Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, asociación progresista de jueces que ha echado todo su peso político en favor de la magistrada Victoria Rosell. Confilegal.
Jueces para la Democracia apoya a Rosell y atribuye el origen de lo que ocurre a la reforma legal sobre sustituciones
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18/10/2016 13:10
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Actualizado: 12/4/2022 13:08
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El Secretariado de Jueces para la Democracia (JpD) ha dado su apoyo a la exportavoz de su organización y titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, en el conflicto con su compañero, Salvador Alba, y ha señalado que el origen de todo se encuentra en la reforma de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, en materia de sustituciones, impulsado por el Gobierno del Partido Popular.
“Nada de lo anterior hubiera sido posible si la reforma operada por la Ley Orgánica 8/2012”, dice JpD en el comunicado hecho público hoy, “en materia de sustituciones, hubiera puesto el acento, no tanto en las restricciones presupuestarias y en la necesidad de sustitución interna, sino en la plena garantía de los llamamientos a sustitución bajo los principios de imparcialidad, independencia e inamovilidad”.
“El sistema instaurado por dicha ley se basa en el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un Juzgado, lo que posibilita el mero traslado de un magistrado a otro órgano judicial con sólo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses”, afirma el Secretariado de esta asociación progresista de jueces.
Y añaden: “Sorprende que un Magistrado de una Sección Penal de la Audiencia Provincial que va a juzgar, por sí o en apelación, asuntos en segundo grado del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, se apreste a sustituir en ese Juzgado y, más grave aún, que no haya evaluación alguna de la idoneidad, procedencia y oportunidad del nombramiento”.
JpD, vuelve a repetir su “sorpresa, estupor y preocupación” -que ya expresó el pasado mes de mayo- por las informaciones publicadas sobre Salvador Alba durante el tiempo que estuvo sirviendo el “Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas”, en el que “había tenido contactos con investigados en un procedimiento penal para que éstos declarasen en un determinado sentido a fin de incriminar a la antigua titular del Juzgado, Victoria Rosell”.
“Recientemente”, dice Jueces para la Democracia, “hemos tenido ocasión de conocer que estos han sido confirmados por las grabaciones originales en poder de la Guardia Civil”.
El encuentro existió, pero tal como publicó Confilegal, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, en el informe que llevó a cabo en Madrid concluyó que las dos grabaciones aportadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez eran un corta y pega de otra grabación original.
Dicho estudio fue realizado a instancia de la magistrada instructora del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, que investiga el caso,
Como consecuencia, «Alba presentó una querella contra Victoria Rosell y la jueza y el letrado de la Administración de Justicia que han servido en dicho Juzgado con posterioridad a su sustitución».
La Guardia Civil devolvió el material informático analizado a la magistrada Varona y ésta lo distribuyó entre las partes.
Del mismo se rescató otra conversación diferente de la anterior, de muy mala calidad, que no ha sido estudiado ni se ha pedido que se analice, hasta ahora, por ninguna de las partes a la magistrada, que sí ha ordenado que se limpie de ruido.
De acuerdo con JpD, “Por la actuación de Salvador Alba existen unas diligencias informativas ante el Promotor de la Acción Disciplinaria, de las que a pesar del tiempo transcurrido se desconoce su estado, así como un procedimiento penal ante el TSJ de Canarias”.
“Jueces para la Democracia considera, al igual que en una comunicación pública anterior, que todas estas circunstancias resultan anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie”, añaden.
“Consideramos que la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial. Y los hechos posteriores, que van desde la investigación de la Fiscalía de Canarias por posible infracción disciplinaria, declarada nula por vulneración de derechos fundamentales mediante la Sentencia del TSJ de Canarias de fecha 7 de marzo de 2016, hasta la aparición de una trama de intereses creados hacia miembros de la Carrera Judicial con grabaciones de voz incluidas, han confirmado los primeros temores que suscita este asunto”, agrega la asociación progresista en su comunicado.
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