Los cinco jóvenes andaluces procesados por un delito de violación durante los pasados sanfermines están citados por el juez para prestar declaración este viernes por videoconferencia desde las cárceles en las que se encuentran presos.
Tres de ellos están en el Centro Penitenciario de Pamplona, otro en la prisión de Logroño (el guardia civil) y el último se encuentra en Alcalá Meco (el militar).
Será la primera vez que declaren, porque hasta la fecha se han acogido a su derecho a no declarar. Sin embargo, desde el pasado mes de julio, tras contar con asistencia letrada, manifestaron su intención de declarar ante el juez.
El juez Edilberto Esteban, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, les ha procesado por cinco delitos de agresión sexual por la presunta violación en grupo en la madrugada del 7 de julio de una joven madrileña, acto que grabaron con un móvil.
Asimismo, en su auto de procesamiento el juez impuso a los cinco encausados una fianza de 500.000 euros, adecuada, sin perjuicio de su determinación final, a las circunstancias de «unos hechos de extrema gravedad, ejecutados en grupo y de manera reiterada, con múltiples penetraciones».
Según se relata en la resolución, sobre las 3:00 horas del 7 de julio el procesado J.A.P.M inició una conversación con la joven en la Plaza del Castillo, antes de que él y sus cuatro amigos -J.E.D., A.J.C.E., A.M.G.E y A.B.F.- la acompañaron hacia el coche en donde ella tenía la intención de dormir.
En el camino, aprovechando que una vecina acababa de abrir el portal número 5 de la calle Paulino Caballero, del que J.A.P.M. mantuvo sin cerrar la puerta exterior, agarraron a la joven por las muñecas y la obligaron a entrar, rodeándola.
Los 5 jóvenes, valiéndose de su superioridad física y de la imposibilidad de ella para solicitar auxilio u oponerse a sus pretensiones, la sujetaron y le obligaron a realizar varios actos sexuales.
Los procesados «incluso se animaban y jaleaban entre sí» esperando y reclamando el turno, mientras uno de ellos «grababa además con su teléfono móvil los hechos con el consentimiento de los demás, que se dirigieron en varias ocasiones a la cámara».
En cuanto pudo vestirse, la joven salió al exterior donde fue atendida por unos desconocidos que llamaron a la Policía.
En su relato de los hechos, la víctima facilitó datos identificativos de los autores, lo que permitió su detención unas horas, tras el encierro.
En los hechos, que se ejecutaron de forma colectiva, concurre, según el magistrado, el agravante de trato degradante o vejatorio, ya que en la grabación se aprecia «cómo los procesados se reían de la víctima», además de que a su entender el mero hecho de la grabación es «una vejación adicional».
La actuación conjunta de varias personas y el hecho de que la víctima «era especialmente vulnerable, tratándose de una chica de dieciocho años que se encontraba sola», han sido también consideradas por el juez como agravantes.
Por todo ello, se mantiene que «en ningún caso» cabe apreciar consentimiento de la víctima cuando, por el contrario, la grabación pone de manifiesto una dinámica de los hechos incompatible con la aceptación o tolerancia de los actos de acceso carnal ejecutados sobre ella, «en un evidente abuso de una situación de superioridad física».
