La integración europea plantea un reto jurídico clave: cómo aplicar el Derecho de la Unión Europea sin debilitar las constituciones de los Estados miembros.
Sobre esta cuestión intervino ayer el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien defendió la necesidad de mantener un equilibrio entre ambos niveles jurídicos.
Durante una reunión bilateral celebrada en Lisboa con el Tribunal Constitucional de Portugal, Conde-Pumpido explicó que el principal desafío del constitucionalismo europeo no consiste en elegir entre la primacía del Derecho de la Unión o la supremacía constitucional, sino en articular ambos principios de forma compatible.
El objetivo es evitar que la integración europea desnaturalice el proyecto de la Unión o debilite la legitimidad de los sistemas constitucionales nacionales.
En este contexto, destacó que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha asumido progresivamente un papel estructural en la defensa del Estado de Derecho dentro de los Estados miembros, acercándose en ciertos aspectos a la función de un tribunal constitucional supranacional.
Sin embargo, esta expansión competencial puede generar tensiones con la supremacía constitucional interna, que constituye la base del funcionamiento de los tribunales constitucionales nacionales.
Algunos tribunales constitucionales europeos —como el alemán o el italiano— han reaccionado ante lo que consideran expansiones competenciales del TJUE que califican de “injustificadas”.
Para Conde-Pumpido, estas tensiones son propias de un sistema jurisdiccional multinivel y deben abordarse mediante cooperación judicial e interpretación leal, no mediante confrontación institucional.
El presidente del Tribunal Constitucional insistió también en que la apertura al Derecho de la Unión no puede afectar ni a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución ni a la identidad nacional de los Estados.
Este principio está expresamente recogido en el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea, que obliga a la Unión a respetar la identidad nacional de los Estados miembros, “inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales”.
Según señaló, esta garantía no puede quedar en una mera declaración retórica.
En esa línea, defendió la necesidad de cierta autocontención por parte del TJUE, especialmente cuando aplica cláusulas abiertas del Derecho de la Unión —como el principio de Estado de Derecho o el derecho a la tutela judicial efectiva— que pueden ampliar de forma significativa el ámbito de intervención del tribunal.
También advirtió del riesgo de que la cuestión prejudicial —el mecanismo por el cual los tribunales nacionales consultan al TJUE sobre la interpretación del Derecho de la Unión— se utilice estratégicamente para trasladar a Luxemburgo controversias constitucionales o debates políticos internos de los Estados miembros.
El encuentro, celebrado bajo el título “Los 40 años de adhesión de Portugal y España a la Unión Europea: problemas constitucionales; relaciones entre los tribunales constitucionales y el TJUE”, sirvió además para destacar el impacto de la integración europea en ambos países.
Según Conde-Pumpido, la adhesión a la Unión permitió proyectar sus democracias constitucionales en un espacio jurídico supranacional basado en el Estado de Derecho, la cooperación leal y la protección reforzada de los derechos fundamentales.
En la reunión participaron todos los magistrados del Tribunal Constitucional de Portugal, encabezados por su presidente José João Abrantes.
Las sesiones de trabajo abordaron, entre otros temas, el funcionamiento de la cuestión prejudicial y las diferencias y convergencias entre el control de constitucionalidad y el control de conformidad con el Derecho de la Unión.
Por parte del Tribunal Constitucional español asistieron también la vicepresidenta Inmaculada Montalbán y el magistrado Ramón Sáez Valcárcel, junto con las magistradas María Luisa Segoviano y Laura Díaz Bueso, que intervinieron como ponentes en los debates técnicos.
