De izquierda a derecha, Mercedes Caso, decana de Barcelona, Pedro Viguer, de Valencia, José María Paez, de Málaga, Antonio Viejo, de Madrid, Pilar Martínez, de Oviedo, y Santiago Pedraz, decano de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, en la mesa de clausura de las Jornadas Nacionales.

Los jueces decanos reclaman un Pacto de Estado para la Justicia que refuerce la independencia judicial

Yolanda Rodríguez Vidales

26/10/2016 14:43

Actualizado: 20/12/2017 18:17

Los 50 jueces decanos reunidos en Málaga exigen en su conclusiones de las 27 Jornadas Nacionales un gran Pacto de Estado para la Justicia que garantice «la eficacia del trabajo judicial y que refuerce la apariencia de independencia a nivel institucional», aunque para ello reclaman una mayor dotación de medios humanos y materiales.

Los jueces decanos, que representan a más de 2.000 jueces, reconocen en sus conclusiones que en la actualidad «no existe hoy una hoja de ruta, ni constatamos tampoco interés político por mejorar el funcionamiento del sistema judicial».

«La Justicia no interesa, no da votos», afirman.

Por eso todo está en el aire: los tribunales de instancia, la oficina judicial, la nueva demarcación territorial… Y esta falta de diseño de cara al futuro provoca un enorme desconcierto en la carrera judicial y dificulta la creación de plazas judiciales.

Se muestran gratamente sorprendidos de que «pese al olvido institucional», la justicia esté funcionando «razonablemente bien».

En este sentido, ponen en valor el trabajo de todos los jueces de España que con su esfuerzo y su compromiso personal han asumido «cuestiones tan relevantes como la lucha contra la corrupción, la violencia de género, la avalancha de demandas sobre productos financieros o la protección del consumidor y el control de las cláusulas abusivas, por citar algunos ejemplos».

Aunque reclaman una mayor esfuerzo y «colaboración de los restantes Poderes del Estado, que son los que gestionan el presupuesto y proporcionan los medios e instrumentos legales que necesitamos para nuestro trabajo», subrayan.

Los decanos denuncian que «no existe una firme y decidida voluntad política para construir un Poder Judicial fuerte, moderno y eficaz. Sólo ha habido interés a la hora de establecer mecanismos institucionales de control o influencia».

Eso sí, insisten en que «es necesario invertir en Justicia, o lo que es lo mismo, apostar por la eficaz tutela de los derechos de los ciudadanos».

«Creemos que en un Estado de Derecho la Justicia debe ser una prioridad, como la sanidad o la educación. Hoy en España lamentablemente no lo es», insisten los jueces decanos.

Asimismo, reclamen una «mayor contundencia» por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la hora censurar «los ataques» a la independencia judicial y han pedido un Consejo «más próximo» a sus preocupaciones y que dé «el primer paso» en esa defensa.

Para cambiar este estado de cosas, los jueces decanos proponen 33 medidas repartidas en cuatro grandes bloques:

FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DEFICIENTE. MODERNIZACIÓN:

-«Incremento de la inversión«, porque «no es de recibo que la Justicia apenas represente el 1% de los Presupuestos Generales del Estado», cuando, por ejemplo, «las ayudas públicas al sector financiero hayan ascendido a más de 60.000 millones de euros, que representa nada menos que 17 veces el presupuesto destinado anualmente a la Justicia en España».

– Ampliación de la planta judicial. «España tiene exactamente la mitad de jueces que la media europea. En efecto: hoy somos 5.500 jueces y juezas en España y para alcanzar la ratio europea de 21 jueces por 100.000 habitantes deberíamos contar con 9.600 jueces«.

– Control de la litigiosidad. Es preciso arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España, sin que ello suponga en absoluto merma del derecho a la tutela judicial efectiva.

– Mejorar la atención al ciudadano. La mejora de la atención al ciudadano debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento. En este sentido propugnamos la potenciación de las Oficinas de Atención al Ciudadano coordinadas y servidas por personal técnico especializado, la adecuada dotación de las Oficinas de Atención a las Víctimas y la creación de Oficinas de Información de Asistencia Social.

– Expediente digital. La falacia del “papel cero”. En sus conclusiones se han mostrado muy críticos con el expediente digital implantado, porque «se ha seguido un camino inadecuado sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación, sin experiencias piloto y con falta de coordinación de las CCAA y con constantes fallos del sistema debido a la ausencia de modernización informática en muchos territorios».

Y denuncian que además, se ha hecho «sin contar con los jueces, al margen de nuestra opinión y de las características de nuestro trabajo».

Insisten en que «el CGPJ debe poner a disposición de los jueces una oficina de coordinación informática para recoger las sugerencias y quejas que puedan producirse en el desarrollo del expediente digital ya que el Ministerio no tiene en cuenta ninguna de ellas.

Es el momento de que CGPJ ejerza sus competencias y deje de ponerse de lado«.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

Respecto a la Independencia Judicial, los jueces decanos insisten, como vienen haciendo desde hace años en que «la designación política de los Vocales del CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces, está resultando muy perjudicial para la imagen de los jueces y de su independencia, por lo que entendemos que el CGPJ debe de quedar al margen de cualquier tipo de influencia o designación política».

-Insisten en que «ello pasa no sólo porque sus miembros judiciales sean elegidos por los jueces –mediante sufragio libre, igual, directo y secreto- y no por el Poder Legislativo, sino también por potenciar sus competencias, garantizar un cierto ámbito de autonomía presupuestaria y asegurar que la elección de sus miembros responden al único fin de garantizar la independencia judicial frente a cualquier injerencia externa de los demás poderes públicos».

Ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso ‘Nunes contra Portugal’ y condenó a dicho país, además de que el Comité de Ministros del Consejo de Europa «envía el mismo mensaje a España».

Y recuerdan que «hace sólo unos días se ha hecho público el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) dependiente del Consejo de Europa, en el que se criticó duramente al Estado Español por no atender sus recomendaciones para fortalecer la independencia judicial.

El informe denuncia la falta de interés de nuestro país por modificar el sistema de elección de miembros del CGPJ para mejorar la actual situación «tanto en apariencia como en la realidad».

-Además, reclaman la elección por los propios jueces y magistrados de las Presidencias de Tribunales, la independencia económica del poder judicial, una mayor «mayor contundencia del CGPJ en el amparo frente ataques a la independencia judicial», la deducción de los aforamientos, porque «complican, dilatan y perjudican notablemente la tramitación de las causas por corrupción –sobre todo en la fase de investigación- y además evidencian desconfianza hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley-«.

-También denuncian el «uso excesivo y a veces abusivo» del indulto, consideran que la regulación «es obsoleta» y entienden que «no basta con excluir determinados delitos de su ámbito –corrupción o violencia de género– porque en los demás casos, el indulto seguirá siendo una excepción a la independencia judicial». Al respecto, señalan que pueden tener sentido «en casos muy excepcionales» y abogan por modificar la regulación de la suspensión provisional de la ejecución pena en caso de solicitud de indulto «de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo»

– Exigen la «regulación de las puertas giratorias», porque «provoca un indudable daño a la imagen de independencia e imparcialidad de los jueces».

-Y reclaman la «supresión de los nombramientos de magistrados de los TSJ a propuesta de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas«, porque «dichos magistrados una vez destinados en los Tribunales Superiores de Justicia son potencialmente los jueces encargados de enjuiciar a los aforados que les han nombrado».

SOLUCIONES PARA LA AGILIDAD, LA EFICACIA Y LA CALIDAD

Se interesa del CGPJ que dé el impulso necesario en orden a hacer realidad la propuesta elaborada por los representantes de las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, de fecha 20 de abril de 2016, conforme a la cual se planteaba: “fijar, con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera derivarse un riesgo para los integrantes de la carrera judicial, una horquilla entre el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medición de la función jurisdiccional aprobado por el CGPJ en el año 2010”, que sigue utilizando para la inspección de los Tribunales.

En alusión al supuesto descenso de las causas penales según el Ministerio de Justicia. que la carga de trabajo de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal es exactamente la misma que antes de las reformas, solo que, como consecuencia de la nueva redacción del art. 284 LECrim ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción los atestados sin autor conocido, lo que simplemente ha supuesto descargar a la oficina judicial -que no al Juez- de un trabajo meramente burocrático, es decir, ahora estos atestados se quedan en las Comisarías».

-Los decanos se han mostrado especialmente críticos con «la incomprensible instauración de la limitación temporal de la instrucción«, a la que califican de «ejemplo de reforma innecesaria y meramente voluntarista llevada a cabo sin valorar las consecuencias y, obviamente, sin inversión alguna para agiliza las causas, ha afectado muy negativamente al trabajo de las fiscalías y juzgados».

Recuerdan que «no por introducir en una ley una limitación temporal los procedimientos van a ganar en rapidez ni en calidad de la investigación», es más, con ello se incrementará «el riesgo de cerrar en falso de investigaciones penales que no han podido concluirse debidamente».

La implantación de esta medida «supone desconocer que gran parte de los “tiempos muertos” de la investigación no dependen del juzgado (comisiones rogatorias, atestados ampliatorios, informes periciales de todo tipo, etc…), por lo que la reforma merece un juicio muy negativo».

– Subrayan los decano que «la Justicia como elemento dinamizador de la economía», ya que «los expertos aseguran que allí donde el sistema judicial es más fuerte y seguro, afluirá el crédito y la inversión».

«Algunos expertos afirman que los intereses en juego en la Justicia pueden ascender a más de 50.000 millones de euros. En el sistema judicial actual, estas inmensas sumas de dinero están atrapadas en miles de procesos interminables, se hallan en dique seco mientras pende de la decisión del juez, frecuentemente durante años si contamos las diversas instancias. Por tanto, este dinero no fluye, no se reinvierte y no genera riqueza mientras esta «judicializado».

VALORACIÓN DE LAS RECIENTES REFORMAS LEGALES

Los decanos insisten en que «las reformas recientes no son las que necesita la Justicia española, e incluso en ocasiones han tenido efectos muy perjudiciales como ha sucedido con la relativa a la limitación del plazo de la instrucción». Y hacen una especial referencia a «la Ley de Segunda Oportunidad es una ley absolutamente fracasada, lo cual es grave, sobre todo cuando generó falsas expectativas a millones de ciudadanos».

Eso sí, los decanos valoran positivamente otras leyes como «la nueva regulación del decomiso, el estatuto de la víctima, la regulación pormenorizada de medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales, la introducción del principio de oportunidad en delitos leves o la no remisión de atestados sin autor conocido, medidas solicitadas en su día por los Jueces Decanos».

PARA DESCARGAR:

conclusiones-de-las-xxvi-jornadas-nacionales-de-jueces-decanos-de-espana

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