Cayo Lara, excoordinador de Izquierda Unida, el senador por Podemos, Ramon Espinar, y Gaspar Llamazares, excoordinador de IU. EP.
El podemista Ramón Espinar criticado duramente por los excoordinadores de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares por la venta de su piso VPO
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04/11/2016 06:55
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Actualizado: 04/11/2016 00:24
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«Especular es especular. Y hacerlo con una vivienda protegida es especular, lo diga Agamemnon o su porquero. Punto». Así de tajante se pronunció Cayo Lara, excoordinador de Izquierda Unida, en Twitter sobre la noticia de la venta que Ramón Espinar, portavoz de Podemos en el Senado y aspirante de la formación morada en Madrid, hizo de su piso de protección oficial, del que obtuvo un beneficio de 20.000 euros.
Espinar se defendió alegando que no podía pagar la hipoteca, de 580 euros mensuales, y vendió el piso, en vez de devolverlo a la promotora, una cooperativa impulsada por Comisiones Obreras.
«Cada uno es responsable del listón de su ética. No veo clara la facilidad de crédito y acceso a la vivienda pública sin nómina», remachó Gaspar Llamazares, también excoordinador de IU a través de su cuenta de Twitter.
Algo con lo que no se mostró de acuerdo el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que, también por Twitter, apoyó a Espinar -hijo del exconsejero de Economía por el PSOE de la Comunidad de Madrid, del mismo nombre, expresidente de la Asamblea de Madrid, actualmente en el banquillo de los acusados en el caso de las tarjetas «black», por su paso por Caja Madrid como consejero de la entidad-, del que dijo que había dado «explicaciones inmediatas aclarando todo».
Sin embargo, Espinar, que compareció ante los medios de comunicación para dar su versión de los hechos, explicó que reservó esa vivienda en 2007, cuando tenía 21 años, y formalizó su compra el 16 de marzo de 2010.
Durante ese periodo pagó 52.000 euros en concepto de adelanto por un inmueble con trastero y dos plazas de garaje que tenía un valor total de 146.224 euros. El piso iba a ser construido en Alcobendas, población al norte de Madrid capital.
Después de firmar la escritura, toma la decisión de vender. En ese momento sólo percibía 480 euros de una beca y no podía hacer frente a la hipoteca. Por ello, solicitó la autorización a la Comunidad de Madrid para ponerlo a la venta, alegando que no le llegaba el dinero para la hipoteca.
Le dieron el permiso en julio de 2011 y formalizó su venta por 176.000 euros, 30.000 euros más que el precio de compra. Quitando los impuestos y gastos de gestora, Espinar consiguió 20.000 euros de beneficio.
La legalidad, la ética y la estética no siempre van de la mano, y este, a tenor de las palabras de los excoordinadores de Izquierda Unida, puede ser uno de esos casos.
Espinar cumplió con la legalidad. Solicitó a la Comunidad de Madrid la autorización para la transmisión de la vivienda mediante una instancia.
Dicho permiso, según la abogada Alegría Cuevas, de Le Morne Brabant Abogados, es imprescindible en dos supuestos:
- Cuando se han recibido ayudas públicas para la compra de dicha vivienda durante el periodo establecido para las mismas.
- En el supuesto de que estemos dentro del plazo de tiempo en el que la vivienda continúa con la calificación administrativa de protección oficial, dependiente de la promoción. Este intervalo puede oscilar entre los 15 y hasta los 90 años. Una vez que se encuentra fuera de ese periodo, el propietario podrá tanto venderla como alquilarla sin permiso alguno, puesto que el inmueble pasa a administrarse mediante el régimen general de vivienda.
Una vez obtenida la autorización, la venta debe realizarse dentro de un precio tasado, establecido por la Comunidad Autónoma donde se resida.
En este, Espinar la vendió obteniendo un beneficio de entre 19.000 y 20.000 euros, ya que en el momento de la adquisición costaba 146.224 euros, mientras que en de su posterior venta valía 176.000 euros.
De acuerdo con Cuevas, tanto en este como en todos los casos, la plusvalía se obtiene en relación directa al precio que decida la autoridad administrativa competente, en este caso la Comunidad de Madrid.
No existe una cantidad mínima establecida para la venta, pero sí una máxima.
La vivienda de protección oficial nace con la filosofía de cubrir una necesidad habitacional.
Aunque Alegría Cuevas matiza que la ley se flexibiliza para cubrir “posibles factores humanos”, como imposibilidad de pago – situación con la que se justifican muchos vendedores, como Espinar – y/o traslados de ciudad por motivos laborales que tengan lugar en un periodo de tres años antes de ocupar dicha vivienda.
En conclusión, Espinar no hizo nada ilegal, pero los 20.000 euros que se llevó de beneficio con la venta de la casa hace que no concuerde con lo ético y lo estético, cosa que los dos excoordinadores de IU se han encargado de resaltar; en opinión de ambos, si no podía afrontar la hipoteca tenía que haber devuelto el piso a la Cooperativa. Era lo ético, desde sus respectivos puntos de vista.
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