Un trabajador de la Sanidad Pública encadena 578 contratos temporales en 17 años

Un trabajador de la Sanidad Pública encadena 578 contratos temporales en 17 años

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09/1/2017 05:59
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Actualizado: 24/5/2022 14:25
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Cuatro meses después de aquel 14 de septiembre en el que el TJUE señalase con el dedo el fraude de la temporalidad en nuestro país en tres fallos similares, la Administración española parece no querer enterarse. Hay casos, como el de un trabajador interino, que ha encadenado 578 contratos temporales en diecisiete años. Un claro ejemplo del uso abusivo de la temporalidad.

Se siguen realizando miles de nombramientos temporales y las plazas de personal fijo no se reponen. La situación se enrarece y las demandas se incrementan en los juzgados de lo contencioso.

Ser empleado público temporal supone muchas veces trabajar más que un fijo, cobrar menos y cotizar la mitad. Tampoco tiene ninguna estabilidad ni derecho a ponerse enfermo.

Zeres Abogados, despacho del que es socio director Fabián Valero es uno de los bufetes laboralistas que más está siendo consultado por profesionales de la administración pública desde aquel fallo del TJUE de septiembre “Casos como el de un profesional sanitario, estatutario, del Sistema Nacional de Salud en una determinada CCAA lleva desde 1999 encadenando contratos temporales”.

En el recuento que este profesional hizo hace unos días señalaba hasta 578 contratos realizados, “muchos de ellos durante los últimos siete años en dicha CCAA mediante contratos de guardia de refuerzo, contratos de 17 o 24 horas para cubrir una guardia, pero haciendo el cómputo mensual se ve que ese número de guardias equivale a una jornada completa de plaza en propiedad”.

El problema de estos contratos, además de la inseguridad para el trabajador es que “al final por una guardia se cotizan dos días, por lo que este profesional hace la misma jornada que un fijo, pero tiene una retribución en cómputo mensual entre un 30 y un 40 por cien menor que los empleados fijos, y además solo cotiza la mitad de tiempo”, indica Valero.

Para este abogado laboralista “esta es una práctica ilegal porque al final el trabajador hace una jornada completa, equivalente a la de un empleado público con plaza en propiedad. Es una práctica habitual en cualquiera de las diecisiete CCAA que tiene el país “.

Una de las soluciones de estos profesionales es optar a las oposiciones, una cuestión ahora compleja porque en muchas convocatorias la mitad de esas plazas se cubren mediante promoción interna y muchas vacantes no se sacan a oposición “al final te das cuenta de que para acceso libre pueden quedar un 5 o 10 por ciento del total de las vacantes existentes, con lo que las posibilidades de tener una en propiedad escasea mucho”, advierte Valero.

A esto se suma que los procesos selectivos cada vez se espacian más en el tiempo.

Tasa temporal muy elevada

Según datos que nos ofrece este profesional, la tasa de temporalidad en el sector sanitario es del 30 por ciento. “De cada diez empleados que te encuentras en un centro de salud público, tres son temporales; médicos, enfermeros, auxiliares etc”. A su juicio todo se arreglaría aplicando la directiva europea 1999/70 “hay que adoptar algunas de las medidas que viene en la cláusula quinta de la norma: establecer límites al número de contratos que se puedan encadenar, establecer una duración máxima de los contratos temporales y tercero que la contratación temporal sea causal y objetiva”.

Nuestros dirigentes tuvieron que haber traspuesto dicha directiva en el 2001 “lo cierto es que han pasado quince años y seguimos sin saber a qué se debe de esta falta de implantación en nuestro ordenamiento jurídico.” Casualidades de la vida, en el mismo año que dicha directiva entró en vigor, nuestro protagonista de esta historia firmaba, el primero de muchos contratos temporales de una larga lista de contrataciones realizadas”.

El movimiento del Gobierno desde el Ministerio de Empleo que dirige Fátima Báñez busco que un grupo de expertos trabajara en un modelo común. Sin embargo hasta la fecha no ha habido acuerdo. “No se ponen de acuerdo, como era previsible. Nos imaginamos que la medida irá al Parlamento y ahí los partidos políticos deberán ponerse de acuerdo entre ellos”, destaca Valero.

Casos similares en sanidad pública de encadenar contratos fraudulentamente

Casos como el de este profesional de la sanidad al que CONFILEGAL ha respetado su anonimato para evitar represalias se cuentan por miles en cualquier administración pública. “Hay compañeros en la misma situación que esta persona que ya acumulan cada uno de ellos entre 200 y 300 contratos. A nivel contencioso administrativo son situaciones individuales que así deben reclamarse, aunque los afectados en situación equivalente puedan agruparse en una sola demanda”.

La situación actual sigue siendo la misma que hace cuatro años “se jubilan profesionales y no se reponen las plazas. Se echa mano de los trabajadores eventuales e interinos. Pese a que los fallos del TJU Ereclaman un cambio normativo, éste no se ha producido y la administración en sus diferentes niveles sigue operando igual. Sigue tirando de nombramientos de corta duración y de trabajadores temporales hasta el momento”.

Al final se trata de voluntad política y de realizar la reforma que está pendiente. Hay que darse cuenta que trabajar con estos parámetros es mucho más barato para la Administración. Se paga y cotiza la mitad a una persona por el mismo trabajo que el que desempeña un trabajador fijo. Si esto lo hiciera una empresa privada la Inspección de Trabajo habría actuado con toda contundencia, al hacerlo la administración pública se hace la vista gorda”.

Para Valero es bastante posible que la Administración Pública no quiera hacer esos cambios “en ese caso a los trabajadores afectados en esos casos no les queda más remedio que demandar para reclamar sus legítimos derechos. En esta situación no es descartable que desde el TJUE sigan cayendo sentencias cada vez más contundentes y que la Unión Europea sancione finalmente a España.

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