La APM de Cataluña advierte sobre la gravedad de una encuesta que incita a la violencia para defender a Artur Mas
“¿Estáis dispuestos a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?”, este fue el enunciado de la encuesta que se cerró la media noche del lunes en el programa Catalunya Vesprè y que ha provocado el duro comunicado de los jueces de la APM en Cataluña.

La APM de Cataluña advierte sobre la gravedad de una encuesta que incita a la violencia para defender a Artur Mas

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05/10/2016 06:58
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Actualizado: 04/10/2016 23:33
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La Sección Territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que preside el magistrado Luis Rodríguez Vega, ha advertido públicamente, en un comunicado, sobre la gravedad de un mensaje lanzado desde el programa «Catalunya Vespre» (Cataluña Tarde) de Catalunya Ràdio en el que se planteó el pasado lunes la siguiente encuesta a través de Twitter: “¿Estáis dispuestos a impedir físicamente que juzguen a Mas, Ortega y Rigau?”. 

Para la APM de Cataluña, el mensaje «puede ser asumido por un sector de la ciudadanía como una incitación a impedir, mediante el empleo de la fuerza, el normal funcionamiento del sistema judicial de Cataluña», dicen en un duro comunicado hecho público ayer.

El programa de esta radio autonómica realizó la encuesta el lunes por la tarde, en un contexto muy específico: después de conocer que la Fiscalía pedía diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas y nueve años para las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N. 

A las 12 de la noche del lunes, cuando se cerró la encuesta, habían votado 4.707 personas. Un  28 por ciento -1.318 personas- se mostraron a favor de emplear la fuerza y un 72 por ciento -3.389 personas- en contra.
El programa de tarde de Catalunya Ràdio aclaró después que «cuando preguntamos si impediríais físicamente el juicio del 9N queremos decir si protestaríais en la calle. Cualquier otra lectura es equivocada”.
Para los jueces de la APM lo equivocado ha sido plantear esa encuesta en esos términos.

«Los jueces catalanes desarrollamos nuestra labor de forma independiente e imparcial, con observancia de la Ley y de forma alejada de cualquier tipo de confrontación social, cultural, ideológica, política o de cualquier otro orden. Solo el sometimiento de los jueces al sistema jurídico y político instaurado por la Constitución de 1978 puede garantizar, de forma auténtica y plena, la protección del conjunto de derechos y libertades que el mismo texto constitucional reconoce a cada ciudadano. El sistema judicial es pues fundamento de la convivencia y de la paz social», recuerda la Sección Territorial de Cataluña de la APM.

Para los jueces de esta asociación, «trasladar a la ciudadanía una información distinta, para inocular en ella un ánimo de resistencia frente al funcionamiento ordinario de nuestro sistema judicial, como comportamiento legítimo al encontrarse amparado en una legalidad que no es tal, solo puede ser considerado como un intento perverso para confundir la recta y libre formación y expresión de la opinión pública sobre uno de los pilares del Estado democrático y de derecho. Se trata en cualquier caso de un propósito extraño a la dimensión constitucional de la libertad de expresión, información o de prensa».

Finalmente, los jueces de la APM informan que han dado traslado de este comunicado a la fiscal jefa de la Fiscalía de Barcelona, Ana María Magaldi, para que, conforme a los previsto en el artículo 1 de su Estatuto Orgánico, ponga en marcha las medidas precisas para «defender la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». 

La encuesta recibió múltiples críticas en Cataluña porque se entiende que se estaba haciendo una incitación a la acción física.

La diputada del PP de Cataluña, Andrea Levy, fue una de esas voces críticas. Levy considera que el enunciado «invita a la ciudadanía a comportarse de manera violenta, cuestión gravísima e intolerable» y asegura que Catalunya Ràdio se ha transformado en una «radio de guerrilla revolucionaria y no un servicio público de interés general».

La política del PP ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Cataluña del director de la cadena de radio autonómica, Saúl Gordillo, y ha declarado en un comunicado que “lo planteado ayer por el programa es gravísimo y requiere de una respuesta rápida y contundente del director de la radio si se pretende mantener el carácter neutral”.

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