La presentación de un libro jurídico rara vez se convierte en un termómetro político y cívico. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió ayer por la tarde-noche en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía Española.
La puesta de largo de «Sobre el imperio de la ley«, el nuevo ensayo de Javier Cremades, derivó rápidamente en algo más inquietante: un aviso serio sobre la salud democrática, formulado desde el núcleo mismo de las instituciones.
El auditorio se quedó pequeño. Abogados, juristas, jueces, fiscales, embajadores, políticos y empresarios de muy distinta procedencia llenaron la sala, en un ambiente más propio de una sesión de diagnóstico que de una cita editorial.
El interés no era casual. El libro, publicado por Galaxia Gutenberg, llevaba apenas unos días en las librerías y ya figuraba entre los más vendidos en Amazon en la sección de Democracia. Pero pronto quedó claro que el éxito comercial era lo menos relevante.
Máxime con las personalidades que Cremades, socio director de la firma Cremades & Calvo Sotelo y presidente de la World Jurist Association, logró reunir para este fin: Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional, y Manuel Aragón, magistrado emérito del máximo tribunal de garantías y catedrático jubilado de Derecho Constitucional. Dos espadas de primer nivel.
Sin olvidar la introducción preclara del presidente del CGAE, Salvador González, que preparó el terreno previamente.
La inquietud como punto de partida
La moderadora del acto, la periodista María Rey, abrió el debate alejándose deliberadamente del lenguaje técnico. Habló como periodista y como ciudadana. Y lo hizo sin rodeos. Con una confesión pública: “Nunca tuve la sensación de que fuera tan frágil el Estado de Derecho y el estado de libertades”.
Rey situó el debate en un plano incómodo pero reconocible para el público: el de una democracia que empieza a percibirse como vulnerable, cuestionada desde dentro y desde fuera.
Conde-Pumpido: El imperio de la ley como núcleo irrenunciable
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, recogió esa preocupación y la situó en un plano estructural. Su intervención —y las reflexiones que viene sosteniendo desde hace años— giraron en torno a una idea central: el Estado de Derecho no es una noción difusa ni un eslogan tranquilizador. Tiene un núcleo preciso y no negociable: el imperio de la ley.
Conde-Pumpido subrayó que no se trata de cualquier ley, sino de la ley democráticamente aprobada y aplicada con imparcialidad, y celebró que el libro de Cremades huya de una concepción genérica del Estado de Derecho, convertida hoy —advirtió— en un término comodín que todo lo soporta y todo lo vacía. El libro de Javier Cremades, «Sobre el imperio de la ley», dijo, va directamente al centro del problema.
Desde ahí, lanzó una advertencia que atraviesa tanto su discurso actual como sus intervenciones anteriores: la erosión del Estado de Derecho suele comenzar desde dentro.
No con golpes de fuerza, sino con la deslegitimación progresiva de las instituciones de control, en especial del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Cuando las resoluciones no gustan, se cuestiona al órgano; cuando el límite incomoda, se intenta desacreditar al límite.
La línea roja, insistió, es clara. “No es lo mismo criticar una ley que invadir el Capitolio, que es donde se hacen las leyes”.
Esa frase sintetizó una preocupación más amplia: la sustitución del derecho por la presión, por la fuerza o por la desobediencia justificada en nombre de una supuesta legitimidad superior. Un fenómeno que Conde-Pumpido ha observado en distintos países y que conecta con su advertencia más dura: “La intolerancia, la estupidez y el fanatismo pueden combatirse por separado, pero juntos no hay esperanza”.
Durante décadas —recordó— se creyó que la humanidad había avanzado de forma irreversible hacia un orden basado en el derecho. Hoy esa convicción se ha debilitado: “Pensábamos que la larga marcha para sustituir la fuerza por el derecho estaba consolidada. Hoy vemos que no es irreversible”.
Los ataques a parlamentos, tribunales y organismos internacionales no son anomalías aisladas, sino síntomas de un retroceso que obliga a repensar la fortaleza real del sistema.
El presidente del Constitucional introdujo además una reflexión que conectó directamente con el libro de Cremades: la creciente complejidad del derecho. En su afán por regular nuevas realidades —desde el medio ambiente hasta los derechos de las generaciones futuras— el derecho corre el riesgo de alejarse de la ciudadanía.
