El PP de Andalucía, acusación particular en el caso de los ERE, ha solicitado penas de cárcel de dos años contra los expresidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como para el resto de encausados por un presunto de delito de «asociación ilícita«.
Así lo recoge el escrito de acusación que los populares han presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y que afecta a otros 24 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y pide además para los expresidentes inhabilitación de 12 años y una multa de 60 euros diarios durante 20 meses.
En rueda de prensa en Sevilla la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, también ha señalado que el presunto delito de asociación ilícita es la única novedad en la petición de penas del PP-A, que asume el resto de peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, es decir los seis años de prisión para José Antonio Griñán por delito continuado de malversación y otro de prevaricación, y 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves.
El PP-A ha agregado un presunto delito de asociación ilícita al observar «serios indicios» del mismo, que conllevaría dos años de cárcel para todos los encausados en esta pieza, así como multa de 20 meses a razón de 60 euros diarios (36.000 euros en total) e inhabilitación absoluta por 12 años.
Y es que la formación cree en la existencia de una trama organizada desde el poder del PSOE y, para defender el argumento de la asociación para delinquir de los acusados, hace suyo el contenido del auto judicial del 31 de mayo de 2016 en el que se expone que los encausados, «concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito, llevaron a cabo todos los actos necesarios para la implantación, mantenimiento y funcionamiento del denominado procedimiento específico, en cualquiera de sus modalidades anteriormente expuestas».
Ello no sólo es apreciación del juez Álvaro Martín, sino que, según ha recordado la secretaria general de los populares andaluces, también la magistrada Mercedes Alaya lo puso de manifiesto en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo con motivo del aforamiento de varios de los investigados.
Así, el PP sostiene la comisión de una actividad delictiva «durante más de diez años, con subvenciones a dedo mediante un sistema concertado, sin control y con la creación de una red clientelar con la que pretendían perpetuarse en el poder».
Por otro lado, el partido cifra el fraude en 1.280 millones de euros –incluye los intereses de demora–, al ser la cantidad que la Cámara de Cuentas defendió en un informe sobre los ERE «que nadie ha sido capaz de desacreditar». (EP)
