«Reitero mi compromiso por defender ante la Unión Europea que nuestro sistema de servicios profesionales funciona adecuadamente. El servicio, en concreto, que prestan los procuradores es un servicio cualificado, eficiente, de calidad. Los costes de ese servicio no son en absoluto superiores a los que existen en los países de la Unión Europea», afirmó ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
Catalá respondía así al dictamen de la Comisión Europea de eliminar la incompatibilidad actual del abogado y procurador en la intermediación de la parte al órgano jurisdiccional. La Comisión apoya que los propios abogados puedan actuar como procuradores en el mismo proceso.
«Me preocupan las resoluciones que puedan dictarse en el ámbito de los tribunales como en la propia Comisión Europea en relación con el ejercicio profesional de los procuradores y de los abogados, tanto en el tema retributivo de los aranceles como en el asunto vinculado con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y procurador», reconoció.
«Contamos con unos profesionales, no sólo de la procura, sino también de la abogacía, graduados sociales, notariado y registros, que hacen un servicio adecuado de calidad y vamos a defenderlo en Europea», concluyó con firmeza el ministro, ante la mirada atenta de los presentes, entre los que se encontraba Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España.
