La magistrada Montserrat Comas, presidenta de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, presidirá el tribunal que juzgará a los 16 acusados del caso del desfalco del Palau de la Música y que estará formado por los magistrados José Antonio Lagares y Julio Hernández, este último como ponente. Las previsiones es que la vista oral de este macrojuicio comience en enero y termine en abril de 2017 y que se celebre en la Ciudad de la Justicia de la ciudad condal.
El caso le ha correspondido por reparto a esta Sección que preside Comas, la que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género entre 2001 y 2008, una magistrada muy profesional con 29 años de experiencia a la espalda.
La intención del tribunal, según ha podido saber Confilegal, es la de dar celeridad a la celebración del juicio después de ocho largos años de instrucción.
Para ello, el tribunal ha convocado el próximo 3 de octubre próximo a los representantes legales de los acusados, la fiscalía, cuatro acusaciones particulares, una acusación pública, cinco responsables civiles a título lucrativo y once entidades jurídicas, como responsables civiles subsidiarios para fijar el calendario de las vistas, con las agendas de todos encima de la mesa.
CONVERGENCIA DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA, EN EL BANQUILLO
El caso del saqueo del Palau de la Música, conocido también como caso Palau, afecta directamente a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), reconvertida en Partit Demòcrata Català, procesada en este caso como responsable civil por ser partícipe a título lucrativo de 6,6 millones de euros, que habría recibido en comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial por la adjudicación de obras públicas, como la propia Ciudad de la Justicia, o la línea 9 del metro de Barcelona, entre 2000 y 2009, según la Fiscalía Anticorrupción.
El dinero habría ido a parar a las arcas de CDC a través de entregas de dinero al expresidente del Patronato de la Fundació Orteó Català-Palau de la Música, Felix Millet i Tusell, y su colaborador, Jordi Montull. Estos, a su vez, habrían entregado el dinero en efectivo a los extesoreros de CDS, Carles Torrent (fallecido) y Daniel Osàcar -imputado en esta causa- o a través de facturas falsas de varias sociedades cursadas al Patronato por servicios que nunca se llegaron a realizar.
El desfalco habría sido realizado durante toda la primera década del 2000.
El fiscal de la causa, Emilio Sánchez Ulled, pide, en su escrito de acusación, 27 años y medios de cárcel para Millet y Montull, por haberse quedado con 18 millones de euros, 26 años para la hija del segundo, 7 años y medio para Osàcar, y cuatro años de prisión para dos directivos de Ferrovial.
CDC tiene que hacer frente a esos 6,6 millones de euros, por lo que le han sido embargadas 15 sedes en varios municipios catalanes.