Cuando las normas se perciben como incomprensibles o ajenas, advirtió, se resiente su legitimidad. Y sin respaldo social, ninguna arquitectura jurídica se sostiene: “Un sistema que no tiene el apoyo de la gente no perdura”.
Manuel Aragón: El Estado de Derecho no tiene recambio
Si Conde-Pumpido habló desde la perspectiva institucional, Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, aportó una mirada de larga duración constitucional, tan sobria como contundente. Aragón fue claro: el Estado de Derecho no tiene recambio.
No existe —advirtió— una democracia “adaptada”, “flexible” o “reinterpretada” que pueda prescindir de él sin consecuencias. Cuando se abandona el imperio de la ley, lo que lo sustituye no es una democracia más avanzada, sino alguna forma de autoritarismo, incluso cuando se presenta con apariencia constitucional.
“Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia, sino despotismo, aunque sea el despotismo de la mayoría”, afirmó con rotundidad.
Aragón insistió en una idea que ha defendido reiteradamente: las democracias constitucionales ya no suelen caer mediante golpes de Estado clásicos. Caen por deterioro interno. Por colonización institucional, por ruptura de consensos básicos, por interpretaciones interesadas de la Constitución y, sobre todo, por una polarización que convierte al adversario en enemigo.
La palabra clave de su intervención fue concordia. Sin ella —explicó— el sistema se queda sin sustrato. Las normas pueden seguir vigentes, los tribunales pueden seguir funcionando, pero el Estado de Derecho empieza a vaciarse. “Sin concordia no puede mantenerse el Estado de Derecho”, afirmó.
Aragón fue especialmente crítico con la polarización política, a la que calificó como el mayor enemigo de las democracias representativas. No porque elimine el conflicto —el conflicto es consustancial a la democracia—, sino porque lo degrada hasta hacerlo incompatible con las reglas comunes. Cuando el pluralismo se transforma en trinchera, la Constitución deja de ser un marco compartido y se convierte en un arma arrojadiza.
Su metáfora del cesped del jardín, lejos de ser retórica, condensó su diagnóstico: la democracia se nutre desde abajo, de la voluntad popular, pero se mantiene desde arriba, mediante educación cívica, ejemplaridad institucional y responsabilidad de quienes ejercen el poder. Cuando ese cuidado desaparece, el deterioro es lento, casi imperceptible, pero profundo. Y la recuperación, incierta.
Dos voces, un mismo aviso
Desde registros distintos, Conde-Pumpido y Aragón coincidieron en lo esencial: el Estado de Derecho no está siendo derrocado, está siendo erosionado. Y esa erosión no es inevitable, pero sí acumulativa.
Ambos reforzaron la tesis central del libro de Cremades: la democracia constitucional no muere de golpe. Se debilita cuando se normaliza la deslegitimación de los jueces, cuando se relativiza la Constitución, cuando se acepta que las reglas solo valen si favorecen a los propios.
Javier Cremades: cómo se destruye un Estado de Derecho sin que casi nadie se dé cuenta
Cuando Javier Cremades tomó la palabra, el debate dejó definitivamente de ser descriptivo para convertirse en explicativo. Si los dos magistrados habían alertado del riesgo, Cremades se propuso algo más incómodo: explicar el mecanismo. Cómo funciona la erosión. Cómo se degrada un Estado de Derecho sin necesidad de golpes de Estado, tanques ni rupturas espectaculares.
Su punto de partida fue una idea que atraviesa todo su libro «Sobre el imperio de la ley»: el derecho no es un artefacto técnico que opere solo desde los tribunales. “El ordenamiento jurídico no es un texto inerte que se aplica por la fuerza, sino un organismo vivo que necesita la adhesión de la comunidad política”, afirmó.
No adhesión entusiasta, precisó, sino adhesión voluntaria de la mayoría social. Cuando esa adhesión se debilita, el sistema empieza a fallar aunque las leyes sigan formalmente vigentes.
Cremades fue directo al núcleo del problema contemporáneo: la paradoja de una sociedad que intuye el peligro, pero desconoce sus causas. “Hay mucha gente que piensa que estamos en riesgo, pero el problema es que la gente no sabe cómo se pone en riesgo un Estado de Derecho”, explicó.
