«No le voy a decir mi opinión para no generar desconfianza», de esta forma respondió Fernando Grande-Marlaska, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuando el periodista Carlos Herrera le preguntó sobre el hecho de que la instrucción sobre el caso Rita Barberá había caído en el magistrado del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido.
«Diciéndome que si dieras tu opinión generarías desconfianza, ya me lo has dicho, sin decírmelo. Mi trabajo es buscar un titular. Entonces, Grande-Marlaska: Si yo dijera lo que pienso, generaría desconfianza. A buen entendedor…», le contestó Herrera.
A lo que Grande-Marlaska le respondió: «No, yo no he dicho nada. Yo sólo he expuesto la cuestión. Es decir, tampoco voy a estar silente, ¿no?. Con todo lo que he hablado ni puedo decir más. Que cada uno interprete. Pero yo no he entrado al fondo».
Grande-Marlaska hizo estas declaraciones durante la entrevista que el periodista le hizo a Grande-Marlaska con motivo de la publicación de su libro, «Ni pena mi miedo», en su programa «Herrera en Cope».
El vocal del CGPJ opinaba así sobre el hecho de que el Tribunal Supremo hubiera abierto causa contra la senadora y exalcaldesa de Valencia por el PP, Rita Barberá, por el supuesto delito de blanqueo de capitales, que ha llevado al juzgado a nueve concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia y al propio Partido Popular, y en que ha quedado designado como instructor el magistrado Cándido Conde-Pumpido.
En un auto del Tribunal Supremo, del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, se destaca que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia en la exposición razonada pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código Penal.
Cándido Conde-Pumpido es el magistrado más antiguo de la Sala Segunda, donde entró en 1995. Fue uno de los fundadores, en 1984, de la organización progresista Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz en dos periodos, de 1984 a 1986 y de 1992 a 1994.
Entre 2004 y 2011 fue fiscal general del Estado, durante los dos mandatos del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Precisamente esta circunstancia y el hecho de que la investigada sea un miembro del PP ha hecho que, desde algunos medios conservadores, se hayan creado algunas dudas sobre su independencia e imparcialidad.
Conde-Pumpido, sin duda es uno de los magistrados más competentes del Tribunal Supremo y puede decir que tiene bien contrastadas ambas cualidades. Porque en esa misma Sala de lo Penal formó parte de los tribunales que condenaron al expresidente socialista de la Comunidad Foral de Navarra, Gabriel Urralburu, y al exministro del Interior del PSOE, José Barrionuevo, y el exsecretario de Estado de Interior, Rafael Vera, por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano que nada tenía que ver ETA; en ambos casos fue ponente. Al igual que en el recurso de casación del caso de Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil, que aumentó la condena.
El pasado mes de enero formó parte, así mismo, como ponente, del tribunal que condenó a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, por el PSOE, Pilar Sánchez, a cuatro años y medio de prisión por malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación.
Y un mes más tarde, también fue parte del tribunal que ratificó las condenas de 1 años y 4 meses de cárcel al exsecretario de organización del PSC, Daniel Fernández, y al exalcalde socialista de Sabadell, Manuel Bustos, por un delito de tráfico de influencias.
Al magistrado le correspondió el caso por riguroso orden de reparto, según ha podido saber Confilegal.
