La Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido este jueves de que limitar el cese cautelar de los cargos públicos a aquellos imputados por delito de cohecho puede suponer una visión «muy reduccionista» de los delitos relacionados con la corrupción y ha añadido que debería considerarse un espectro más amplio porque son muchas las infracciones relacionadas con esta materia.
En relación a las negociaciones de investidura entre Partido Popular y Ciudadanos en las que se estudia apartar de los cargos públicos únicamente a aquellas personas imputadas por corrupción que se hayan enriquecido personalmente o financiado de forma ilegal a un partido, la asociación cree que, para una lucha «verdaderamente ejemplar» en esta materia, es necesario ampliar el espectro.
En declaraciones a Europa Press, el colectivo ha argumentado que considera «imprescindible» precisar el momento exacto a partir del cual a un cargo público ha de considerársele imputado por un delito relacionado con la corrupción y no olvidar nunca que, por muy «contundente» que se sea en la lucha contra esta práctica, hay que respetar el derecho fundamental de la presunción de inocencia.
Por todo ello confían en que estas cuestiones «de cierta complejidad pero muy avanzadas en la doctrina» queden definidas en el marco de las negociaciones entre ambas formaciones políticas y por tanto el acuerdo no se ciña únicamente a dichos temas «tan limitados» sino que «conduzca a un catálogo más amplio».
Desde Foro Judicial Independiente (FJI) aclaran que «es más útil potenciar la independencia y eficacia de la Justicia» por parte de los partidos políticos que apostar por acuerdos «cambiantes y mutantes». Consideran que la «solución» es garantizar una Justicia independiente y que dé una respuesta «razonablemente rápida», y para ello propone potenciar las figuras delictivas que abarca el problema de la corrupción.
AVISAN DE QUE EL ACUERDO NECESITA DEL RESTO DE FUERZAS POLÍTICAS
La Asociación de magistrados Francisco de Vitoria se ha remitido, por su parte, al conjunto de ocho medidas contra la corrupción propuestas por el conjunto de asociaciones de jueces, como la reforma de la regulación de la contratación única o la tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos, afirmando que dicho documento sigue siendo «claramente válido».
Así las cosas ha recordado que, al margen de estas conversaciones entre Partido Popular y Ciudadanos de cara a cerrar un posible acuerdo de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en la actualidad hay una serie de normativas, como las leyes orgánicas, que exigen de una mayoría absoluta de la Cámara Baja para ser modificadas, por lo que para que un acuerdo en esta materia tuviera verdadera repercusión necesitaría de la implicación del resto de fuerzas políticas. (EP)
