El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha defendido hoy la necesidad de que los jueces comuniquen mejor sus decisiones a la ciudadanía, aunque advirtió de que esa función no puede confundirse con la crítica a otras instituciones del Estado.
“Yo creo que los jueces deberíamos explicar mejor las cosas, deberíamos explicarlas mejor”, señaló, para subrayar, a continuación, que “ninguna institución del Estado puede criticar a otra, porque la propia ley orgánica lo impide”.
En su opinión, «ni los jueces deben pronunciarse sobre la actividad de otros poderes, ni éstos sobre la de la judicatura», ya que “nuestro papel es especialmente complejo, en especial en el Tribunal Constitucional, donde debemos decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, incluso anulando normas aprobadas por un Parlamento democrático, que representa al pueblo español”.
“Quien descalifica desde la política al Tribunal Constitucional se está descalificando a sí mismo, porque los magistrados hemos sido elegidos por todos los poderes del Estado. Nuestra independencia es esencial y debemos preservarla frente a las críticas coyunturales”, ha afirmado Conde-Pumpido.
El presidente del máximo tribunal de garantías recordó que el TC es “el intérprete supremo de la Constitución y el último garante de los derechos fundamentales”.
Explicó que en 2023 recibieron en torno a 6.500 recursos de amparo contra resoluciones judiciales, de los que apenas se estimaron 17, y defendió que este filtro riguroso demuestra tanto la confianza ciudadana en la institución como las críticas por su funcionamiento.
Conde-Pumpido también subrayó el perfil profesional y la experiencia de los actuales miembros del Tribunal Constitucional, recordando que él mismo es magistrado de carrera desde hace 50 años.
«Seis de los doce magistrados del TC han sido previamente vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que refleja un vínculo directo con la estructura de gobierno del poder judicial. Cuatro procedemos directamente del Supremo, sin haber formado parte del CGPj. Y dos han ejercido como presidentes de Sala del TS», relató. .
Desde su punto de vista, esta composición acredita la sólida legitimidad y solvencia técnica del Constitucional, que combina la experiencia jurisdiccional con el conocimiento institucional.
VI CONFERENCIA MUNDIAL DE CORTES Y TRIBUNALES CONSTITUCIONALES
Conde-Pumpido hizo estas declaraciones en el marco de un «briefing» para presentar la VI Conferencia Mundial de Cortes y Tribunales Constitucionales que se celebrará en Madrid entre el 28 y el 31 de octubre y que reunirá en Madrid a 95 presidentes y magistrados de diferentes países de todos los continentes, de los 122 que conforman este organismo.
El evento, que tiene lugar cada tres años, ha sido organizado en esta ocasión por el Tribunal Constitucional de España junto con la Comisión de Venecia. En el mismo abordará como tema central los derechos fundamentales de las nuevas generaciones.
Se celebrarán cuatro grandes mesas de debate dedicadas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales, la defensa del patrimonio cultural, los retos de las nuevas tecnologías —en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central— y la independencia judicial frente a presiones externas.
La cita, que contará con la presencia del Rey en la clausura, se presenta como una ocasión excepcional para fortalecer la cooperación internacional en defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos fundamentales.
Su financiación correrá a cargo de la Hacienda Pública. Conde-Pumpido recordó que los viajes y el hospedaje corre a cargo del bolsillo de los asistentes.
CRECIENTE JUDICIALIZACIÓN DE LOS CONFLICTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONALES
El presidente del TC también hizo hincapié en la creciente judicialización de los conflictos políticos e institucionales. “Nunca en toda la historia del tribunal hemos tenido tantos conflictos entre poderes como ahora. En 2024 hubo un incremento del 24 % en los asuntos que llegaron al Constitucional”, apuntó.
Entre ellos, citó los planteados entre el Congreso y el Senado, o entre el Gobierno y la Cámara Alta por los presupuestos.
Respecto a la legitimidad del tribunal, Conde-Pumpido recordó que los magistrados son elegidos por los distintos poderes del Estado: cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el poder judicial y dos por el Ejecutivo.
La mayoría de estos nombramientos requiere una mayoría de tres quintos, lo que implica la participación de las principales fuerzas políticas. “No tiene sentido que quienes nos eligen luego cuestionen nuestra legitimidad”, advirtió.
En su intervención, el magistrado defendió los avances en la agilidad de las resoluciones, señalando que sentencias históricas como la del aborto tardaron más de una década en resolverse, mientras que hoy se dictan fallos en plazos más cortos. También rechazó la idea de que la existencia de votos particulares reste autoridad a las decisiones del tribunal: “Hay cuestiones con un fuerte componente ideológico en las que es normal que existan discrepancias”.
Conde-Pumpido concluyó con una advertencia al mundo político: “Quien descalifica desde la política al Tribunal Constitucional se está descalificando a sí mismo, porque los magistrados hemos sido elegidos por todos los poderes del Estado. Nuestra independencia es esencial y debemos preservarla frente a las críticas coyunturales”.
LA LEY DE AMNISTÍA «ES CONSTITUCIONAL»
El presidente del TC no evadió ninguna de las preguntas. Sobre la Ley de Amnistía recordó que «es constitucional». Según Conde-Pumpido, la amnistía es una figura reconocida o practicada en numerosos países europeos —como Francia, Italia, Portugal, Alemania o Suecia— por lo que defendió que España no podía ser “el único país de la Unión Europea” en el que el Parlamento no pudiera aprobar una medida de este tipo.
Destacó que el alto tribunal resolvió en nueve meses el recurso principal contra la ley de amnistía, presentado por el Partido Popular, evitando así retrasos prolongados como los ocurridos en otros asuntos de gran trascendencia. Una sentencia que se limitó a examinar la constitucionalidad de la norma, la cual fue avalada, mientras que corresponde a los tribunales ordinarios determinar su aplicación en casos concretos.
El presidente del TC adelantó que en el pleno de la próxima semana se examinarán nuevos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, presentados en este caso por la Comunidad Autónoma de Aragón así como una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo.
También confirmó que el tribunal tiene sobre la mesa los recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los tres eurodiputados impugnan que la ley de amnistía no se les haya aplicado en los procesos judiciales que les afectan.
Conde-Pumpido explicó que estos recursos estaban previstos para ser admitidos a trámite en el primer pleno de septiembre, pero su tramitación se retrasó al presentar los propios interesados recusaciones contra varios magistrados.
Ese movimiento ha pospuesto la discusión “al menos un mes”, lo que, según el presidente, hace difícil que puedan resolverse antes de fin de año.
A diferencia del recurso principal del Partido Popular, que cuestionaba la constitucionalidad de la ley y ya fue resuelto en junio avalando la norma, los recursos de Puigdemont y de los demás exconsellers se centran en la aplicación práctica de la amnistía en sus casos individuales. Se trata, por tanto, de un control distinto: no abstracto, sino sobre derechos fundamentales en situaciones concretas.
Conde-Pumpido subrayó que este tipo de recursos podrían tardar “varios meses” en resolverse, dado que el tribunal debe estudiar con detalle cada alegación y analizar los efectos de la amnistía en procedimientos abiertos.
