El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado este lunes incoar un expediente disciplinario a la magistrada y ex diputada de Podemos Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave de desatención en la tramitación de un procedimiento judicial cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
La investigación tratará de aclarar si la juez incurrió en desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013 por el investigado, Eduardo López Mendoza, quien fuera abogado durante años del empresario gran canario José Miguel Suárez Gil.
El expediente disciplinario tiene su origen en un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria por un abogado en el que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.
La Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico penal suficientes para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero la remitió al Consejo por si de la misma pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria. Este traslado se produjo el pasado 8 de abril.
Esta investigación es diferente a la que afectó a Rosell a resultas de una querella que interpuso contra ella el ex ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria por y retardo malicioso por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.
Esta querella sigue siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria y mantiene paralizado el expediente disciplinario.
POSIBLE FALTA MUY GRAVE
Tras estudiar el contenido de esta otra denuncia, recabar informe del letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y practicar otras diligencias, el ‘promotor de la Acción Disciplinaria concluye que la juez Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención al intervenir en un procedimiento judicial en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, siendo titular del Juzgado de Las Palmas, la juez Rosell acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación de las diligencias penales.
La recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó y que tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.
INTERVINO PESE AL TRASLADO A LA AUDIENCIA
El promotor de la Acción Disciplinaria señala en su acuerdo que entre los días 6 de noviembre de 2013 -fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 -fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado- «la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas».
Esa intervención se produjo «concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014», añade el Promotor.
La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado a los efectos oportunos. EP.
