El empresario minero leonés Victorino Alonso ha sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión y al pago de una indemnización de 25,4 millones de euros como autor penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, al causar graves daños en el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves.
En su resolución, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca responsabiliza al empresario de un delito contra el patrimonio histórico por la destrucción de Chaves, y hace responsable subsidiario del pago de la indemnización impuesta a la empresa que gestionaba el coto, Fimbas.
Por otra parte, el tribunal absuelve a la empresa que ejecutó las obras que supusieron la destrucción del yacimiento neolítico, Ferpi, y a la aseguradora Mapfre como responsables civiles subsidiarios en el pago de la indemnización.
El empresario leonés es absuelto, sin embargo, del presunto delito contra el medio natural que le imputaba la acusación particular en nombre de Ecologistas en Acción.
El proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada ‘Bastarás’, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García había ordenado la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves.
Para fundamentar la condena, el juez da plena credibilidad al testimonio prestado durante la vista por la persona encargada de gestionar Fimbas, que aseguró haber recibido órdenes directas del empresario para actuar en el lugar donde se ubicaba el yacimiento.
Destaca, además, que las largas diligencias judiciales durante la instrucción no fueron «inocuas ni intrascendentes», ya que permitieron acreditar que Victorino Alonso era «en realidad» quien tomaba las decisiones en la finca, «por encima de cualquier otra persona y ello a pesar de no ostentar ningún cargo visible en Fimbas».
Una actuación, señala el juez, que permitió «desenmascarar» la estrategia de la defensa del empresario de tratar de repartir las responsabilidades existentes entre varias personas.
Respecto al valor de Chaves, la resolución subraya, a tenor de lo referido por los expertos, que no era considerada sólo un yacimiento arqueológico, sino como el «más espectacular asentamiento neolítico puro» de referencia tanto en España como en Europa.
Pese a ello, Victorino Alonso «tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza».
Entiende el magistrado que la extracción de sedimentos y la nivelación del suelo «obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas», tal y como argumentaba la defensa.
Asimismo, el magistrado reprocha, sin embargo, a la administración autonómica no haber promovido una resolución que protegiera de forma específica el yacimiento como Bien de Interés Cultural y que dicha protección sólo fuera «indirecta», algo que califica de «censurable e inexplicable».
Tras la sentencia, el empresario Victorino Alonso ya ha anunciado que recurrirá la condena de 2 años y 6 meses de prisión debido a las «notables contradicciones» que contiene la fundamentación jurídica de la sentencia.
