La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, y el secretario general del Consejo Europeo, Thorbjorn Jagland, han reiterado «su firme e inequívoca» oposición a la pena de muerte «en cualquier circunstancia y en todos los casos».
Por ello, ambos representantes políticos han instado a «todos los Estados europeos a ratificar los protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos» que, han recordado, «tienen por objeto la abolición de la pena de muerte» y a cumplir sus «obligaciones» derivadas de su pertenencia a ambas organizaciones.
«La pena de muerte es incompatible con la dignidad humana. Es inhumana y degradante, no tiene ningún efecto disuasorio importante demostrado y hace que los errores judiciales sean irreversibles y letales», han manifestado en una declaración conjunta con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, 10 de octubre de 2016.
Ambos han destacado que la abolición de la pena de muerte «es un logro singular en Europa» tras recordar que se trata de «un requisito previo» para entrar en el Consejo de Europa y su prohibición «absoluta» está inscrita en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y han instado a «todos los Estados europeos a ratificar los protocolos del Convenio Europeo de Derechos Humanos» y a respetar sus obligaciones derivadas de ello.
«El Consejo de Europa y la Unión Europea instan encarecidamente a los dirigentes políticos de todos los países europeos a asegurar el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y políticas derivadas de la pertenencia a uno y otra», han reclamado en la declaración conjunta.
Mogherini y Jagland han lamentado que Bielorrusia sea «el único país del continente europeo» que todavía mantenga y aplique la pena de muerte y han instado al país a conmutar las sentencias de muerte pendientes y poner en marcha «sin dilación» una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso para ir hacia su abolición total, un paso que sería «decisivo para acercar a Bielorrusia a las normas jurídicas paneuropeas».
Ambos han celebrado «la tendencia mundial hacia la abolición de la pena capital» y el hecho de que «hoy en día, dos tercios de todos los países han abolido la pena de muerte en su ordenamiento jurídico o en la práctica» pero han lamentado el aumento de las ejecuciones en «algunos países» y han mostrado «alarma», especialmente por la ejecución de mejores, contraria al Derecho Internacional.
También han recordado que la aplicación de la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas vulnera el Derecho Internacional. (EP)
