La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha criticado la «insensibilidad» por parte de la Fiscalía General del Estado al mandar una carta, el pasado 30 de septiembre de 2016, a los jefes de las Audiencias Provinciales para que se opongan al auxilio judicial invocado por la juez argentina María Servini para interrogar a 19 investigados por su supuesta implicación en crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.
En un comunicado, JpD reconoce que la fiscal General del Estado, Consuelo Madrid, puede impartir órdenes o instrucciones a sus subordinados, pero, en su opinión, con este escrito se ha impuesto «un criterio específico de informe» contra el principio de independencia.
Por ello, afirma que la misiva remitida a los fiscales jefes provinciales es «difícil encuadrarla» dentro de los instrumentos jurídicos de organización que recoge la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La asociación de jueces lamenta que esta manifestación de la fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, muestra que las instituciones españolas «siguen haciendo dejación» de sus funciones, lo que permite que aún queden «decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes».
JpD destaca que es «inadmisible» que un Estado democrático siga «negando a toda la sociedad el derecho a conocer el pasado» y que no se pueda dar un «cumplido homenaje y protección» a aquellas personas que fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la «posterior represión franquista».
ASISTENCIA MUTUA
Además, recuerda al departamento que dirige Madrigal que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU insta al Estado español a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a amnistía.
En este sentido, subraya en el comunicado que España es el segundo país, después de Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.
Asimismo, enfatiza que la Fiscalía General del Estado que está obligada constitucionalmente por el Derecho Internacional, en concreto, por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal entre el Reino de España y la República Argentina, firmado en Buenos Aires el 3 de marzo de 1987 a prestar asistencia mutua en materia penal.
«El único límite para denegar la asistencia es que no haya un ‘interés de la Justicia’. Y en este caso hay un demostrado interés por la Justicia», concluye la asociación.
LOS EXHORTOS FUERON ENVIADOS EN SEPTIEMBRE
El pasado mes de septiembre, el Ministerio de Justicia envió a distintos juzgados españoles los exhortos que la juez argentina remitió para interrogar en España a 19 investigados por su presunta implicación por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista.
En concreto, Servini solicita la declaración de Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979); José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón; Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975); José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).
También quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
