Lesmes se ratifica en que lo mejor es que los 12 vocales jueces sigan siendo elegidos por el Parlamento
Carlos Lesmes en una foto de hace un año, en su despacho del Supremo. Expansión.

Lesmes se ratifica en que lo mejor es que los 12 vocales jueces sigan siendo elegidos por el Parlamento

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22/9/2016 10:10
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Actualizado: 22/9/2016 11:05
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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de 58 años, se ratifica en que lo mejor es que los 12 vocales jueces del órgano de gobierno de los jueces sigan siendo elegidos directamente por el Parlamento, tal como afirmó en su discurso de apertura de tribunales ante S.M. el Rey, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

«No se puede deslegitimar al parlamento que representa a la sociedad entera», dice en una entrevista reportajeada que publica hoy Expansión -bajo la autoría de Almudena Vigil-, en la que se muestra escéptico ante la opción de que sean los 5.500 jueces que conforman la carrera judicial los que elijan a los 12 vocales jueces, como plantea el acuerdo de investidura alcanzado por PP y Ciudadanos.

«También la sociedad debe conocer los posibles inconvenientes de la elección estrictamente corporativa. La mayoría corporativa podría administrar el Consejo en beneficio de la corporación profesional y no tanto de la sociedad entera», afirma Lesmes, en línea contraria con las recomendaciones del Consejo de Europa y del propio PP, que apoyó su nombramiento y que en su programa de gobierno de 2011 llevaba precisamente esa medida que ahora, con Ciudadanos, ha recuperado.

Sobre la «politización» de los vocales, la máxima autoridad de la justicia niega la mayor y rechaza la idea de apariencia de contaminación política, que parece haberse extendido entre la ciudadanía, hacia todos los cargos sobre los que el CGPJ tiene potestad de nombramiento, léanse los magistrados del Tribunal Supremo, los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), los magistrados de esos tribunales y los 50 presidentes de Audiencias Provinciales.

«La Justicia la determinan los 5.500 jueces que forman parte de la carrera judicial y el CGPJ tiene unas competencias limitadas. Presuponer que la elección de un presidente de un TSJ condiciona las decisiones de los jueces pone de manifiesto una ignorancia absoluta», argumenta Lesmes.

Respecto a la elección de los magistrados del TS, subraya que «son elegidos fundamentalmente en virtud de su trayectoria profesional y de sus méritos», si bien se muestra partidario de «objetivar más los méritos para acceder al Alto Tribunal para procurar una mayor confianza en el nombramiento de los jueces y dotarles de mayor previsibilidad sobre cómo debe ser su carrera profesional si quieren acceder a determinados puestos».

«PUERTAS GIRATORIAS»

Lesmes también se muestra partidario de limitar las «puertas giratorias» para los jueces que se marchan a la política.

En estos momentos, en el Parlamento hay seis. Cinco por el Congreso: Margarita Robles, Dolores Galovart y Juan Carlos Campo, por el PSOE, Juan Ignacio Zoido, por el PP, y Juan Pedro Yllanes, por Podemos. Y uno por el Senado: Manuel Altava, por el PP.

Se da la circunstancia de que Margarita Robles y Manuel Altava son los presidentes de las respectivas comisiones de justicia en la Cámara Baja y en la Cámara Alta.

Al presidente del CGPJ y del TS le parece que es «perfectamente legítimo» que los jueces pasen a desempeñar puestos en la Administración. Él mismo fue, entre 1996 y 2004, director general de Objeción de Conciencia y, entre 2000 y 2004, director general de Relaciones con la Administración de Justicia, en el Ministerio de Justicia, con los ministros Ángel Acebes y José María Michavila, en los dos gobiernos de José María Aznar, entonces líder del PP.

«La sociedad no debe prescindir de su experiencia para determinados puestos públicos porque enriquece la actividad que ahí se desarrolla y a la propia carrera judicial le permite ganar experiencia», afirma.

Cosa distinta es, según apunta, «aquellos casos en los que el puesto que se asume es de primera línea política en el parlamento o en el Gobierno en un partido político. Ahí sí se resiente más esa confianza en la Justicia y quizás la legislación deba establecer determinados límites».

Eso sí, matiza que son necesarios límites, «pero tampoco prohibiciones porque los jueces también son ciudadanos y tienen derecho a la participación política como el resto, sin sufrir un castigo excesivo en su vida profesional».

MARGARITA ROBLES

Sin referirse a la diputada Robles, que recientemente recusó formalmente a Lesmes por «enemistad manifiesta» después de que la Comisión Permanente del CGPJ que él preside la privara de su condición de magistrada del Tribunal Supremo sin haberle dado audiencia, sin haberlo solicitado ella y sin estar obligada dicha Comisión a tomar esa decisión, éste afirma que «se ha mantenido el rigor por la especial naturaleza de este órgano, para que dejen su cargo en aquellos casos en que se dediquen a otras actividades, salvo las que están tasadas».

Margarita Robles afirmaba con rotundidad, en el escrito que presentó ante el CGPJ el 19 de septiembre pasado: “Es amplia la relación de personas que puede aportarse en cualquier momento, ante las que el señor Lesmes ha emitido juicios críticos contra mi persona, incluidos dirigentes políticos de este país, a las que se han transmitido críticas y descalificaciones”.

La magistrada explicaba que en su momento no se planteó la recusación de Lesmes porque esperaba que él mismo se daría cuenta y se echaría a un lado, “entendiendo que ante una realidad de enemistad hacia la recurrente, que es conocida, pública y notoria, el mismo procedería a su abstención“.

“Pero al no haberse abstenido y, precisamente por el respeto debido a las instituciones, me veo obligada a plantear formalmente su recusación”, añadía finalmente en su escrito, dando carta de naturaleza pública y formal a sus relaciones con el presidente del CGPJ y del TS.

Robles no descarta llevar su caso a instancias internacionales.

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