El objetivo del acuerdo que suscribieron ayer Gabriel María de Diego Quevedo, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, y Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de la capital de España, es, nada menos que para colaborar en detectar y proteger situaciones de vulnerabilidad en los lanzamientos efectuados en procedimientos hipotecarios y de desahucio por impago de rentas.
El convenio fue suscrito en presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Higueras, desde el comienzo de su mandato, mantiene la vivienda como un derecho social, haciendo hincapié en que las situaciones de desahucio hay que combatirlas antes de que se produzcan, actuando dentro del marco legal, y con la puesta en marcha de todos los recursos que puedan paliar la situación en la que se encuentran muchas familias madrileñas.
En esa línea va este convenio de cooperación para poder actuar con antelación y premura ante situaciones de vulnerabilidad con medidas de protección.
Para De Diego Quevedo, “este convenio forma parte de la colaboración bilateral que el Colegio de Procuradores de Madrid ha puesto en marcha con el Ayuntamiento de la capital para reforzar la comunicación y el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos madrileños.”
El fin es la coordinación entre ambas instituciones para posibilitar que los Procuradores en aquellos casos en los que sean conocedores de situaciones de vulnerabilidad, en el seno de un procedimiento de desahucio o ejecución hipotecaria en el curso del cual se encuentre pendiente de diligencia de lanzamiento, dispongan de un cauce permanente para la transmisión al Ayuntamiento de Madrid de la información necesaria sobre las familias o personas que sufren esa situación, siempre que las y los afectados den su consentimiento.
Así, se facilita la intervención del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para estudiar cada caso y ofrecer alternativas que palíen la situación de los afectados. En este sentido, se prestará asistencia a las personas o familias susceptibles de verse afectadas por un lanzamiento ofreciendo una serie de recursos como alternativas habitacionales o ayudas de emergencia, orientación y asesoramiento.
Para garantizar la adecuada coordinación entre ambas instituciones se creará una Comisión de Seguimiento formada por dos representantes de cada institución. Dicha comisión será la encargada de analizar los resultados de cada caso mediante la reunión ordinaria que tendrá lugar una vez por semestre. De esta manera se pretende crear un mecanismo útil y efectivo que consiga dar respuesta a los afectados por los procedimientos hipotecarios y de desahucio por impago de rentas.
