La Audiencia Nacional ha rechazado dejar en libertad al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, en prisión desde el pasado mes de abril por extorsionar a bancos y empresas, al entender que de hacerlo se pondría en riesgo la investigación porque podrían influir en testigos.
La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado así las últimas decisiones del Juzgado Central de Instrucción número 1 de oponerse a la puesta en libertad.
En el caso del primero, sostiene la Sala que no se aprecia que, pese a sus 74 años, existan «flaquezas físicas importantes» en el investigado que justifiquen su salida de prisión.
Andreu rechazó la puesta en libertad de Bernand siguiendo el criterio de la Fiscalía y en sustitución del juez instructor Santiago Pedraz, que se encontraba entonces de vacaciones.
también se rechazó el pasado junio una segunda solicitud de Bernad para abandonar la cárcel. En aquella ocasión reclamaba permanecer bajo arresto domiciliario tras someterse a una operación de desprendimiento de retina.
NO CREEN SU DECLARACIÓN
Añade que, «además por mucho que se esfuerza la parte desgranando la declaración exculpatoria de su patrocinado y las referencias a dos testigos, de momento el juicio de la imputación es muy provisional y no ha sido desvirtuado de manera patente», por lo que mantiene la medida cautelar que se dictó contra el secretario de Manos Limpias el pasado mes de abril.
En ambos casos, los de Bernad y Pineda, la Sala considera que su arraigo como ciudadanos españoles no es causa para modificar la medida de prisión y consideran importante que esta decisión se mantenga, de momento, mientras continúa la investigación del juez Santiago Pedraz.
El instructor cree que Pineda y Bernad comenzaron a trabajar juntos a raíz de la investigación abierta contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en un juzgado de Madrid por la compra del Banco de Florida, que finalmente fue archivado.
TIEMPO EN PRISIÓN NO RELEVANTE
Los magistrados añaden que, también en ambos casos, «la premisa fáctica para deducir la conclusión de inexistencia objetiva del riesgo de fuga a base de establecer unas comparecencias ante el Juzgado y, acordar una fianza asequible no resulta aceptable dado el tiempo transcurrido en privado de libertad (mes de abril) que no es cuantitativamente relevante».
El instructor investiga si el grupo Ausbanc llevó a cabo prácticas «cuanto menos intimidatorias» contra las entidades financieras para que le pagasen «cuantiosas» aportaciones económicas — encubiertas como pagos por publicidad, estudios de mercado o patrocinios de jornadas– a cambio de no dirigir contra ellas «campañas de desprestigio» o acciones judiciales.
Ausbanc, que llegó a recaudar 38,9 millones de euros de las entidades financieras, recibió también subvenciones públicas y cuotas de socios, que eran «meros convidados de piedra» y con los que, aprovechando su confianza, presionaban para aparentar ser una «asociación de consumidores potente y poder acceder» a las ayudas públicas.
Los investigadores, que creen que las prácticas de Pineda se extendieron a países como en Reino Unido, Colombia, Venezuela y EEUU, han detectado presiones en los casos de Nóos, Sabadell, Unicaja en los ‘ERE’ y Facua. (EP)
