El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez Bilbao. (URJC)
4 profesores exigen la dimisión del rector de la Universidad Rey Juan Carlos por el supuesto plagio
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08/12/2016 05:57
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Actualizado: 07/12/2016 22:08
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Los cuatro profesores afectados por los supuestos plagios del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez Bilbao, han pedido la «inmediata dimisión» de su cargo en la institución académica, al margen de las acciones legales oportunas que, en calidad de perjudicados, emprenderán a título individual. Suárez Bilbao ha sido acusado de numerosos plagios de trabajos de investigación.
Así lo han hecho en un texto suscrito por los propios afectados, Miguel Ángel Aparicio Pérez, de la Universidad de Barcelona; Carlos Barros Guimeráns, de la Universidad de Santiago de Compostela; Ignacio Fernández Sarasola, de la Universidad de Oviedo y Emilio La Parra López, de la de Alicante.
Estos docentes trasladaron su «indignación» por la continuidad «absolutamente insostenible» de Suárez Bilbao en el cargo de la universidad pública española tras la «vergonzosa imagen» generada por las acusaciones de «plagio» y que está «dañando la credibilidad de la Universidad española».
Los cuatro afectados critican que, «lejos de asumir su responsabilidad», el rector ha emitido una declaración «plagada de falsedades» en la que denuncia una campaña de «difamación y acoso a la universidad». Y en la que reconoce que «Es posible que se hayan podido producir disfunciones, porque soy humano».
Los profesores puntualizan que el propio rector confunde, «con manifiesta ignorancia, la propiedad industrial con la propiedad intelectual«, cuando asegura que «no hay plagio sin lucro (lucro que, por otra parte, se puede obtener de forma indirecta, a través de proyectos de investigación y percepción de complementos económicos)».
Por ello, le acusan también de desconocer la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de violación de los derechos de autor.
El grupo de profesores reclama no solo su dimisión, sino que el Ministerio de Educación y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid «adopten las medidas disciplinarias pertinentes», defendiendo que «la autonomía universitaria no puede amparar situaciones como ésta».
Los afectados también ven «necesario» un pronunciamiento «inequívoco de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre la materia», sin perjuicio de las acciones legales oportunas que emprenderán a título individual.
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