La alcaldesa de Madrid, la magistrada jubilada Manuela Carmena, ha afirmado que los asesinatos del despacho de la calle Atocha, 55, de 1977, fueron el precio que se pagó por «la libertad y la democracia» que hoy disfrutamos en España.
Carmena hizo estas declaraciones en el curso de un acto multitudinario, que concentró a más de 160 personas a media mañana, y que se celebró hoy en el Colegio de Abogados de Madrid con el fin de descubrir una placa en recuerdo de los cinco abogados laboralistas asesinados el 24 de enero de ese año en un atentado terrorista, y los cuatro abogados heridos, llevado a cabo por un grupo de ultraderecha.
Buena parte de las víctimas pertenecían al sindicato Comisiones Obreras y algunos eran militantes del Partido Comunista de España, que todavía era ilegal.
En su aniversario, 40 años más tarde, el mismo día en el que fueron asesinados a tiros los abogados Javier Sauquillo Pérez del Arco, Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdelvira Ibáñez y Serafín Holgado de Antonio, y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal, y heridos de gravedad, Dolores Gonzáles Ruiz, Luis Ramos Pardo, Miguel Sarabia Gil y Alejando Ruiz-Huerta, el Colegio ha querido dejar constancia de lo que supuso aquél asesinato en masa que conmovió a toda España.
Sonia Gumpert, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Alejandro Ruiz-Huerta, el único de cuatro los supervivientes que vive hoy y presidente de la Fundación Abogados de Atocha, Francisca Sauquillo, abogada de ese bufete y hermana de uno de los asesinados, y Manuela Carmena, también miembro del despacho de abogados laboralistas, inauguraron la placa, a la entrada de la institución.
La alcaldesa, cofundadora del despacho de abogados, reveló que había salvado su propia vida por los pelos. Minutos antes del atentado había salido por la puerta.
Manuela recordó con cariño a sus compañeros, de los que dijo que eran persona «entusiasmadas con el trabajo útil que hacían, con su reivindicación de la manera de hacer valer los derechos de los trabajadores».
La alcaldesa afirmó que ellos «inauguraron una nueva época: la de la transición». Sin duda, desde su punto de vista, aquellos asesinatos fueron la cuota que pagó Madrid «para conseguir la libertad y la democracia que tenemos hoy».
Ruiz-Huerta
Ruiz-Huerta, por su parte, recordó el gran papel que jugó entonces el Colegio de Abogados de Madrid, presidido por Antonio Pedrol Rius.
«Reconozco que no esperaba la respuesta que recibimos de Antonio Pedros Rius y de la Junta de Gobierno del Colegio. Porque eran ajenos a nuestra ideología [comunista]. Pedrol Rius fue a verme al hospital. Nunca olvidaré el beso que me dio. Era un hombre que estaba con las personas, no sólo con la abogacía», recordó Ruiz-Huerta, hoy presidente de la Fundación Abogados de Atocha.
«El Colegio se puso de nuestro lado al ciento por ciento. De aquella Junta formaban parte Luis Martí Mingarro y Antonio Garrigues, que están aquí hoy. Hicieron frente al miedo que había en la sociedad y al parcheo que quería hacer el Gobierno para no reconocer que había sido un asesinato. Le exigieron al gobierno que los cadáveres de nuestros compañeros fueran velados en el Colegio [entonces estaba en el edificio del Tribunal Supremo]. Y después se celebró un entierro multitudinario, en silencio», añadió Ruiz Huerta.
«Aquel atentado hizo posible que rompiéramos el bucle de violencia e ir hacia un proceso de paz. Aquel atentado influyó para que España finalmente recuperara la democracia y la libertad», remachó.
Francisca Sauquillo
También intervino en el acto Francisca -«Paca»- Sauquillo, reveló que el Gobierno de entonces «no quería un entierro multitudinario» sino «familiar».
Pedrol Rius y la Junta del Colegio intervinieron para que no fuera así.
«Si no hubiese sido por la valentía del Colegio de Abogados este atentado no habría pasado a la historia. Los cinco asesinatos y los cuatro heridos consiguieron el efecto contrario al que perseguían los asesinos. Porque toda España los consideró suyos, sus muertos. Ellos trabajaban por las libertades y defendían a los trabajadores», señaló.
«Los asesinos no consiguieron frustar el ansia de libertad y de democracia de los españoles», añadió.
La decana Gumpert, en su emotiva intervención, hizo público su «infinito agradecimiento, su admiración y su cariño», en nombra suyo y del Colegio, a los abogados de Atocha. Y terminó su corto discurso un «¡Vivan los abogados de Atocha!, ¡Viva la Abogacía! y «¡Viva el derecho de defensa!».
Entre los asistantes al acto se encontraron -entre otros- los abogados Cristina Almeida e Ignacio Gordillo, el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Estévez, el decano de los procuradores de Madrid, Gabriel María de Diego Quevedo, los presidentes de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Luis María Díez-Picazo, la magistrada de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Ana Ferrer, el presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, Ricardo Bodas, y su compañero de penal, Javier Martínez Lázaro, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Mozo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de ese tribunal, Juan Pedro Quintana, y el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres.
Al término del acto, Ruiz-Huerta hizo entrega a la joven abogada, Sandra Palomares, del primer premio internacional Abogados de Atocha. A partir de esta fecha será convocado anualmente para «mantener vivo el recuerdo» de aquellos abogados.
