Juan Gonzalo Ospina, presidente AJA-Madrid: «La Justicia es la gran olvidada por todos los gobiernos»
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05/11/2016 06:59
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Actualizado: 07/3/2022 14:16
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El presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid), Juan Gonzalo Ospina asegura que “La Justicia es la gran olvidada por todos los Gobiernos y tenemos en esta legislatura la oportunidad de que sea escuchada”, aunque afirma que el recién reelegido ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene una «amplia lista de tareas pendientes».
Ospina lleva desde 2013 como presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, desde donde nos cuenta que su principal preocupación es unir a la abogacía joven con el fin de tener mayor voz y voto como colectivo, y participar en el debate legislativo.
Precisamente, desde esta Agrupación apuestan por seguir haciendo del Derecho un vehículo para el respeto y la defensa de la dignidad humana.
Tras licenciarse en derecho y ciencias políticas por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Juan Gonzalo Ospina comenzó el el ejercicio profesional en 2010.
Entre el 2012 y 2014 trabajó para el despacho de abogados Martínez–Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados como abogado del departamento penal, para iniciar su andadura profesional en solitario ese mismo año.
Actualmente es abogado penalista.
Además, a «Juango», como le conocen los allegados, le encantan los medios de comunicación y participa, con cierta frecuencia, en distintas tertulias de televisión y colabora con distintos diarios jurídicos.
¿Qué opina del trato a la justicia por parte de los últimos gobiernos en democracia?
Rafael Catalá toma las riendas nuevamente como ministro de Justicia con una amplia lista de tareas pendientes. Y es que la Justicia ha sido la gran olvidada por la mayoría de los gobiernos, los cuales amplían su poder político hasta límites incomprensibles en una democracia de calidad, reformando la ley principal de la justicia española, que después de la Constitución, es la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de controlar cada vez más a nuestros jueces, y así conseguir dirigir la cúpula de poder de los mismos que es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Cómo plantearía la reforma de la “Politización de la Justicia”?
El término conocido como “politización de la justicia”, se aduce por parte de la ciudadanía en base a dos circunstancias: por un lado la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, cuyos veinte miembros son hoy elegidos libremente por parte del poder Legislativo y Ejecutivo sin que exista poder de decisión alguno por parte de la judicatura, creándose así una especie de ilimitada arbitrariedad política; y por otro lado por la elección de los magistrados del Constitucional, que según nuestra Constitución escoge a sus doce miembros, ocho por las Cortes, dos por el Gobierno y dos por el CGPJ.
No acabaremos realmente con la corrupción hasta que la justicia no sea independiente
La intoxicación de la política en la judicatura produce distintos efectos nefastos en la sociedad, tales como el desapego de la ciudadanía hacia sus instituciones, o el mero hecho de que las decisiones más sensibles políticamente puedan inmiscuirse en la aplicación de la ley, y como no la corrupción. No acabaremos realmente con la corrupción hasta que la justicia no sea independiente.
Una democracia de calidad, merece que sus tres poderes del Estado estén blindados entre sí. Por todo ello, un planteamiento sencillo en la búsqueda de garantizar mayor independencia en el CGPJ, que es el órgano que se encarga de velar por los ascensos, sanciones y medios en la judicatura sería: el cumplimiento del espíritu constitucional del artículo 122.3 CE, “de los veinte vocales del CGPJ doce escogidos entre los jueces en una elección de un juez un voto y se podría dejar a los otros ocho a elección de las Cortes en una garantía de equilibrio de poderes”.
En cuanto a la reforma de la elección de los magistrados del Constitucional, cámara necesaria irrefutablemente en una democracia de tradición continental como la nuestra, podría ser por Ley Orgánica. Y regular que de los ocho magistrados elegidos por las Cortes, la mitad fuera escogido por la judicatura entre un juez un voto, con el objetivo de dotar de mayor imparcialidad, transparencia y equilibrio en la composición del Constitucional.
Creo que además, se debería introducir mayor publicidad en la elección de sus componentes, mayores incompatibilidades al cesar en sus funciones, y sobre todo dotar de mayor honorabilidad la función del cargo.
La abogacía no puede quedar relegada a un segundo plano en esta nueva legislatura
¿Pero es esta la única reforma que usted plantearía en el ordenamiento jurídico?
No. Necesitamos que el proceso penal sea reformado profunda y urgentemente. Necesitamos una ley que se caracterice por agilizar, aclarar y dotar nuestro sistema de mayores garantías jurídicas, para así lograr perseguir el delito y proteger a la víctima. Por ejemplo, cuando la respuesta a la pregunta ¿Quién investiga España? queda en manos de la Ley Criminal, según esta la investigación queda en el juez instructor, sin embargo esto es una triste falacia porque la realidad es que la investigación penal depende de la Policía y el juez instructor se limita al actuar de la misma.
Juan Gonzalo Ospina, presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA-Madrid).
¿No deberían nuestros jueces instructores o fiscales tener los medios necesarios para ellos investigar el delito sin injerencias de cualquier tipo?
Sin duda, esto sería idóneo además de adecuado. Deberíamos de progresar hacia una especie de juez de garantías que tuviera al abogado y al fiscal en el mismo plano de igualdad, y no como en la actualidad, en donde el papel del abogado queda a veces relegado a un mero y triste formalismo que vulnera el derecho de defensa.
¿Qué reformas recalcaría como necesarias en la nueva legislatura?
El fortalecimiento de los Derechos Fundamentales tiene que ser una de las metas del nuevo ejecutivo, sin olvidarse de fortalecer el derecho a la Libertad para que en España no se practique ni una sola detención que no sea estrictamente necesaria y que la coletilla policial “mañana pasa ante el juez», desaparezca en aquellos casos en los que tales detenciones sean desproporcionadas.
Además, el derecho a la dignidad y al honor, deben ser verdaderamente protegidos por la ley. La injuria y la mentira gratuita deben ser realmente sancionadas. Sé de lo que hablo. Algunas las he sufrido en primera persona.
Eso sí, creo firmemente en el derecho a la información. Soy un férreo defensor, pero me gustaría que fuera una realidad material más allá del formalismo en la Constitución y que la opinión pública conozca, reproche y tenga derecho a interpelar, por ejemplo, aquellos “ascensos o destinos” de jueces o magistrados, con el fin de conocer si son premios políticos o son el significado de la meritocracia, con el objetivo de fortalecer nuestras instituciones.
Y sobre la abogacía ¿Cuáles son los grandes retos?
La abogacía no puede quedar relegada a un segundo plano en esta nueva legislatura. Por ejemplo, el Turno de Oficio, esa encomiable labor que ejercemos la mayoría de los letrados con el fin de hacer valer el derecho de defensa a los más desfavorecidos no puede seguir en la discordia de si se abona o no por parte de las instituciones como si esto fuera un favor y no un deber por parte de las mismas. La universidad tampoco debe quedar alejada de las reformas necesarias, debería de buscarse una mayor practicidad en los primeros cursos y más complicidad con la realidad laboral con el fin de evitar el gran paro que existe al terminar derecho.
El Máster de Acceso a la Abogacía, como último paso para acceder a la profesión, tiene que ser eliminado como está formulado actualmente, posiblemente hacia una prueba libre como la que contienen países del entorno. No debe ser “obligado”. Ahora se obliga a los estudiantes a realizar un Máster de 17 meses, en algunos casos sangrantemente caro, que limita, la meritocracia de los alumnos más aventajados que no pueden acceder a la profesión liberal.
La justicia tiene grandes retos y grandes oportunidades que en esta legislatura de consenso podrían llevarse a cabo y pasar a la historia como el Gobierno que consiguió el gran “Pacto por la Justicia” que llevó a España a la democracia de calidad que todos nos merecemos.
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