El ministro Catalá y su equipo a la derecha; a la izquierda, los representantes de los sindicatos. MJ.
El ministro de Justicia ofreció diálogo a los sindicatos para avanzar en la reforma de la Justicia
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03/2/2017 05:57
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Actualizado: 03/2/2017 03:07
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió ayer por la tarde con los representantes de las organizaciones sindicales CC.OO., UGT, CSI-CSIF, STAJ, E.L.A. y C.I.G. a los que transmitió su voluntad de «diálogo y de alcanzar espacios de consenso para emprender con éxito las reformas que tiene por delante la Justicia», según informó el Ministerio.
Catalá avanzó a los representantes de estas organizaciones que serán convocados a los grupos de trabajo de la Subcomisión para el estudio de una Estrategia Nacional de Justicia cuya creación se ha aprobado hoy en el Congreso de los Diputados.
El ministro destacó dos de las reformas estructurales que deberán acometerse en el marco de la Estrategia Nacional de Justicia.
Por un lado, la reforma del proceso penal y, con ella, la creación de una Oficina Fiscal que desde un modelo de organización más racional y eficiente posibilite la agilización de la gestión procesal.
Registro Civil
Por otro, la reforma del Registro Civil, que se llevará a la mesa sectorial con el compromiso de proteger los derechos laborales de sus profesionales.
El ministro defendió la actual organización del Registro Civil, público, gratuito y electrónico, y que esté llevado por funcionarios de la Administración de Justicia.
Respecto a los medios personales, desde el Ministerio de Justicia se planteó que la Oferta de Empleo Público estaba supeditada a la aprobación de la Ley de Presupuestos.
No obstante, el objetivo es seguir impulsando el aumento de plazas de empleo público en la Administración de Justicia y consolidar las plantillas para reducir la interinidad.
En relación a los proyectos tecnológicos puestos en marcha por el Ministerio para la modernización de la gestión en los juzgados, se destacó el esfuerzo de adaptación y compromiso del personal con un proceso de cambio que, por sus dimensiones, puede en ocasiones generar disfunciones en la actividad diaria de los juzgados. EP.
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