El juez instructor del Tribunal Supremo, Cándido Conde-Pumpido, ha citado a declarar en calidad de investigada a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Bárbera el próximo 21 de noviembre, por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia a través de operaciones conocidas como «pitufeo», supuestamente realizadas cuando era alcaldesa de esta ciudad.
En una providencia hecha pública este jueves, Conde-Pumpido cita a Barberá en calidad de investigada para tomarle declaración voluntaria, tal y como establece al artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim), que permite al aforado prestar declaración como investigado antes de que se pida el suplicatorio y se le impute formalmente.
La comparecencia se celebrará a partir de las 10.30 horas.
Conde Pumpido, en otra resolución dictada hoy, ha admitido la personación del PSOE como acusación popular contra Barberá, para lo cual ha impuesto a este partido una fianza de 3.000 euros.
La investigación abierta a Barberá se deriva de la exposición razonada elevada al Supremo el pasado mes de abril por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. En ese escrito, el juez exponía indicios de que la aforada habría participado en un presunto blanqueo de capitales, que se habría producido en el Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia cuando ella era alcaldesa.
La Fiscalía apoyó la apertura de la investigación, que fue acordada por la Sala de lo Penal del Supremo y que recayó en el ex fiscal general del Estado Conde-Pumpido.
La investigación se relaciona con varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros.
En esta pieza separada, con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita, el denominado «pitufeo».
En el auto que abrió la causa contra Barberá el Supremo destacaba que, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, los hechos descritos por el Juzgado pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales.
El Caso Imelsa nació a partir de una investigación sobre determinadas irregularidades en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, la empresa Imelsa, de la Diputación de Valencia, y la empresa Ciegsa, de la Generalitat.
En ese contexto se tuvo conocimiento de una conversación telefónica -cuya escucha se hizo con autorización judicial- según la cual se habría realizado un ingreso mediante transferencia bancaria a una cuenta del Grupo Popular del Ayuntamiento, donativo que fue reintegrado con dos billetes de 500 euros.
En esa conversación se hacía referencia a la secretaria del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento como la persona que habría entregado los billetes, y se citaba a Rita Barberá.
Realizadas las investigaciones pertinentes se pudo comprobar que en una cuenta del Banco Sabadell a nombre del Grupo Municipal del PP en Valencia se habrían realizado determinadas aportaciones, por importe de 1.000 euros, por parte de 50 personas vinculadas al grupo y al partido, entre el 23 de marzo y el 16 de abril de 2015, entre ellas Barberá.
Asimismo, se comprobó igualmente que en las cuentas bancarias origen de alguna de esas transferencias se habían recibido, en la misma fecha o en fechas inmediatas, el ingreso de cantidades en metálico o mediante traspaso de otras cuentas, por diez de las personas investigadas.
