La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) afirma que el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo no es suficiente. «Lo que hace falta es una solución legislativa global» en materia de consumo para adaptar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al ordenamiento jurídico español.
También pide, en un comunicado hecho público, que se active de inmediato la creación de plazas de Juzgados de Primera Instancia y Mercantiles para hacer frente al incremento de conflictos legales derivados de dicha jurisprudencia.
«El incremento de conflictos provocado por la crisis y las nuevas exigencias derivadas de la jurisprudencia del TJUE (que ha desautorizado repetidamente reglas claves de nuestro proceso) han incrementado la carga de trabajo del orden civil hasta un punto inasumible y es previsible que las recientes SSTJUE de 21/12/2016 y 26/1/2017 lo extremen aún más», dicen en su nota.
La AJFV afirma que la falta de una atención adecuada, por parte del Parlamento y del Gobierno, es «la principal causante de que se haya generado un contexto de sobresaturación judicial y de grave daño a esa seguridad que nuestra Constitución (artículo 9.3) dice garantizar». Una desatención que califica de «negligencia».
En la actualidad hay aproximadamente 7.000.0000 de hipotecas y todas incorporan cláusulas de vencimiento anticipado, de gastos y otras potencialmente cuestionables.
«Por muy esforzada que sea la labor de interpretación y aplicación, no puede lograr la uniformidad que permite la norma», añaden. «Es imprescindible que, con visión integral, se adapten de una vez las normas sobre consumo a las exigencias de la normativa europea, fijando como ejes de la negociación patrimonial los valores clave de transparencia y buena fe y permitiendo que una depuración ordenada libere la protección legítima del crédito».
Por ello es muy importante, desde su punto de vista, la citada creación de plazas de los mencionados juzgados así como a la fijación de las cargas de trabajo judiciales, ahora en elaboración.
«El Ministerio y el CGPJ deberán tener presente que la labor del juez civil y mercantil se extiende a procesos que concluyen por resolución firmada por el Letrado de la Administración de Justicia, y no sólo autos y sentencias», concluye la AJFV.
