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El derecho al olvido en Internet, un éxito del abogado español Joaquín Muñoz

De derecha a izquierda, Joaquín Muñoz, Julio César Rivera, Carolina Botero, Olmedo Arrocha y Fernando Fernández.
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El 13 de mayo de 2014 es hoy una fecha histórica. Es la fecha que tiene la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que acabó con la indefension de los ciudadanos en Internet. Fue el llamado “caso Costeja”, llamado así por el apellido del demandante, Mario Costeja, quien reclamó que sus datos personales “desaparecieran” de las búsquedas de Google.

El TJUE falló a su favor, haciendo realidad la implementación del “derecho al olvido” en los 28 países que forman la Unión Europea.

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Lo que pocas personas saben es que detrás de ese éxito está el abogado español Joaquín Muñoz, hoy director del Departamento de Nuevas Tecnologías del despacho Ontier, representante legal de Costeja.

Fue un éxito sin precedentes. Un nuevo caso de David contra Goliat que ha obligado a gigantes como Google y a otros buscadores a afrontar sus responsabilidades sobre determinadas informaciones no de interés que deberán desaparecer.

El propio buscador creó un formulario y una metodología para agilizar este derecho a cancelación de esos datos.

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De esto precisamente habló Muñoz en el Congreso Centenario del Código Civil de Panamá, donde fue actuó como invitado especial en un panel titulado “El Derecho Civil frente a la Sociedad de la Información”.

En ese marco, Muñoz debatió con la activista digital colombiana Carolina Botero sobre el cambio de paradigma que la irrupción de las nuevas tecnologías supone a la hora de proteger derechos civiles de los usuarios como la intimidad frente a otros derechos como el derecho a la información.

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A Botero, que fue relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), le correspondió, por tanto en esa mesa redonda, plantear su visión sobre el derecho a la información que tienen los ciudadanos.

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Y es que desde que se conoció el fallo sobre el derecho al olvido la discusión entre expertos se ha centrado entre la necesidad de informar y el deseo de proteger la intimidad de las personas.

En opinión de Muñoz, “en cuanto a la aplicación del derecho al olvido, la sentencia del TJUE fue muy contundente a la hora de señalar que en ocasiones en los que diferentes derechos como el derecho a la información o el derecho a la intimidad concurran ha de ponderarse caso por caso qué derecho prevalece atendiendo a criterios como el interés público en conocer la información o la naturaleza de la información a desindexar, requiriendo que dicha información sea inexacta, irrelevante u obsoleta”.

Para este jurista español, experto en temas de privacidad, sobre un desarrollo del mencionado derecho en este continente “la regulación de este derecho en Latinoamérica deberá en todo caso tener en cuenta la idiosincrasia de cada país y no debería utilizarse por la clase política con fines de ocultar determinadas informaciones “incómodas” a la opinión pública”.

En este intenso debate, moderado por la abogada panameña Lía Patricia Hernández, se repasaron alguno de los casos más mediáticos de la vida pública latinoamericana en los que la delgada línea entre derecho a la información y derecho a la intimidad ha sido causa de polémica.

CÓDIGO CIVIL PANAMEÑO

A lo largo del pasado fin de semana tuvo lugar en Ciudad de Panamá un evento que resaltó la efeméride del Código Civil panameño. El encuentro organizado por el Colegio Nacional de Abogados de Panamá contó con la participación de abogados y magistrados locales así con cierta representación de abogados internacionales llegados desde Argentina (Julio César Rivera), Colombia (Carolina Botero y Maximiliano Aramburu), Chile (Fernando Fernández), y Francia (Jean Francois Le Coq).

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En el Congreso se trataron, además, otros asuntos entre los que destacaron las ponencias del profesor colombiano Maximiliano Aramburo Restrepo y la “Modernización de la Responsabilidad Civil”. En tanto, el profesor argentino Julio Cesar Rivera, planteó el futuro o destino de la Codificación y la experiencia argentina en unificar en un solo Código el Civil y el Mercantil.

Por otro lado, el profesor chileno Fernando Fernández abordará el tema relacionado con el Comercio Electrónico, sus lecciones aprendidas y las buenas prácticas. A la vez, se darán cita profesionales nacionales entre los que podemos mencionar a: Octavio Del Moral (“Evolución de la Codificación en Panamá); Salvador Sánchez (La Garantías Fundamentales contenidas en el Libro I del Código Civil) ; Raúl Olmos (Los Efectos del Sistema Penal Acusatoria con relación al Derecho de Propiedad);

Otros juristas que intervinieron fueron el magistrado Hernán De León (El Daño Moral y el problema de su Quantum); el magistrado Miguel Espino (La Modernización del Proceso Civil y el Proyecto de Ley No. 244 de 2016 sobre Simplificación Judicial); Liliana Sánchez (Efectos para Terceros de la Cláusula Arbitral); y Adolfo Linares (La Lista Clinton: Acaso una “Capitis Diminutio”)

El coordinador del Congreso, Olmedo Arrocha, presentó en el mismo su libro “Biografía y Genealogía de un Código” en el cual hace un estudio genealógico de las fuentes de las que bebió el Código panameño, con influencias principalmente de las normas civiles de España y Colombia.

Arrocha ha sido la cabeza visible desde hace un año de la Comisión de la Conmemoración de los 100 años de la Codificación del Código Civil cuyos trabajos han fructificado en el mencionado evento que tuvo una gran aceptación por los profesionales que llenaban las instalaciones de la entidad colegial. Según los apuntes históricos, en el año 1916 Panamá decide adoptar un nuevo Código Civil, en reemplazo del de 1903.