecha se han sucedido en el gobierno, primando la cercanía o afinidad frente a criterios de capacidad y mérito profesionales. Recuperar la objetividad en los nombramientos y dar voz a la ciudadanía en la designación las personas que integren el órgano de gobierno de los jueces así como reforzar el ejercicio de esta función, hoy difuminada, aparecen esenciales para recuperar la confianza ciudadana en el servicio público.
SUPERAR LAS DISFUNCIONES CON LAS CC.AA.
Desde el diálogo y el esfuerzo compartido podríamos trabajar entre todas las administraciones públicas para promover un sistema de gestión procesal común para toda la Administración de Justicia.
Y por supuesto, porque están demostrando su utilidad, también seguiremos apostando por la colaboración y el apoyo institucional para mejorar el servicio público que se presta en toda España, como así hemos hecho, por ejemplo, poniendo en marcha a través del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) instrumentos para compartir sistemas de gestión, o abriendo líneas de financiación para apoyar a las CCAA con competencias transferidas en el impulso de las nuevas tecnologías, la dotación de medios materiales para el mantenimiento de la organización judicial y la implementación de mejoras que incidan en un servicio.
Activar mecanismos de coordinación entre el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, así como entre éstas entre sí para superar las diferencias actuales. Ha de llegarse mucho más lejos de lo que hasta ahora ha dado de sí la Comisión Sectorial.
Ciudadanos tiene como propósito general lograr una racionalización del Estado autonómico y corregir aquellas disfunciones y duplicidades que el mismo ha producido. En especial, Ciudadanos es consciente de que el Poder Judicial es único para toda España, con una sola Jurisdicción ordinaria cuya cúspide es el Tribunal Supremo, y con una Administración de Justicia que ha de ser más eficiente y cercana a los ciudadanos.
La necesidad de coordinar los diferentes sistemas operativos en cada una de las comunidades de manera que pueda compartirse la información, mejorando la eficacia de la respuesta, se presenta como uno de los objetivos a cumplir en la próxima legislatura.
DESFASE DE LAS NORMAS PROCESALES
Proponemos una revisión profunda e integral de nuestras leyes procesales para modernizarlas, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos en cada una de ellas, potenciando así su agilidad y adaptándolas a las nuevas tecnologías. Es necesario escuchar permanente a todos los operadores jurídicos quienes, sobre la práctica, pueden proponer ideas que agilicen el proceso sin merma de derechos o soluciones a problemas que puedan ir surgiendo como consecuencia de las normas procesales vigentes.
Además, creemos que necesario dotar a España de un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos de la Justicia, refuerce las garantías procesales y que esté adaptado a las nuevas realidades sociales.
La verdad es que en este campo son muchas las materias que deberían acometerse y conducen a una intensa tarea legislativa. Sin demora creemos que ha de potenciarse la oralidad como marco idóneo del proceso, acotar de una forma más eficaz el sistema de recursos, definir con mayor eficacia el papel del Ministerio Fiscal, agilizar el proceso contencioso-administrativo…
Se propone lograr una Justicia que, además de ser correcta técnicamente, responda en tiempo y con eficacia a las demandas de los ciudadanos. En tal sentido, incorporamos medidas relacionadas con la reforma del proce-dimiento civil y en el ámbito penal, sobre todo para lograr agilizar y mejorar el procedimiento para investigar delitos, entre otras.
Resulta necesaria y urgente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No slo promoveremos la derogación de la reforma del artículo 324 de la misma sino que somos conscientes que un texto legal del siglo XIX constantemente parcheado no sirve para resolver problemas del siglo XXI. Se hace necesaria una reforma en profundidad del proceso penal que legislatura tras legislatura ha sido anunciada y nunca concretada.
AFORAMIENTOS
Hemos sido meridianamente claros en ambos casos. Estamos a favor de reducir los aforamientos en nuestro país y así vamos a promover que se haga. Habrá que estudiar los distintos tipos de aforados, cuáles son sus objetivos y que es lo que se pretende con ellos, pero en ningún caso permitir que el aforamiento sea equivalente a impunidad.
De igual modo, estamos completamente a favor de revisar el actual sistema de regulación del derecho de gracia, prohibiendo por ley lo que ac-tualmente ya se hace en la práctica: denegar el indulto cuando se trate de delitos relacionados con la corrupción, con la violencia de género o con accidentes de tráfico. Abriremos ese debate y lo concretaremos en las oportunas reformas legislativas.
Deben suprimirse los aforamientos, salvo muy escasas excepciones, dado que no implican mayores garantías para quien puede ser objeto de una imputación penal.
En cuanto al indulto, entendemos que es una institución desfasada, cuyo estudio o permanencia tan sólo cabría mantener en aquellos casos en los que se proponga a instancia del Tribunal sentenciador.
Una de las medidas clave de Ciudadanos es suprimir tanto los aforamientos como los suplicatorios de parlamentarios, salvo para delitos relacionados con la actividad política parlamentaria. Asimismo, proponemos una reforma del indulto para que éste no pueda concederse por delitos de corrupción, contra la Administración Pública y de violencia de género.
Reducir los aforamientos resulta imprescindible para equiparar-nos al resto de los países de la Unión Europea. Tanto la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo como las salas de los Tribunales Superiores de Justicia competentes para conocer las causas de aforados se nutren de magistrados de libre designación y mientras no se refuercen los criterios de mérito y capacidad antes aludidos, para acceder a las plazas de dichos órganos, persistirá la desconfianza en los aforamientos y la sospecha de que se privilegia a determinados sectores.
La ley que regula el indulto es una herencia histórica que debe ser necesariamente revisada, excluyendo cualquier indulto a responsables de delitos relacionados con la corrupción o el uso del ejercicio del derecho de gracia para revisar decisiones de los juzgados y tribunales al menoscaba la deseable separación de poderes. Hay que dotar de contenido contemporá- neo al indulto.
Noticias Relacionadas:
