Las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- coincidieron ayer en que el principal reto del nuevo fiscal general del Estado, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Maza, será abordar la reforma procesal penal y más en concreto lo relativo a que la fase de instrucción de las causas recaigan sobre la figura del fiscal.
Así, el portavoz de la APM, Celso Rodríguez Padrón, explicó que dentro de los proyectos de reforma legislativa que se plantea el nuevo Ejecutivo, el reto será la reforma procesal penal y adelantó que la Fiscalía General del Estado «va a tener mucho» que decir si se aspira a instaurar un modelo de instrucción por parte del Ministerio Fiscal.
A su juicio se trata de una «tarea importante» y por ello tendrá que participar de un modo directo en los estudios que se elaboren sobre dicha cuestión ya que es controvertida doctrinalmente, ha explicado Rodríguez Padrón, quien ha reconocido que el sucesor de Consuelo Madrigal es un magistrado «experto» y un «buen candidato».
Desde la asociación Francisco de Vitoria se hicieron eco de las intenciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de modernizar el sector con reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y consideran que para el fiscal general del Estado el reto más importante será «asumir ese cambio», tal y como indicó su portavoz Raimundo Prado.
En la misma línea que Rodríguez Padrón se expresó el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, quien subrayó que Maza, que comenzó su carrera judicial en 1975, es un juez con una «larga trayectoria».
LA PERSONA «IDÓNEA»
La nueva presidenta de la Gestora de FJI, Concepción Rodríguez, elogió a Maza argumentado que le parecía la persona «idónea» para suceder a Consuelo Madrigal en la Fiscalía General del Estado, dada su dilatada carrera.
Así, recordó que el Ministerio Público seguirá desempeñando un papel muy relevante en aras de la aplicación de la ley y acatamiento de las resoluciones judiciales con especial mención a la deriva soberanista de Cataluña. EP.