Esa ignorancia —sostuvo— es letal. Comparó la situación con una enfermedad silenciosa: el cuerpo da señales de alarma, pero nadie sabe interpretarlas. Y sin diagnóstico, no hay defensa posible. De ahí la vocación pedagógica del libro: explicar cómo se erosiona y cómo se fortalece un Estado de Derecho.
Primer mecanismo: convertir a los jueces en el enemigo
El primer vector de erosión que señaló fue la deslegitimación sistemática del Poder Judicial. No la crítica razonada a una sentencia —legítima en democracia—, sino el ataque personal y estructural al juez como figura.
“Decir que un poder del Estado es un mal poder es una de las formas más frecuentes de erosionar el Estado de Derecho”, precisó.
Cremades insistió en una distinción clave que, a su juicio, se está perdiendo: los jueces pueden equivocarse, sus sentencias pueden recurrirse y criticarse, pero la institución no puede ser desacreditada sin consecuencias. “Impugnamos las sentencias, podemos criticarlas, pero aceptamos su legitimidad. Si quitamos a los jueces, nos quedamos sin defensa frente al abuso de poder”, aseveró.
Segundo mecanismo: violar la Constitución cumpliendo la ley
El segundo mecanismo que describió fue todavía más inquietante: el uso de procedimientos formalmente constitucionales para vaciar de contenido la Constitución. Reformas legales impecables en apariencia que, en realidad, destruyen los contrapesos.
Puso ejemplos concretos y actuales. El caso de México fue uno de los más claros: “Se ha reformado la Constitución para liquidar el Poder Judicial. ¿Es constitucional? Formalmente sí. Pero es violar la Constitución”.
La elección de jueces promovidos por partidos políticos, explicó, no democratiza la justicia: la coloniza. Lo mismo ocurrió —recordó— en Bolivia, cuando el Tribunal Constitucional avaló que Evo Morales tenía un “derecho fundamental” a volver a presentarse pese a haber agotado sus mandatos: “Eso es colonizar un poder del Estado para perpetuarse en el poder usando el derecho contra el derecho”.
Tercer mecanismo: la pérdida del acceso a la verdad
El tercer gran factor de degradación es más reciente y, según Cremades, potencialmente devastador: la crisis del acceso a la verdad en la era digital. “En esta época de digitalización es extremadamente difícil entender lo que está pasando”, advirtió.
Se refirió a los asaltos institucionales en Brasil y Estados Unidos para subrayar una idea incómoda: muchos de los que participaron no creían estar dando un golpe de Estado, sino defendiendo la Constitución: “Estaban mal informados. Pensaban que estaban rescatando la Constitución”.
La desinformación —alimentada por algoritmos y redes— puede movilizar a masas convencidas de actuar legítimamente mientras destruyen el propio sistema que dicen proteger.
La metáfora del sabotaje silencioso
En uno de los pasajes más gráficos de su intervención, Cremades recurrió a una metáfora que resume su tesis central: “Si yo quiero boicotear el edificio de mi competidor, no pongo una bomba. Desconecto enchufes, atasco tuberías, suelto cucarachas. Al final, el edificio sigue en pie, pero ya no es habitable”.
Así —concluyó— actúan los enemigos del Estado de Derecho: no lo derriban, lo sabotean. Y muchas veces lo hacen con la colaboración inconsciente de una ciudadanía poco formada jurídicamente.
“Los enemigos del Estado de Derecho lo destruyen poco a poco, a veces con la cooperación de ciudadanos que no saben que están destruyendo su principal instrumento de defensa frente al abuso de poder”, concluyó.
Un alegato cívico, no académico
Cremades dejó claro que «Sobre el imperio de la ley» no pretende ser una obra erudita ni un tratado técnico. Es, en sus propias palabras, una voz de alarma. Un intento de devolver al debate público conceptos que se están vaciando de contenido: ley, Constitución, separación de poderes, verdad.
Su mensaje final fue tan claro como incómodo: el Estado de Derecho no desaparece de repente. Se deteriora cuando se normaliza el ataque a los jueces, cuando se manipula la legalidad y cuando la verdad deja de importar.
Y entonces —advirtió— ya suele ser demasiado tarde para reaccionar.
