La presentación del último número de la revista Otrosí, centrado en “Las grietas del Estado de Derecho en el mundo”, reunió en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) a juristas, académicos y representantes europeos con una idea en común: algo profundo está fallando en las democracias.
El primero en ponerlo negro sobre blanco fue el magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, que abrió la sesión con una advertencia que dejó la sala en silencio: «La democracia constitucional y Estado de Derecho son indisociables. De tal manera que cuando se deteriora la democracia constitucional, inevitablemente también se encuentra en grave riesgo el Estado de Derecho«.
Aragón se mostró especialmente crítico con el «el uso abusivo de los decretos-leyes, extraordinariamente abusivo, que de normas excepcionales como la Constitución ha previsto, han pasado a ser un modo ordinario de legislación».
También denunció el estado del procedimiento legislativo ordinario: «la utilización fraudulenta de las proposiciones de ley, la introducción de enmiendas intrusas, la adopción constante de procedimientos de urgencia y la limitación extraordinaria de los tiempos de debate».
Y añadió que todo ello produce: «textos prelegislativos con escasa calidad técnica que han dado lugar a unas leyes de muy escasa calidad, llenas de declaraciones programáticas, principios, discursos, contradicciones internas y preceptos difícilmente interpretables».
El magistrado emérito del TC también se refirió al avance del fallo de la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo, que ha provocado una reacción política inaceptable, lo cual constituye una amenaza directa a la independencia judicial y un síntoma de deterioro del Estado de Derecho.
«La reciente reacción, absolutamente inadmisible. No solamente de políticos, sino de autoridades públicas frente a una sentencia del Tribunal Supremo, aún sin haberse siquiera conocido», declaró con toda claridad.
Aragón, por último, reclamó un Tribunal Constitucional que «guarde lealmente la Constitución» en lugar de actuar como si fuese un órgano reformador.
SÓLO UN 12 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL VIVE EN UNA DEMOCRACIA LIBERAL
La diputada de la Junta de Gobierno del ICAM, Roberta Pozas, que moderó el acto, centró el debate trazando describiendo un panorama global inquietante: en sociedades cada vez más polarizadas –«cuanto más polarizada está la sociedad, menos cuestiona», dijo–, lo que convierte cualquier crítica al poder en «un ataque» que refuerza la idea de persecución del gobernante.
Expicó que los principales índices internacionales para ilustrar la dimensión del problema: más del 68 % de los países han retrocedido en indicadores de Estado de Derecho; solo un 12 % de la población mundial vive en una democracia liberal, mientras que el 72 % lo hace bajo regímenes autocráticos.
Y recordó un dato tan contundente como revelador: desde 1946 se han producido 46 autogolpes, «y el 37 % en los últimos ocho años».
HAY QUE GARANTIZAR PLENAMENTE LA AUTONOMÍA DEL MINISTERIO FISCAL ANTES DE ENTREGARLE LA INSTRUCCIÓN
La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional María Tardón llevó el análisis a la perspectiva judicial. Coincidió en que nuestro Estado de Derecho «es fuerte», pero advirtió que muestra «grietas que ya empiezan a ser un poco preocupantes».
Para ilustrarlo, recordó que la legislatura arrancó con referencias al lawfare y con la propuesta de crear comisiones parlamentarias capaces de abrir procesos disciplinarios a jueces, algo que calificó de «alarmante».
Criticó también la reacción institucional tras la sentencia del Tribunal Supremo que afectó al fiscal general del Estado, y denunció que desde algunos ámbitos políticos y de gobierno se haya insinuado que «aquí se ha condenado sin pruebas».
Esa narrativa, sostuvo, contribuye a «sembrar la idea de que los jueces somos una casta» o incluso «una punta de lanza de la fachosfera». Y no es verdad.
«Basta con entrar en la página web del Consejo General del Poder Judicial para comprobar que la inmensa mayoría de los jueces procedemos de familias en las que somos los primeros universitarios que, además, hemos sacado nuestra oposición a fuerza de trabajo y de poner los codos, en muchas ocasiones compaginando trabajo y estudios», subrayó.
Tardón alertó además del riesgo de alterar el acceso a la carrera judicial o de entregar la instrucción penal a la Fiscalía sin antes garantizar plenamente su autonomía. Y reivindicó la acción popular, que —recordó— ha resultado determinante en numerosos procesos de corrupción.
EL MECANISMO EUROPEO DEL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA
El exdirector de la Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, aportó la mirada que se tiene desde Bruselas.
Explicó cómo, a mediados de 2014, cuando la Comisión alertó a Polonia por sus reformas judiciales, recibió una respuesta tajante: «¿Ustedes de qué me hablan? El Estado de Derecho es una competencia nacional».
Sin embargo, recordó que esa visión ignora una realidad clave: si un juez no ofrece las debidas garantías de independencia, no solo afecta al país en cuestión, sino al mercado interior y, en consecuencia, al conjunto de la Unión.
Fonseca detalló el funcionamiento del Mecanismo Europeo del Estado de Derecho, una auditoría anual que examina la independencia judicial, la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y el sistema de contrapesos.
Según dijo, el sistema ha demostrado su eficacia: «cuando a alguien se le dice name and shame, se pone firmes», incluso gobiernos tan reticentes como los de Polonia o Hungría, que tienen parte de sus fondos europeos congelados.
Aun así, lanzó un aviso: «No hay ningún apetito para reformar los Tratados», pese a la necesidad de reforzar los mecanismos sancionadores y garantizar que todos los Estados cumplan los valores democrático.
LA DESINFORMACIÓN CREA NARRATIVAS QUE CAMBIAN LA REALIDAD OBJETIVA
El acto lo cerró el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, que puso el foco en las campañas de desinformación impulsadas por potencias extranjeras.
Explicó que la desinformación ya no funciona con simples fake news, sino con «narrativas que cambian la realidad objetiva», capaces de crear «el mundo de la posverdad» y minar la confianza en las instituciones democráticas.
Recordó los precedentes del Brexit o de las elecciones estadounidenses de 2016 para ilustrar el alcance de estas operaciones.
Ballesteros explicó cómo funcionan estos ataques: segmentan a los ciudadanos, utilizan bots y difunden mensajes adaptados para radicalizar tanto a grupos de derechas como de izquierdas. «Su objetivo es partir la sociedad en dos», advirtió. Y añadió un aviso que resonó en la sala: «Parece que en España están teniendo éxito».
Cada intervención, desde perspectivas distintas, coincidió en un mensaje común: es necesario defender sin ambages la independencia judicial, la calidad legislativa, la separación de poderes y la cultura democrática que sostiene la convivencia constitucional.
El deterioro del Estado de Derecho ya no es un fenómeno aislado ni esporádico. Es una tendencia global que erosiona instituciones, alimenta la polarización y desafía los propios cimientos de las democracias liberales.
