El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, salió ayer a defender públicamente la independencia de Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general del Estado durante los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y designado instructor en la causa abierta en el alto tribunal contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá por el ‘caso Taula’, el supuesto blanqueo de capitales por el PP en en ese ayuntamiento.
«El hecho de que un juez haya tenido otra responsabilidad en otro momento de su vida no afecta a su función como juez», explicó Lesmes en una entrevista a Radio Nacional de España recogida por Europa Press.
En la misma, el presidente del Supremo destacó la «imparcialidad» e «independencia radical» de los magistrados españoles.
«Es uno de los valores para el ejercicio de esta profesión», aseguró.
La máxima autoridad de la justicia española defendió así al magistrado Conde-Pumpido después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se quejara en su nombre y en el de la Sala por las declaraciones de la exvicepresidenta del Congreso y diputada del PP, Celia Villalobos, y del vocal del CGPJ, Fernando Grande-Marlaska.
Celia Villalobos defendió la «honorabilidad» de Barberá y aconsejó a la actual senadora que dejara su escaño tras la designación de Conde-Pumpido, del que cuestionó su imparcialidad.
«Teniendo al señor Conde Pumpido yo me iría rápida, me iría a toda leche», dijo Villalobos en el Congreso.
Lesmes hizo saber a Ana Pastor, la presidenta del Congreso de los Diputados, el malestar que las palabras de Villalobos había creado entre los 16 magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Grande-Marlaska, por su parte, contestó a Carlos Herrera, en Herrera en Cope, el pasado miércoles, “no le voy a decir mi opinión para no crear desconfianza”, cuando fue preguntado acerca de Conde-Pumpido.
La asociación progresista Jueces para la Democracia anunció la pasada semana que presentaría un escrito en el CGPJ pidiendo la dimisión de Grande-Marlaska como vocal.
El presidente del Tribunal Supremo proclamó que los jueces «no reciben órdenes ni directrices» de ningún otro poder público y lamentó que el cuestionamiento de su independencia «hace daño a la imagen de la Justicia» ante los ciudadanos.
«Nos perjudica como institución porque basamos nuestra actuación en la confianza, porque si no existe confianza, el sistema de justicia no sirve para nada», ha argumentado.
