El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha defendido la necesidad de construir una jurisprudencia que garantice el derecho a la conectividad y el acceso equitativo a la tecnología y a los sistemas de creación y difusión del conocimiento.
Recalcó que la inteligencia artificial (IA) requiere regulación, responsabilidad y transparencia, porque un uso excesivo o descontrolado puede afectar derechos fundamentales.
Fueron ideas que expuso en la inauguración de las XXXI Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, celebradas en Tarragona bajo el título “Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales”.
Conde-Pumpido reconoció el potencial de la IA para mejorar la eficiencia institucional, pero advirtió que también puede incidir negativamente en derechos como la libertad de expresión, el derecho a comunicar o recibir información veraz, la intimidad, el honor, la protección de datos personales y la tutela judicial efectiva.
“Los tribunales constitucionales tienen el deber de sentar las bases de una justicia tecnológica acorde con la dignidad humana”, afirmó.
Recordó además que estas preocupaciones fueron compartidas por los 85 representantes de cortes y tribunales constitucionales reunidos recientemente en el VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, donde se alertó de que el uso indebido de datos personales, la discriminación algorítmica y la vigilancia excesiva constituyen amenazas reales para los derechos y libertades.
LOS ALGORITMOS EN EL CENTRO DEL DEBATE
El presidente del TC mostró una especial preocupación por la discriminación algorítmica —la capacidad de un sistema de IA para aprender y replicar prejuicios—, fenómeno que puede intensificar la desigualdad y los sesgos contra determinados grupos sociales.
También citó como ejemplo de riesgos emergentes el caso sancionado por el Tribunal Constitucional a un abogado que incorporó en un escrito elaborado, con toda claridad con Inteligencia Artificial, en el que incluyó referencias jurisprudenciales inexistentes.
Ante estos desafíos, reclamó una respuesta coordinada de los poderes del Estado para reforzar la protección de los derechos fundamentales en la era digital.
Conde-Pumpido destacó asimismo la labor de los letrados y letradas del Tribunal Constitucional, cuya profesionalidad ha sido clave en el plan de choque iniciado en 2023 para agilizar la resolución de recursos y reducir los tiempos de respuesta en el recurso de amparo.
Este esfuerzo ha permitido dictar sentencias de gran relevancia jurídica, política, social y económica. Su trabajo —subrayó— es prueba del compromiso con el Estado de Derecho.
Al acto asistieron el alcalde de Tarragona, Rubén Viñales; el presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio García-Perrote; las magistradas del tribunal de garantías, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano y Laura Díez Bueso; y el magistrado José María Macías.
