La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto a la alcaldesa del municipio, Manuela Carmena. (EP)
El Ayuntamiento pedirá a la Comunidad la nulidad de la venta de viviendas de la EMVS al grupo Fidere
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12/9/2016 14:58
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Actualizado: 12/9/2016 15:02
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El Ayuntamiento de Madrid pedirá a la Comunidad la «nulidad radical» del proceso de venta de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) realizada entre 2012 y 2013 al fondo buitre Fidere por 128,5 millones de euros, tras las «irregularidades» detectadas por la Cámara de Cuentas.
Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, también presidenta de la EMVS, que ha puntualizado que solicitarían, con el proceso en el Tribunal de Cuentas como telón de fondo, la responsabilidad contable de todos los responsables de esa enajenación, no sólo la del consejero delegado de la empresa.
Ponen en el foco al «consejo de administración, donde hubo consejeros que se opusieron a la venta y a los que no les alcanzará la responsabilidad», en la junta general de accionistas, «que la forman la Junta de Gobierno y que ésta tuvo mucho que decir». Si al final el Tribunal de Cuentas decreta que hay alcance contable, el Ayuntamiento solicitará que se resarza y en este punto se «podrían embargar los bienes de las personas imputadas».
El Ayuntamiento presentará en un plazo de diez días al Consejo Consultivo de la Comunidad o en su comisión sustitutoria la petición para declarar la «nulidad radical» del acto de venta de viviendas, un enrevesado procedimiento al que se puede acceder sin límite de tiempo y siempre por causas tasadas por la ley.
En este sentido, la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid deberá pronunciarse al respecto,«informe que es preceptivo y vinculante para el Ayuntamiento», ha señalado Higueras. Lo que supone que el ejecutivo de Cristina Cifuentes deberá dictaminar si, como sospecha el gobierno de Manuela Carmena, hubo irregularidades en la venta de estas viviendas.
Entre esas supuestas irregularidades estarían la «inexistencia de un procedimiento legalmente establecido» para la enajenación dado que lo que hubo, en palabras de Higueras, fue una mera «apariencia de procedimiento».
Ha explicado que esta petición inicial sólo afecta a la preparación y adjudicación del procedimiento, pero no a la contratación y resolución de la misma, cuya nulidad habría que perseguir a continuación a través de un procedimiento civil que podría prolongarse «entre ocho y diez años».
Si el Ayuntamiento de Madrid no logra la nulidad del proceso, tendría que pagar 30 millones de euros por las costas judiciales.
En cambio, si finalmente se determinara la nulidad, las viviendas adquiridas por Fidere pasarían a la EMVS, que tendría que devolver al grupo el importe de la venta (128 millones de euros) más el lucro cesante que estime el propio fondo, una cantidad total que todavía no pueden precisar desde el Ayuntamiento pero que sería «muy superior» a los 30 millones.
La delegada es «optimista» con el hecho de que la Comunidad otorgue esa nulidad radical una vez que estudie las alegaciones y las irregularidades encontradas por la Cámara de Cuentas en su informe definitivo. «Está en sus manos que se pueda llegar adelante», ha expuesto.
Regulación estadounidense contra los sobornos
Como último recurso, el Gobierno de Manuela Carmena no descarta acudir a la regulación estadounidense contra los sobornos, ya que Higueras ha recordado que los fondos que adquirieron las viviendas a través de Fidere (Magic Real State y Blackstone) son americanos.
El informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determinaba que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación, ha sido remitido por este organismo a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que debe analizar si hubo irregularidades económicas en el proceso. (CONFILEGAL/EP)
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