La Audiencia Nacional ha negado la libertad al exconsejero madrileño Francisco Granados al entender que existe riesgo de que destruya pruebas, se fugue -gracias al «patrimonio oculto» que sospecha que posee- o que pueda «comprar voluntades», que le pudiera beneficiar en un futuro.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma así la decisión del juez instructor, Eloy Velasco, de denegar su salida de prisión provisional, donde permanece desde que fue detenido el 30 de octubre de 2014.
En su auto, la Sala señala que el cabecilla de la trama ‘Púnica‘ se valió de los cargos públicos que ostentó tanta a nivel local como autonómico para crear una «cadena de deleznables favores y conductas impropias» dedicada, presuntamente, a «mover voluntades» con el fin obtener cuantiosos beneficios ilegales a través de las contrataciones públicas amañadas y con la recalificación de terreno.
Según el Tribunal, Granados podría incluso comprar voluntades de imputados o testigos y obtener «bajo precio o recompensa declaraciones que en otro caso serían desfavorables para sus intereses».
La sala recuerda que contra Francisco Granados hay «graves indicios» de que cometió delitos de integración en organización criminal, fiscales, blanqueo, falsificación, tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación por su papel en la trama de corrupción Púnica, que conllevan penas muy elevadas.
Los jueces subrayan que Granados «durante muchos años se ha valido de los diversos cargos públicos que ha ostentado en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid para crear una cadena deleznable de favores y conductas impropias de un buen gestor público».
Todo ello a favor de una trama «presuntamente dedicada a mover voluntades con fines de obtención de cuantiosos beneficios ilegales en la contratación pública amañada y en la espuria calificación de terrenos».
PARAÍSOS FISCALES
El dinero que obtenía la red Púnica, agrega la sección, se trasladaba luego a paraísos fiscales, lo que perjudicaba al erario público y fomentaba «detestables actitudes corruptas en el ámbito empresarial público y privado».
Los beneficios conseguidos por dicha actividad -dice la Sala, que ha sido presidida por la magistrada Teresa Palacios y Juan Francisco Martel, como ponente– están en «gran parte» localizados, pero no descarta que el ‘número dos’ de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, tenga otra parte del patrimonio oculto en España o en un país extranjero.
PRUEBAS DOCUMENTALES
Otra de las razones por las que niega su libertad (ya en diciembre de 2014 la sala confirmó su prisión) es la posible destrucción o alteración de pruebas que podría hacer Granados. En concreto, para evitar la «tentación de sustraerse» de la acción de los tribunales o de que se fugue.
También de que oculte pruebas, sustraiga o destruya alguna prueba documental » de las mucha que que manejó y organizó» y que un futuro «pudiera comprometerle», así como que compre o recompense a un tercero para que declare lo que en «otro caso serían desfavorables a sus intereses».
Además, afirma que si accedieran a este recurso de apelación existe la posibilidad de que Granados siga dedicándose a actividades que «bordean la legalidad» y vuelva a cometer nuevos hechos delictivos.
