Marcelino Sexmero, de 55 años, titular del Juzgado de Instrucción 4 de Madrid, instruye el caso de la supuesta estafa piramidal en la que aparecen como víctimas el cantante Alejandro Sanz, la periodista Cristina Tárrega, el piloto de rallies y empresario, Carlos Sáinz, el entrenador de fútbol Fernando Hierro, Pedro Guerrero, presidente de Bankinter, e Ignacio Garralda, su homónimo en Mutua Madrileña y Francisco Javier Cavero de Carondelet y Christou, duque de Bailén, entre otros empresarios con domicilio en La Finca, una exclusiva y lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón, población al oeste de Madrid.
Cada uno de ellos puso, por barba, en torno a los 500.000 euros el 29 de julio de 2010, en lo que fue una ampliación de capital que llegó a los 7,3 millones de euros de la «empresa energética» New Meloil, «llamada a revolucionar» el sector de los carburantes con la construcción de una planta de biodiésel en Barajas de Melo, Cuenca; la inversión final llegó a los 27,4 millones de euros.
Las empresas -porque detrás de New Meloil había cinco más- la impulsaban Julio y Maite Torres, hermanos del arquitecto Joaquín Torres, el arquitecto de los famosos.
Joaquín Torres ha construido las casas de Cristiano Ronaldo, Amancio Ortega -dueño de Zara-, Zidane, Raúl, Fernando Torres, Gonzalo Miró, Alejandro Sanz y Fernando Hierro -dos de los afectados-, y de muchos otros, lo que lógicamente allanaría el camino para que sus hermanos, ahora acusados por los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, accedieran a inversores de gran poder adquisitivo.
El juez Sexmero comenzó a instruir judicialmente el caso en junio de 2015, cinco años después de la ampliación de 2010, tras una primera querella, a la que se unió el pasado 20 de mayo Carlos Sáinz, a través de su empresa, Imacar.
Esta sociedad acusó a los hermanos Torres de «conducta defraudadora» al intentar «convencer, mediante la utilización de afirmaciones falsas y engañosas, sobre la supuesta novedad y viabilidad tecnológica de un procedimiento de transformación y producción de biodiésel».
Sexmero también citó a declarar a los empresarios de Murcia José Carabante de la Plaza y José Ramón Carabante Aguilera, que también denunciaron judicialmente a los Torres.
UN JUEZ QUE SABE MANEJAR LA DUALIDAD
Sexmero era, hasta hace unos meses, el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. El viernes de la pasada semana se reunió con el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, para hablar de la justicia porque el portavoz actual, Raimundo Prado, no pudo desplazarse hasta Madrid. Es un juez que entiende muy bien el funcionamiento de los medios, que sabe construir buenos titulares y que, sobre todo, al pan le llama pan y al vino, vino.
Sin embargo, sabe manejar al dedillo la dualidad en la que se encuentra. Sobre casos como este no habla. Su trabajo es contribuir a que se haga justicia. Es su vocación. Porque desde los 17 años tuvo muy claro que iba a hacer derecho y que quería ser juez.
“Soy un hijo de mi tiempo. Viví la Transición siendo un adolescente. Formo parte de una generación que fue testigo de un gran cambio en nuestro país. Quería contribuir a que nuestro país avanzara”, reveló a Confilegal, con una sonrisa sincera, «su secreto» en el Juzgado de Instrucción 4.
“Yo no vengo de una familia de juristas. Mi padre era mecánico y, después, empresario. Quería que yo fuera ingeniero industrial o que hiciera económicas. Pero a mi la vocación me llamó por este lado. No puso impedimento”, contó el propio Sexmero.
Se afilio a los «vitorinos», los «centristas», como así los llaman -son 750 y la segunda asociación de jueces después de la Asociación Profesional de la Magistratura- desde muy joven, en gran parte por la influencia de sus dos grandes mentores, Pablo Cachón -magistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional- y Xavier O’Callaghan –también del Supremo. “A mí los dos me impresionaron profundamente en la Escuela Judicial por su forma de hablar, por su forma de ver lo que era la carrera judicial”, explicó.
“Siempre entendí que los todos los jueces tenemos una ideología. Mi asociación, reflejaba precisamente esa voluntad de prescindir de lo ideológico sin renunciar a ello, manteniendo unos valores constitucionales y de respeto a los derechos fundamentales de la persona a la hora de administrar justicia. Por eso me hice de la Francisco de Vitoria. Como juez busco la verdad. Y hacer justicia. Siempre”.
A Sexmero no le impresionan las grandes fortunas ni el poder que representan. Ni los «alamares ni los oros», que diría Antonio Machado. Por eso, este caso, para él, es un caso más que, sin embargo, da mucho que pensar sobre la condición humana. La condición humana que tiene dinero, se entiende.
UNA TECNOLOGÍA QUE NO ES VIABLE
Los famosos y millonarios inversores, a tenor de las afirmaciones realizadas ante el magistrado, pusieron su dinero en la confianza de que lo que Julio y Maite Torres les estaban contando era toda la verdad. Y no lo era.
La tecnología de la planta de biodiesel que iban a construir, basada en el llamado sistema japonés «kurata», no estaba consolidada ni era viable, según estudios rigurosos llevados a cabo después, «como el realizado por el doctor Xavier Elías«, dice la querella presentada por uno de los afectados.
«Todo el entramado societario relacionado con el denominado ‘sistema Kurata’ evidencia aún de forma más contundente que toda la información facilitada por los querellados a mi mandante y a otros socios inversores a lo largo de estos últimos años sobre la realidad tecnológica, viabilidad económica y evolución de los proyectos relacionados con la explotación del mismo, tanto en España como en el resto del mundo, es un monumental engaño», afirma el texto legal elaborado por el letrado Daniel Jiménez: En dos palabras, «un timo».
Junto a New Meloil hay cinco sociedades del grupo familiar Torres que están siendo investigadas por Sexmero, entre ellas Biocombustibles Melo, que se suponía que debía explotar la planta, Hispania Melo, Logoriza, que debía construir la fábrica de biodiesel, y Residuos y Refinados, las cuales formaban, en apariencia, un conjunto de empresas que transformaban aceites industriales en biodiesel, o lo que es lo mismo, en «energía ecológica».
Cuando Julio Torres fue interrogado en septiembre de 2015 por Sexmero, reconoció que el sistema kurata era «una tecnología japonesa en fase piloto, por tanto, no desarrollada completamente».
– ¿Comentó a los inversores la posible no viabilidad financiera del negocio?, le preguntó el magistrado durante el interrogatorio que le realizó a Torres.
– El coste de la planta iba a ser de unos 22 millones y actualmente está en 29 millones. Todo el dinero de la inversión se destinó a la compra del 100 por ciento de las participaciones de Biocombustible de Melo.
Un negocio realizado en la confianza de ser quien era la familia Torres, y con la información que les facilitaron. Así de fácil se hacen los negocios. Sin comprobaciones adicionales. Pero esto se supo después, cuando las cosas no salieron como debían de salir.
La Justicia tiene, como siempre, la última palabra. La Justicia que, en esta fase, tiene nombre: Marcelino Sexmero.
