El Gobierno ha decidido posponer una semana la aprobación del real decreto ley que establecerá un mecanismo extrajudicial con el que bancos y clientes se pongan de acuerdo en las indemnizaciones por el dinero cobrado de más en las hipotecas a través de las cláusulas suelo.
Es la segunda vez que el Ejecutivo tiene que posponer su decisión, en esta ocasión hasta el próximo Consejo de Ministro del día 20 de enero, al no contar con lo apoyos necesarios.
En diciembre pasado, el Gobierno intentó aprobar un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria para las entidades financieras con el que se pretendía resolver «con celeridad» la devolución de lo cobrado de más por las cláusulas suelo, algo más de 4.000 millones de euros, según el Banco de España. Sin embargo no consiguió llegar a un acuerdo con el PSOE.
Tras ese primer intento frustrado, el Ejecutivo tenía previsto aprobar este viernes en el Consejo de Ministros un sistema extrajudicial gratuito y con el que, en un plazo máximo de tres meses, los consumidores puedan recuperar lo pagado de más por las cláusulas suelo.
Se trataría de un sistema obligatorio para las entidades, pero voluntario para el consumidor, con el que evitar los procedimientos judiciales y facilitar el acuerdo entre la banca y los clientes.
Para justificar este nuevo aplazamiento, el Gobierno ha esgrimido que busca ganar «mayor margen» de acuerdo con el PSOE para su posterior tramitación en el Congreso de los Diputados, según han informado a Europa Press en fuentes gubernamentales.
Además, han puntualizado que la norma deberá ser consultada con el Banco Central Europeo (BCE) al afectar al sector financiero.
El principal desencuentro se produjo el miércoles cuando el ministro de Justicia, Rafael Catalá, advirtió de que los bancos no disponen de medios suficientes para atender a los 1,5 millones de afectados que se estiman oficialmente en tres meses.
Habría «un problema» si al millón y medio de demandas civiles anuales que entran en los tribunales les sumásemos otras tantas derivadas de las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios y las hipotecas multidivisas, aseguró el ministro.
Un anuncio sorpresivo, puesto que sólo un día antes otro ministros, el de Economía, Luis de Guindos, daba por hecho que no existían estos problemas y había señalado que el plazo máximo de los bancos para devolver el dinero sería de 90 días a partir del momento en que se iniciaba la reclamación.
LOS DESPACHOS DE ABOGADOS
El decreto contempla que los clientes puedan recuperar en metálico los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo no transparentes en sus hipotecas o decantarse por amortizar el capital pendiente del préstamo si aún no han terminado de pagarlo.
De los publicado hasta ahora se desprende que en el decreto ley del Ejecutivo se establecería un procedimiento obligatorio para los bancos. Se ofrecería dos meses a los bancos para hacer su primera oferta al cliente; este tendría una semana para aceptarla o no y en caso negativo, el banco tendría una nueva semana para realizar su segunda oferta. A partir de ahí, el cliente tendría unos días para aceptarla o acudir a la reclamación judicial libre de costas.
Según, Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, “Probablemente la doble vuelta pretende evitar la avalancha judicial; pero tiene un riesgo: que los bancos realicen una oferta rebajada en primera instancia, sabiendo que existe una segunda. Esperamos que los bancos sean responsables y acaten plenamente la sentencia de Luxemburgo desde el principio”.
El experto señala que si el problema es el cálculo de las cantidades debidas, “Economía podría facilitar una calculadora online que agilizara los trámites”.
Por otra parte, advierte que el decreto habla de “compensación”, no de entrega de dinero. “Se compensará en el capital pendiente de amortizar vía cuotas o plazos, lo que nos parece razonable y equilibrado”.
Esto podrían significar que las entidades bancarias pretendan devolver las cantidades reduciendo la cuota hipotecaria, pero no se baraja que se puedan cambiar por productos como fondos de inversión o planes de pensiones.
“Por eso es recomendable la asistencia letrada también en el proceso extrajudicial; el propio ministro de Justicia nos ha pedido a los abogados que ayudemos a los bancos en la mediación de los expedientes; por supuesto, estamos abiertos”, subraya Navas.
