Pascual Fernández, decano Colegio Economistas de Madrid; Valentin Pich, presidente Consejo General de Economistas y Victoriano Martin, catedrático de Historia del Pensamiento Económico.
Los economistas exigen que la seguridad jurídica sea clave para el empresario
|
15/12/2016 05:58
|
Actualizado: 14/12/2016 18:02
|
Un año de trabajo ha costado el estudio “Implicaciones económicas de la Justicia en España”, presentado este miércoles en el Consejo General de Economistas. Según los datos nuestra justicia no es tan mala como parece aunque la percepción del ciudadano sea negativa. Desde esta entidad se reclama un Pacto de Estado por la Justicia que ofrezca seguridad jurídica al empresario con menos regulación normativa.
Victor Pich, presidente del Consejo General de Economistas; Pascual Fernández, decano del Colegio de Madrid y Victoriano Martín, catedrático de Historia del Pensamiento Económico explicaron el alcance de este trabajo donde “Un sistema judicial eficiente es necesario para garantizar el crecimiento económico. El funcionamiento del sistema judicial influye en el desarrollo de los mercados financieros lo que facilita el aumento de la inversión y del volumen de actividad”, apuntó el primero.
Por su parte Fernández destacó que “pese a que la percepción que tienen los españoles sobre el funcionamiento de su sistema judicial es menos favorable que la del resto de ciudadanos europeos, los datos ponen de manifiesto que España se encuentra a un nivel similar a la media de países de la Unión Europea en algunos de los indicadores más importantes que se emplean para medir la eficiencia del funcionamiento de la Justicia”.
Uno de los temas que destaca el estudio es la tasa de litigiosidad “sigue siendo elevada en comparación con el resto de Europa. En concreto, en cuanto al número de litigios admitidos en los juzgados de primera instancia civiles y mercantiles, en el caso de España es de 38 asuntos por cada mil habitantes, más del doble de la media de la UE-15”, apuntó Martín.
A lo largo de este estudio, Fernández destacó que “el gasto público de España invertido en los tribunales es de 27 euros por persona, mientras que la media de la UE-15 es de 50,4. Por otra parte, la participación de las tasas judiciales en la financiación del presupuesto de los tribunales (un 13,8%) es muy inferior al resto de los países de nuestro entorno (el promedio de la UE-15 es del 29,2%)”.
A este respecto Valentín Pich subrayó que tras la sentencia del TC sobre las tasas judiciales no era lógico “que las empresas estén discriminadas y tengan tasas judiciales”. Desde su punto de vista lo más lógico, como sucede en otros países es que las tasas existan para todos, personas físicas y jurídicas, pero no entorpezcan el acceso a la justicia.
En dicho estudio se insiste en que la estructura jurídica y la propia administración de justicia son claves para el fomento del emprendimiento y la creación de empresas, así como para competir en una economía globalizada. Un país que ofrece seguridad jurídica tiene mayores oportunidades de atraer el capital y los recursos productivos que se requieren para crear riqueza y empleo. “No es lógico que la producción normativa sea tan elevada, hay que ser más racional en este tema”, señalaron.
Los ponentes señalaron la necesidad de incrementar el gasto en justicia que “en estos momentos es de 27 euros por persona. La media de la UE-15 es de 50,4. Y mejorar la reorganización de los recursos existentes. De los casi 4.000 órganos judiciales, cerca de un millar, es decir, el 24%, no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo. Sin embargo, el 43,5% de los órganos judiciales está por encima del 150% de ese indicador medio”.
Propuestas de mejora
Desde el Consejo General de Economistas se señalan algunas propuestas de mejora del sistema judicial, y reiteran la necesidad de un Pacto por la Justicia, como concepto de fondo donde la justicia sea un elemento transversal y tenga la importancia para operadores jurídicos y administraciones.
Al mismo tiempo, señalaron la urgencia de una reorganización de juzgados y tribunales y refuerzo en algunas jurisdicciones “Hay que mejorar los plazos de resolución de los asuntos ingresados, en especial en jurisdicciones como la mercantil”, indicó Victoriano Martín.
Otra recomendación que hacen es reducir el entramado normativo que es muy complejo “se trata de evitar la dispersión legislativa que hay en la actualidad”, comentó Pascual Fernández. El propio decano madrileño habló de la necesidad de un plan de choque para abordar la litigiosidad y de una mejor apuesta por la mediación, como sucede en Italia, donde sí ha crecido su desarrollo. “Se podría ver que fuera obligatoria en algunos asuntos y es necesario mayor difusión para que el ciudadano acuda a estos procedimientos”.
Los economistas son conscientes que la tecnología y la mejora de las estadísticas judiciales son claves para abordar el problema de la administración de justicia. “Es necesario dotar a LexNET de los medios adecuados para que su implantación sea un éxito. Y que sean compatibles los sistemas informáticos del Ministerio de Justicia y los de todas las CCAA”, indicó Martín.
Una de las cuestiones que más comentaron en esta presentación es la necesidad de estudiar en profundidad para identificar con claridad los motivos por los que la ciudadanía no aprecia de forma positiva su sistema judicial, para, posteriormente, tomar medidas que permitan mejorarlo.
“De hecho, uno de los primeros pasos debería ir encaminado a profundizar en la independencia de la Justicia, ya que, según el informe de la Comisión Europea, existe en España una desconfianza en la independencia de la Justicia por parte de las empresas y particulares bastante por encima de la media europea”, destacó Fernández.
Noticias Relacionadas:
