Carlos Castresana con el Primer Premio Premio a la Transparencia, que le otorgó el Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional-España el pasado año. Confilegal.
Carlos Castresana: «Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal»
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29/9/2016 06:59
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Actualizado: 29/11/2017 16:28
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«Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Necesitamos mecanismos de rendición de cuentas». De esta manera tan sintética, resumió Carlos Castresana, exfiscal anticorrupción, exdirector de la a Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y actualmente abogado de despacho Ejaso, cómo debe lucharse contra la corrupción. Recordando las palabras del desaparecido alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván.
Y lo hizo en la ceremonia pública en la que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), representado por su presidenta, Victoria Ortega, y Transparencia Internacional-España, en la persona de su máximo responsable, Jesús Lizcano -acompañados de Antonio Garrigues– le hicieron entrega del Primer Premio a la Transparencia que ambas entidades han institucionalizado.
La ceremonia tuvo lugar en la sede del CGAE, en el madrileño Paseo de Recoletos.
«El referente para entender qué es la corrupción, lo que hay que hacer para combatirla, es la Convención internacional de Mérida, México, aprobada en 2003, y ratificada por España. En ella establecen las medidas que hay que tomar, no sólo de índole penal, también medidas que afectan a la educación, al desempeño de los organismos públicos, a la rendición de cuentas y a la transparencia y que establecen toda una agenda de cooperación internacional. En España se cumple en un 10 por ciento. No podemos decir que ha fracasado sino que está, en buena medida, sin estrenar», afirmó durante su turno de palabra que siguió al discurso.
Castresana ingresó en la Fiscalía Anticorrupción cuando fue creada, en 1995. Allí se dedicó a investigar delitos económicos de gran calado. Fue el hombre que inició los procesos contra Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, por corrupción, y que dieron con sus huesos en la cárcel; también fue el fiscal que acusó a Augusto Pinochet de genocidio, tortura y terrorismo, y sobre el que el entonces magistrado Baltasar Garzón pidió su extradición a Gran Bretaña, y contra los militar que gobernaron Argentina desde 1976.
En septiembre de 2007, recibió el encargo de la Secretaría General de la ONU, de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una instancia única en su género, dedicada a colaborar con el Estado guatemalteco en la investigación y desmantelamiento de los grupos criminales que se han incrustado en las instituciones para procurar impunidad. En junio de 2010, el magistrado español renunció sin embargo como director del Cicig, por el “incumplimiento” del Estado guatemalteco en su compromiso de combatir la impunidad.
Castresana es uno de los grandes referentes nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción.
De izquierda a derecha, Beltrán Gambier, Jesús Lizcano, Paca Sauquillo, José Antonio Martín Pallín, Carlos Castresana, Elisa de la Nuez, Victoria Ortega y Antonio Garrigues. Confilegal.
El premio le fue otorgado por un jurado formado por Victoria Ortega, Jesús Lizcano, Javier Gomá, director de la Fundación Juan March, los abogados Francisca Sauquillo y Beltrán Gambier, y el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quienes, además, dieron una accésit a la Fundación Hay Derecho, por su labor a favor de la transparencia, la defensa del Estado de derecho y la mejora de nuestro ordenamiento jurídico e instituciones, que recogió su máxima responsable, Elisa de la Nuez.
«Hay dos clases de corrupción. La corrupción clásica, la del Lazarillo de Tormes, y la corrupción moderna, que es un poco más sofisticada, que es la del tráfico de influencias, la del abuso de información privilegiada, la de la financiación ilegal de los partidos políticos», continuó explicando Castresana durante su intervención.
«La corrupción clásica es la que uno encuentra más frecuentemente en América Latina. Y es la más difícil de erradicar porque está ligada indisolublemente a la extrema pobreza y a la violencia. Somos privilegiados en Europa porque la corrupción es solo plata. Es mucho más difícil combatir la corrupción que es plata o plomo. Porque la gente tiene miedo», añadió.
«Quiero traer a colación el ejemplo de Guatemala porque se ha producido un milagro en unas condiciones extremadamente difíciles. Cuando yo llegué a Guatemala para hacerme caso de la Comisión contra la impunidad, nombrado por el secretario general de la ONU, dije enseguida: ‘aquí el miedo tiene que cambiar de bando’. Mientras no seamos capaces de que la gente recupere el país que les pertenece, mientras permitamos que mil personas tengan arrodilladas a 14 millones, esto no va a cambiar. No fue posible posible en 2007, en 2008 y en 2009. Pero en 2015 y en 2016 la sociedad guatemalteca se ha echado a la calle. Ha sido capaz de destituir a un presidente y a una vicepresidenta por casos de corrupción», agregó.
LA CORRUPCIÓN ES UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
Para Castresana, la corrupción es una violación de los «derechos económicos, sociales y culturales. Es evidente. Hay menos dinero para la educación, para la sanidad, para todos los servicios públicos. Porque ese dinero se está desviando indebidamente a los bolsillos particulares. La corrupción alcanza a los derechos civiles. Votar cada cuatro años no es suficiente».
El exfiscal anticorrupción opina que la sociedad española ha reaccionado.
«Los primeros que han sido capaces de reaccionar ante esa situación escandalosa de corrupción que rebasaba todas las previsiones de una sociedad democrática de la Unión Europea han sido la Policía y la Guardia Civil. Esas unidades que tenemos hoy de investigación de la delincuencia financiera y económica no estaban hace una década. No hacían el trabajo excelente que hacen ahora. No estaban poniendo en la cárcel a los corruptos», explicó.
«Y se ha producido también una reacción muy favorable de los tribunales, de los jueces. El problema es que antes hablábamos de que Aragón tiene el doble de concejales que toda Suecia y ahí tenemos los números un poco descolocados. España tiene la mitad de jueces de la Unión Europea. Tenemos 11 jueces cada 100 habitantes cuando la media en Europa son 20. Eso podría traducirse en un eslogan político, menos concejales y más jueces y fiscales», dijo con cierta sorna.
Entre los asistentes se encontraban los magistrados del Tribunal Supremo Benito Gálvez, Milagros Calvo y Rosa María Virolés, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco, Vieira, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y los fiscales Eduardo Esteban Rincón, Almudena Lastra y Pedro Crespo.
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