El decano de los jueces de Valencia pide excluir de los indultos a los condenados por corrupción
Sobre estas líneas, Pedro Viguer, juez decano de Valencia hasta hoy.

El decano de los jueces de Valencia pide excluir de los indultos a los condenados por corrupción

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28/7/2016 14:41
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Actualizado: 28/7/2016 15:33
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El decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, ha pedido reducir y limitar los aforamientos, excluir de los indultos a los condenados por corrupción y regular esta figura judicial, así como la acusación popular, la denuncia anónima y la redacción de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que supere la actual «ley de parches«.

Viguer se ha expresado en estos términos durante una rueda de prensa este jueves en la que ha presentado los datos de la incidencia económica en los juzgados de la capital. El decano ha reclamado también la creación de un cuerpo de delitos contables a disposición de los jueces, a modo del cuerpo de medicina forense del que ya disponen, que estaría formado por peritos contables «neutrales» para investigar delitos económicos.

Según ha explicado Viguer, estos delitos han proliferado en los últimos años como consecuencia de la corrupción, y se ha notado especialmente en la carga de trabajo de los juzgados de Valencia, donde se acumulan 42 grandes causas, tanto por delitos económicos como de corrupción.

Así, el decano, que ha defendido el papel de la justicia en la lucha contra la corrupción, ha reclamado «más medios» y ha instado a que haya un «mayor interés» en este sector, puesto que es un «pilar básico del Estado de Derecho». Por ello, ha pedido que se haga un «Pacto de Estado» porque «la reforma de la justicia es urgente e inaplazable».

En este sentido, ha asegurado que un 90% de los ciudadanos aboga por este pacto de estado, y que un 71% considera que la Justicia es la «garantía última» de los ciudadanos. Con estos datos, que ha extraído de una encuesta de Metroscopia de diciembre de 2015, ha destacado además que un 77% de la población cree que con los medios actuales, la justicia no puede luchar contra la corrupción.

Viguer también ha hecho referencia a otro barómetro de la misma empresa demoscópica para los abogados, según el cual, un 84% de los juristas encuestados opinan que la justicia representa la «garantía última» de defensa de la democracia y las libertades, y un 92% reclama el pacto de estado. Además, un 91% considera que los gobiernos –independientemente del signo político– intentan controlar la justicia.

2.400 POR JUZGADO, CUANDO EL CGPG ACONSEJA 750

Viguer ha presentado también las estadísticas correspondientes a los juzgados de Valencia entre los meses de enero y junio de este año, y ha informado de que los 22 juzgados de Primera Instancia de Valencia han registrado en este periodo 26.534 demandas, 2.400 por juzgado cuando el Consejo General del Poder Judicial aconseja 750.

El «aluvión» de demandas de productos financieros (preferentes y acciones) «ha puesto en grave peligro el normal funcionamiento de estos juzgados», que se ha aliviado con seis jueces de refuerzo, y ha informado de que quedan pendientes unos 4.000 señalamientos hasta diciembre de los 19.000 asuntos presentados desde 2013.

El decano de los jueces valencianos también ha destacado el «descenso espectacular» de las demandas hipotecarias (214 en los seis primeros meses) y ha señalado que se acabará el año con unas 400, una bajada del 75 % respecto a años como el de 2012.

Asimismo ha señalado que en los juzgados de lo Mercantil ha habido un descenso del 10 % de los casos, bajan los concursos, las demandas sobre todo de las condiciones de contratación (en especial cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas) que pasan a los juzgados de Primera Instancia.

JUECES TURCOS

Por otra parte, el decano ha expresado, en nombre de los jueces valencianos, su recuerdo a los jueces turcos que han sido «detenidos o cesados injustamente» por el  «intolerable desprecio hacia los valores esenciales de un Estado de derecho y en particular la independencia judicial y separación de poderes» del gobierno de Recep Tayyip Erdogan después del golpe de estado fallido del pasado 15 de julio. (CONFILEGAL/EP)

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